Por Verónica GOYZUETA, São Paulo
Dilma Rousseff, economista y primera mujer en llegar a la Presidencia de Brasil, perdió la batalla y la guerra de su supervivencia en el poder. La heredera de Luiz Inacio Lula Da Silva se convirtió en la segunda de cuatro presidentes electos de Brasil que pierde la Presidencia desde 1990. En la joven democracia brasileña se dió un escenario insólito. Dos votaciones separadas: una que expulsa del Gobierno a Rousseff y otra que le permite conservar su derecho a ejercer cargos públicos. Ambas, en simultáneo, muestran que la decisión o sentencia del Senado tenía como verdadero objetivo poner fin al ciclo del Partido de los Trabajadores (PT) en el poder.
Tras un debate técnico de políticos en el papel de jueces, a la ex presidenta no la condenaron, como algunos pretendían, para impedirle que ejerza sus derechos políticos por ocho años, como le ocurrió en 1992 al expresidente Fernando Collor, ahora senador y uno de los ex aliados que la condenó. Mientras Rousseff perdió la Presidencia por los esperados 61 votos contra 20, más de un tercio de lo 81 senadores (los mismos parlamentarios) le concedieron la posibilidad de elegirse y trabajar en cargos públicos, por 42 votos contra 36, y 3 abstenciones.
Las dos decisiones ayudan a entender algo más sobre lo que los políticos brasileños, amigos y ex aliados, piensan de Rousseff, una mujer que insistió sin descanso en su defensa que no cometió ningún delito. La conclusión de muchos es que la ex presidenta paga por el “conjunto de la obra” del PT, como repetían algunos senadores. La decisión de la Cámara Alta también tuvo en cuenta que las elecciones municipales están previstas para octubre (se repartieron, fondos y votos). Era importante marcar distancia del ahora gobierno encerrado.
La lógica diría que si Rousseff deja el Gobierno por crímenes contra el Estado, no debería permitírsele postularse a nada, como establece la Constitución. El atropello de ese sentido común, confirma la tesis de que la acusación de maniobras fiscales en 2015 era el pretexto para apoyar una destitución cumpliendo las formas constitucionales para que se tornaría legítima. “Las formas sólo no bastan, es necesario que haya contenido”, declaró Rousseff en su defensa final en el Senado, sobre su inocencia en un juicio que se cansó de llamar de injusto.
Otras sospechas que podrían haberse incluido en un proceso contra ella, como su participación en el Consejo de la petrolera centro de la trama de corrupción, Petrobras, no entraron en la acusación por falta de pruebas y, porque para que valiese, el juicio tendría que realizarse sobre el Gobierno vigente y no sobre el anterior.
Uno de los senadores de la oposición, Cassio Cunha Lima, argumentó contra la división de la votación y a favor de que que Rousseff perdiera los derechos políticos, apuntando que esa decisión era un acuerdo que crearía jurisprudencia para evitar que su verdugo, el expresidente del Congreso, Eduardo Cunha, mantuviese los suyos.
Cunha, que aceptó a fines del año pasado la acusación por que ha sido destituida Rousseff, debe ser juzgado y probablemente condenado, a perder su mandato parlamentario. Varios de sus correligionarios del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el mismo de Cunha, votaron para que Rousseff no pierda ese derecho.
Los socialdemócratas, principales opositores del PT, ya avisaron que presentarán un recurso en la Corte Suprema para que Rousseff sea también inelegible. Los petistas, por su parte, pueden encontrar en esa decisión esquizofrénica del Senado, un argumento para explicar la “falta de crimen” y por tanto, de condena.
El futuro del PT, principal perdedor del proceso, tras más de trece años de Gobierno, dependerá de su fuerza al lado de los movimientos populares y de grupos de izquierda, que se habían distanciado por los escándalos de corrupción, pero que se han vuelto a congregar frente a la tesis de “golpe parlamentario”.
El partido debe buscar el apoyo popular para resistir a una probable prisión de Lula, investigado en la operación Lavacoches, que investiga la corrupción en Petrobras. Si eso ocurre, no debe descartarse que Rousseff, ahora libre para postularse, sea la solución, con una imagen de víctima de un «golpe» , que se ha ganado la simpatía de los movimientos, de artistas y de la prensa internacional.
Sea lo que sea, Brasil seguirá difícil, con las previsibles protestas y represión, y especialmente con la misma política «fisiológica». El Senado expulsó al PT del Gobierno, pero no la corrupción del cuerpo. La reforma política, citada hasta el cansancio por parlamentarios hace dos décadas, no avanzó, y seguirá siendo un problema para los brasileños, y para el año y medio, que el ahora confirmado Michel Temer, tendrá por delante.