Por Jorge ELIAS

Todo proceso de destitución de un presidente democrático entraña un proceso de desilusión de la ciudadanía. En Brasil, después del circo montado en la Cámara de Diputados para iniciarlo con una abrumadora mayoría, un 49 por ciento de los consultados por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope) dice que está insatisfecho con la democracia. Es una señal de alarma. El impeachment (juicio político) de la presidenta Dilma Rousseff no sólo refleja la decepción con su gobierno, sino también la polarización política y social de la sociedad en medio de la crisis económica y de otra moral, asociada con la corrupción pública y privada.

Rousseff, a diferencia de la mayoría de los políticos que precipitó su retiro por la puerta trasera del Palacio de Planalto, no ha sido acusada de enriquecimiento personal. Con ese pergamino, que no debería ser un mérito, llevó su reclamo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se siente víctima de “un golpe de Estado constitucional” cuyo fin, parece ser, consistiría en desalojar del poder al Partido de los Trabajadores (PT). Si el Senado convalida el dictamen de Diputados, algo previsible, Rousseff será apartada del cargo por 180 días y asumirá el vicepresidente Michel Temer, antiguo aliado, ahora enemigo, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Brasil ingresa de este modo en una suerte de limbo después de décadas en la cuales el lema era “rouba mas faz (roba, pero hace)”. Tanto Temer como Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, y Renan Calheiros, su par del Senado, son impulsores del impeachment y son investigados por corrupción. Temer está acusado de la compra ilegal de etanol, Cunha está acusado de haber lavado de dinero por medio de una iglesia evangélica y Calheiros está acusado de haber recibido sobornos durante el escándalo de la mayor compañía estatal del país, Petrobras. De las sospechas tampoco zafa el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, mentor de Rousseff.

En conjunto, según Transparency Brazil, el 60 por ciento de los 594 miembros del Congreso de Brasil enfrenta cargos de corrupción por sobornos, fraude electoral, deforestación ilegal, secuestro y homicidio. La corrupción manchó la biografía de Helmut Kohl, gendarme de la reunificación alemana, e hizo morir en el exilio africano a uno de los máximos representantes del socialismo italiano, Bettino Craxi. ¿Qué delito cometió Rousseff? Ocultó información sobre gastos públicos con el fin de subestimar el déficit fiscal, algo que se denomina “pedaleo fiscal” y en el cual han incurrido sus antecesores Lula y Fernando Henrique Cardoso.

La crisis no escapa a dos factores clave: la caída del precio de las commodities (materias primas) y del petróleo y, como consecuencia de ello, el giro político de América latina de gobiernos y mayorías políticas de izquierda afines al PT (inclusión social y fortalecimiento del Estado sin apartarse del mercado) hacia fuerzas centristas liberales y conservadoras. Se trata de un fenómeno recurrente en sociedades polarizadas, como la venezolana y la argentina. El proceso de destitución, aderezado por el proceso de desilusión, también entraña un proceso de desestabilización. No exime de culpa por malas praxis a políticos y empresarios. En Brasil no crepita un gobierno, sino un sistema. En principio.