Por Daniel CASAS

Como si estuviera preparándose para los Juegos Olímpicos que se disputarán en Rio de Janeiro entre el 5 y el 21 de agosto, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, corre una maratón contra reloj para intentar frenar el impeachment (juicio político) que el Congreso quiere y puede aprobar en la sesión convocada para el miércoles 11 de mayo, para lo cual hasta propondría convocar a elecciones anticipadas.

Para evitar lo que parece inevitable, que implicaría una suspensión de seis meses mientras se sustancia el impeachment, Rousseff anunció el 1 de mayo un aumento del 9 por ciento en la asignación del plan Bolsa Familiar y ajustó por inflación la aplicación del impuesto sobre la renta, entre otras medidas de corte social para recuperar el respaldo de organizaciones gremiales, partidos de izquierda y de los sectores más desprotegidos de la población.

Por el otro, la prensa brasileña, que mantiene un abierto enfrentamiento con el gobierno, anticipa que esta semana el Ejecutivo brasileño enviará al mismo Congreso que tiene que tratar el impeachment un proyecto de enmienda constitucional para convocar a elecciones anticipadas el próximo 2 de octubre, en lugar de hacerlas en 2018. Si se concreta esta información, que divide aguas entre las fuerzas que respaldan a la presidenta y también dentro del gabinete ministerial, sería una renuncia en la que intentaría arrastrar al vicepresidente, Michel Temer, que se prepara para gobernar a partir del 11 de mayo.

Temer lidera el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la agrupación política más numerosa en el Parlamento que cogobernó desde 2003 con el Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Lula da Silva, pero que hace dos meses pasó a la oposición con el claro objetivo de quedarse con el gobierno.

El vice, que ha pasado a ser persona no grata en el gubernamental Palacio del Planalto, prepara desde hace semanas su gabinete gobernar al menos durante seis meses, pero con la casi certeza de que el juicio político por desvío de fondos que se impulsa contra la presidenta la eyectará definitivamente del poder.

Pero el PMDB tampoco tiene todo servido. La sucesión de escándalos de corrupción (Mensalao, Petrobras, Lavajato) que minaron al PT lo salpica por todos lados. El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, está denunciado por lavado de dinero y acumula a su vez pedidos de juicio político. Y no es el único miembro del partido implicado en las causas judiciales, que hasta ahora han avanzado implacablemente.

Si finalmente Temer asume la presidencia el 11 de este mes se verá entonces si es verdad la acusación del PT de que todo el andamiaje judicial está armado para sacar a Dilma Rousseff del gobierno.

En este esquema, también juega un rol fundamental el principal actor de la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), al que Temer ofrece cargos en su gabinete para ganar gobernabilidad.

Hasta esta semana, el PSDB se mantenía firme en la postura de no integrarse al casi seguro gobierno del PMDB. Incluso llegó a anunciar oficialmente que se mantendrá en la oposición, con el claro objetivo de ser la fuerza de recambio en las próximas elecciones. Pero el último jueves, 28 de abril, Temer acordó en un encuentro con Aecio Neves (el último candidato presidencial del PSDB) que no se presentará como candidato a presidente una vez que termine el mandato de Dilma Rousseff y, con esta promesa, los social demócratas se sumarían a la coalición de gobierno.

Claro que habrá que ver la reacción de la principal fuerza de oposición si el gobierno del PT propone finalmente la enmienda constitucional para anticipar las elecciones al 2 de octubre de este año.

Claro que mientras los partidos juegan sus fichas por el poder, que por su virulencia remite a la megaserie Games of Trones, el factor social es una variable preocupante. La economía brasileña está en crisis, el desempleo llegó al 10,9 por ciento de la población, el mayor índice desde 2012, y el descontento crece sin parar.

El respaldo del PSDB a Temer no será gratuito, sino que viene con la exigencia de continuar con el ajuste cuyas consecuencias sociales Dilma Rousseff intenta atenuar tardíamente. Y en ese caso la Central Única de Trabajadores (CUT), aliada del PT, ya no tendría las manos atadas para reclamar. Un coctel explosivo que puede hacer que Brasil arda mucho antes de que en agosto se encienda el pebetero olímpico, en la inauguración de los Juegos Olmpicos de Rio de Janeiro.