Por Verónica GOYZUETA, para SudAméricaHoy

Un año turbulento y difícil para Brasil terminará con desenlace inesperado. Cuando la popularidad de Dilma Rousseff comenzaba a levantarse tímidamente y parecía que nada más la destronaría, su principal enemigo, el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, acorralado por denuncias de corrupción, sacó de la manga un juicio político que puede derribarla. 

Desesperado y a punto de perder el cargo en el Consejo de Ética en el Congreso, Cunha amenazó a los parlamentarios oficialistas, que si votaban contra él, se vengaría con la cabeza de Rousseff. Y así fue. Después de una serie de debates y de fuerte presión de su militancia contra Cunha, los diputados del PT decidieron retirarle su apoyo, y unas horas después Cunha anunció el inicio de un juicio político con el que venía jugando desde agosto, cuando le pusieron precio a su pellejo, y de aliado pasó a ser enemigo del Gobierno. 

La situación de Cunha se complicó la semana pasada, cuando la policía detuvo al líder del PT en el Senado, Delcidio Amaral, y a André Esteves, ahora ex presidente del poderoso BTG Pactual, el mayor banco de inversiones sudamericano. Con la prisión de ambos salió a la luz una nueva acusación contra Cunha, que habría recibido unos 12 millones de dólares de soborno para aprobar enmiendas que le interesaban al banco. Era lo que faltaba  para poner en riesgo su cargo, la inmunidad y probablemente, terminar en prisión.

Por mucho menos están en la cárcel ex poderosos políticos, como el ex tesorero del PT, João Vaccari Neto, el ex mano derecha de Luiz Inácio Lula, José Dirceu, y el presidente y heredero del poderoso grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, entre más de una centena de presos por el escandaloso desvío de fondos de Petrobras, bajo investigación hace más de un año.  

Rousseff también está en la puerta del juicio político por mucho menos que Cunha. La presidenta sería juzgada por dictar seis decretos para otorgar créditos del presupuesto, equivalentes a 661 millones de dólares. Los ordenó sin consultar al Congreso, infringiendo la ley y cometiendo «crimen de responsabilidad».

Contra Cunha pesan acusaciones de sobornos y desvíos en Petrobras, omisión de cuentas bancarias en Suiza y obstrucción de investigaciones. “No tengo cuenta en el exterior ni oculté del conocimiento público la existencia de bienes personales. Nunca coaccioné o traté de coaccionar instituciones o personas en la búsqueda de satisfacer mis intereses”, le respondió Rousseff a Cunha en un discurso en cadena nacional.  

Ex-aliado de Rousseff, Cunha rompió públicamente con ella en agosto, tras la primera denuncia que lo envolvía en el sonado caso de Petrobras. En octubre aparecieron sus cuentas en Suiza, que sumarían 4,8 millones de dólares, y gastos excéntricos de su esposa y de su hija, que pasaban del millón de dólares. 

El juicio político estaba en cartera desde entonces y el PT apostaba a que empujaría el caso hasta fin del año para archivarlo en el 2016. La tensa situación política y su inminente caída, empujaron a Cunha a juzgarla antes, aprovechando el pedido de Hélio Bicudo, Janaína Paschoal y Miguel Reale Junior, tres prestigiosos abogados. La acción se destacaba entre las otras 34 presentadas, por la fama de los tres juristas y porque Bicudo es fundador y ex militante del PT. 

El chantaje de Cunha, sin embargo, generó la protesta de Reale Junior, uno de los autores del pedido.  “Fue un chantaje explícito”, cuestionó Reale, que aún así mantiene su pedido por la salida de Rousseff. La acción de los abogados también pide que se enjuicie a Rousseff por un maquillaje de cuentas en 2014, que la ayudó a disfrazar la economía durante la elección, pero Cunha afirmó que la mandataria no puede ser juzgada por algo de su Gobierno anterior. 

Cunha es un profundo conocedor de los ritos de la Cámara, entre ellos del proceso de destitución, pero el PT no está amarrado y debe buscar una salida judicial. El ministro de justicia, José Eduardo Cardozo, declaró en una entrevista al portal UOL, que el chantaje de Cunha expone su estrategia de destitución a la figura jurídica de  “desvío de poder”, que ocurre cuando se usa un proceso para una finalidad distinta a la que establece la ley. 

El PT ya presentó una acción contra la destitución ante la Corte Suprema, y aconsejará a su militancia para que procesen a Cunha en todo el país, porque cualquier ciudadano puede enjuiciar al presidente de la Cámara en primera instancia. 

Frente aun Congreso retrógrado y a un Ejecutivo ineficiente, la Justicia brasileña ha funcionado para preservar derechos, atacar fueros y privilegios de quienes están al margen de la ley, preservando las instituciones democráticas. Por primera vez en la historia brasileña, poderosos acusados de corrupción están tras las rejas y es probable que la Corte Suprema sea la que defina la caída de Cunha o la de Rousseff.