Por Clara RIVEROS

Hace algunas semanas, Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown, observó que, desde las transiciones acaecidas en América Latina durante los años ochenta hasta 2015, 20 presidentes no terminaron su mandato. En la mayoría de los casos ninguno fue cesado a causa de una intervención militar. “Solo dos fueron víctimas de un golpe militar clásico”. Otros salieron del cargo en el marco de un juicio político (Collor de Mello en Brasil o Carlos Andrés Pérez en Venezuela); por una profunda crisis económica (De la Rúa en Argentina) o una crisis en la coalición de gobierno (Fernando Lugo en Paraguay).

El episodio más reciente -anterior a la suspensión de Dilma Rousseff- tuvo lugar en Guatemala con la renuncia de Otto Pérez Molina -en prisión preventiva desde septiembre- por corrupción. La protesta ciudadana y las vías políticas y jurídicas para su procesamiento y destitución forzaron su renuncia. Él clama por su inocencia y afirma que lo que hay en su contra es una «persecución política», argumento esbozado a izquierda y derecha del espectro político regional. Nótese la ausencia de decoro, aquí no hay ideología que valga.

En Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, el 60% (81) de los senadores y el 54% de los diputados (273 de 513) están siendo investigados en el marco de la operación Lava Jato o Petrolão, se trata de la investigación por corrupción en la petrolera estatal Petrobras. Los partidos políticos –el partido de gobierno principalmente pero no solo- arrastran con este gran escándalo de corrupción cuando todavía no se había superado el Mensalão (2005) –un escándalo que estalló durante la presidencia de Lula (2003-2010)-. De hecho, vinculados con el Mensalão hoy están  implicados en el Petrolão, el caso más notable es el ministro de la Presidencia de Lula, José Dirceu, hallado culpable en la trama de corrupción de Petrobras y condenado este miércoles a 23 años de prisión. Dirceu ya había sido condenado por el escándalo de 2005 y, según se pudo establecer, se implicó en el Petrolão, lo que le permitió recibir dinero mientras cumplía su primera condena bajo prisión domiciliaria.

José Dirceu

En resumen, se trata de dos esquemas de corrupción que incluyen el pago de sobornos, lavado de dinero y desvío de fondos públicos en beneficio del gobernante Partido de los Trabajadores. Dos mil millones de dólares no parecen poco. Se trataba de asegurar la permanencia del PT en el poder -esa estructura de poder hegemónica a la que se refirió Schamis- que hoy se reclama víctima de un golpe.

Dilma Rousseff (68), primera mujer presidente y heredera de Lula, fue suspendida de su cargo por un periodo de 180 días. Se le acusa de maquillar las cuentas públicas para ocultar el déficit y así mejorar la imagen de su gestión. La Cámara de Diputados aprobó en abril el comienzo del juicio político y el Senado lo decidió en los primeros días de mayo con 55 votos a favor y 22 en contra. Los legisladores han aportado cuotas surrealistas durante las jornadas, sumando al descrédito y falta de legitimidad de esa institución. Está por verse si en igual proporción apoyarán las medidas del gobierno interino. Rousseff debió dejar Planalto -sede del Ejecutivo- y aguardará las próximas decisiones en el Palacio de la Aurora –residencia presidencial-.

¿Le faltó destreza y capacidad de negociación a la presidente para mantener apoyos y evitar el impeachment? Algunos sugieren que habría podido evitar llegar a esa instancia considerando que se necesitan dos tercios de la Cámara de Diputados y una mayoría en el Senado para iniciar el juicio político. Lo siguiente será que el pleno del Senado vote si la destituye o no.

Michel Temer

El vicepresidente Michel Temer (75) -Partido del Movimiento Democrático Brasileño PMDB- asumió la jefatura del Estado de manera provisional. Se le considera un político hábil con gran capacidad de negociación. Temer estuvo vinculado al gobierno de Fernando Henrique Cardoso y al de Lula da Silva. Posteriormente, acompañó a Rousseff como vicepresidente en su primer mandato y, aunque resintió ser una figura puramente decorativa, repitió como su fórmula para lograr la reelección. El vicepresidente -hoy presidente en funciones- fue sancionado y multado con 23 mil dólares y tiene limitaciones para ser elegido por superar los topes de financiación en su campaña. Ya descartó una candidatura de cara a 2018. Sí la presidente es destituida de forma definitiva será reemplazada por Temer hasta el 31 de diciembre de 2018, o sea, él gobernaría los próximos dos años y medio.

Dilma Rousseff, presidente de Brasil, ante Naciones Unidas el pasado mes de abril

Ansioso por ocupar el sillón presidencial, Temer estuvo ensayando en las últimas semanas su discurso de presidente y esto no le hizo gracia a Rousseff que lo acusó de traidor y golpista, pero aun así, fue él quien la reemplazó durante su viaje a Nueva York, ocasión en la que ella denunció ante la ONU el «golpe» en su contra. Más allá del hartazgo ciudadano con la gestión del PT, de las motivaciones políticas de sus detractores o de la severa crisis económica (contracción de 3,8% del PIB en 2015 y un cálculo de 3,5% para 2016), los militares permanecen en los cuarteles.

Temer es un presidente impopular, su legitimidad es cuestionada pero no así la legalidad de su designación. Registra una mínima intención de voto en los sondeos y ya debió enfrentar cacerolazos y protestas de las clases medias que salieron a la calle para mantener la costumbre de los últimos meses. Buscará alianzas para gobernar en coalición con otros partidos políticos y asumir los retos inmediatos. También, deberá implementar las medidas a las que Dilma se resistió, reducir los fondos destinados a programas sociales, lidiar con las dificultades políticas y económicas, con los juegos olímpicos de agosto y con las elecciones municipales de octubre, en principio.

El flamante presidente envió un mensaje positivo al prometer apoyo a la investigación sobre corrupción en Petrobras -cosa que no hizo Dilma- y también afirmó su confianza en la recuperación de la economía, en el potencial del país, en sus instituciones sociales y políticas y llamó a la unidad nacional para enfrentar los desafíos. No obstante, generó fuertes críticas tanto por la eliminación de algunos ministerios como por la conformación de su gabinete -estructurado para re orientar el rumbo económico del país- donde las mujeres y los afrodescendientes brillaron por su ausencia. La CIDH ha expresado su preocupación y ve en esas disposiciones un retroceso para Brasil. El Tribunal Supremo, pese al reciente estreno de Presidencia de Temer, ya anunció que analizará una demanda en la que se solicita la apertura de un juicio político en su contra.

Flávia Piovesan, Secretaria Nacional de Derechos Humanos

Algunas de las designaciones de Temer prometen jugar un papel relevante, Flávia Piovesan, profesora de Derecho Constitucional, ocupará la Secretaría Nacional de Derechos Humanos y desde allí abogará por un Estado laico y por la inclusión de las mujeres en el debate sobre el aborto. Piovesan ha reconocido su admiración por la presidente Rousseff pero rechaza el argumento de «golpe» y defiende el papel de las instituciones como garantía de transparencia en el proceso.

Canciller, José Serra

En tanto que, el nuevo canciller, José Serra, envió un contundente mensaje a los países del ALBA a los que acusó de “propagar falsedades” sobre el proceso político brasileño y anunció que la política exterior estará guiada por los intereses “del Estado” y no por las preferencias partidistas o por las cuestiones ideológicas. “La nueva política exterior de Brasil estará muy atenta a la defensa de la democracia y los derechos humanos en cualquier país”, puntualizó Serra.

No solo Brasil cambia, la región cambia. Esta historia continuará…