El escándalo de Petrobras consume a Dilma Rousseff

São Paulo. Por Verónica GOYZUETA

Nadie se salva en la nueve crisis institucional por la que pasa Brasil. Si la presidenta, Dilma Rousseff, está con la popularidad por los suelos, la fama de los congresistas, de los opositores y de muchos ejecutivos, tampoco va bien. Todos han sido implicados en algún momento en las investigaciones de la corrupción en Petrobras, el combustible de las nuevas protestas.

La primera encuesta realizada tras las manifestaciones que llevaron otra vez a más de un millón de personas a las calles, -como en el 2013-, traen a Rousseff en caída libre: casi 30 puntos, en menos de tres meses del segundo mandato, la colocan con un 13% de popularidad.

Pero el Congreso, que anda desafiando a la presidenta con derrotas, tampoco tiene la moral muy alta. Con cerca de 50 parlamentarios bajo investigación, incluyendo al presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, y al del Senado, Renan Calheiros, el legislativo salió de la protesta con menos popularidad que Rousseff: apenas un dígito, 9%.

El oficialista Partido de los Trabajadores (PT), que llegó al poder en el 2002 empuñando la bandera de la ética, vio a sus principales fundadores presos en 2013, por un escándalo que desencadenó la Lava Jato (lava-autos), nombre de la investigación en la petrolera. El tesorero del partido, João Vaccari Neto, entró en la lista de los  denunciados formalmente, dejando más expuestos al PT y a Rousseff.

Los tucanes socialdemócratas de la oposición (PSDB), que aprovechan el mal humor general para tratar de derribar a Rousseff con un «impeachment», tampoco tienen mucho para enorgullecerse. La justicia brasileña investiga a Antonio Anastasia, ex gobernador de Minas Gerais, ex brazo derecho de Aécio Neves, el presidenciable tucán que fue derrotado por muy poco el año pasado.

A pesar de decir que la corrupción es un bebé de pecho y no una vieja señora, como dice Rousseff, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, también tiene de qué preocuparse. Las revelaciones de Lava Jato, remontan al final de su segundo Gobierno, que es cuando habría comenzado la formación del cartel que se repartía los negocios de Petrobras. 

El escándalo multimillonario de la estatal cuya facturación representa un 5% del PIB brasileño, ha expuesto también a empresarios y ejecutivos de las principales constructoras del país, que también tienen negocios en países de África y América Latina, probablemente con prácticas parecidas.

Lo que más asusta en la actual crisis es que, a pesar de manchar prácticamente a todos, siga siendo personalizada en Rousseff, aunque hasta el momento no hay pruebas directas en su contra. Sabiendo eso, la oposición y el Congreso trabajan entre bambalinas para conseguir su destitución o forzar su renuncia.

Para el abogado Francisco Petros, socio del bufete Fernandes, Figueiredo Advogados, en São Paulo, se trata de una presión irresponsable que atiende a una lucha por poder y no a intereses nacionales. De hecho, no parece haber mucha distancia entre políticos electos que empujan la caída de un Gobierno recién reelecto, y las criticadas voces de un grupo de manifestantes que viene pidiendo una intervención militar.

Fernando Collor de Melho

Christopher Garman, analista jefe de mercados emergentes de la consultora Eurasia Group, cree difícil, pero no imposible, un «impeachment» que, si ocurre, sería en 2016. «Presidentes consiguen sobrevivir a períodos difíciles en el sistema presidencialista”, explica Garman, que no ve fundamento jurídico ni pruebas para un juicio político.

A pesar de que la popularidad de Rousseff esta muy cerca a la de los peores días de Fernando Collor, forzado a renunciar en 1992, Garman cree que Rousseff y Collor son muy diferentes. «Dilma tiene raíces políticas y sociales”, observa. El Brasil de Rousseff tiene otra ventaja, 22 años más de democracia.