Por Clara RIVEROS para SudAméricaHoy (SAH)

El balance del conflicto armado colombiano es desolador. Al menos 220.000 personas han muerto, unas 25.000 fueron desaparecidas y la violencia causó alrededor de cinco millones de desplazados entre 1958 y 2012, según informe (2013) del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). ¿Valió la pena hundir al país en una guerra durante más de 50 años, de la que la mayor parte de colombianos no quiso hacer parte? ¿Esas causas estructurales que dieron origen al conflicto fueron resueltas por la vía de las armas?

El conflicto colombiano completa más de cinco décadas y desde entonces, sus actores han mutado, unos desaparecieron y otros nuevos emergieron, cambiaron algunas formas en el accionar, en los métodos y también en los objetivos. Hay diferentes lecturas sobre las causas del conflicto, pero existe consenso entre analistas sobre dos cuestiones: es difícil, cuando no imposible, que en una guerra tan prolongada como la colombiana, pudieran mantenerse las causas originales. La otra, tiene que ver con el narcotráfico, ha sido un combustible potente para la prolongación del conflicto. La responsabilidad de exponer la verdad tal y como ha ocurrido, sin reescribir, ni falsificar la historia es una tarea mayor, mucho más, con una eventual desmovilización de las FARC.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- (1964) son un actor central de la guerra en Colombia, operan en diferentes zonas del país, principalmente en el sur y en el oriente. Sus acciones terroristas son mundialmente reconocidas y repudiadas. Civiles, policías, militares, empresarios, políticos, periodistas y activistas han sido víctimas de esa organización. Las FARC han combinado todas las formas de lucha. Luego de los intentos frustrados del pasado y del combate sin tregua de Álvaro Uribe, en el primer semestre de 2012, se dio inicio a una serie de reuniones secretas en La Habana, entre delegados del gobierno y miembros de las FARC, que culminaron con la firma del “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, firmado el 26 de agosto de 2012. En el documento se trazó una hoja de ruta y agenda de diálogo en torno a cinco puntos: el tema agrario; la participación política; la solución al problema de las drogas ilícitas; las víctimas; y, el fin del conflicto.

Esta semana se cumplieron dos años de dar inicio formal al proceso que anunció en septiembre de 2012, el presidente Juan Manuel Santos y que inició un mes más tarde en Oslo con el encuentro de las delegaciones del Gobierno y de las FARC. El encuentro se dio en Noruega al ser uno de los países facilitadores, pero también porque ha participado en diferentes procesos de paz y reconciliación. Cuba es el otro garante. El diálogo formal continuó en La Habana desde el 19 de noviembre de ese año. Chile y Venezuela acordaron acompañar el proceso. Las FARC han realizado algunos altos al fuego de forma unilateral y por algunos días a partir de ese momento. Humberto de la Calle, es el jefe negociador del gobierno y ha conducido el proceso junto con otros delegados. Por su parte, las FARC están representadas en Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, Jesús Emilio Carvajalino, alias Andrés París, y participan también, otros guerrilleros.

En Oslo, De la Calle, tranquilizó a la opinión pública señalando que «ni el modelo económico, ni la doctrina militar ni la inversión extranjera están en discusión. La mesa se limitará sólo a los temas que están en la agenda». La premisa “nada está acordado hasta que todo esté acordado” ha servido como garante del proceso. En dos años de negociación se han tratado los tres primeros puntos de la agenda. Otro elemento a considerar es que la negociación se ha dado en medio del fuego, acordado así por las partes, ya que las FARC no aceptarían un cese unilateral y permanente de las hostilidades y, un cese bilateral, sería un despropósito al que el gobierno se ha negado de forma rotunda. Una de las críticas principales tiene que ver con el secretismo del proceso, sin embargo, se ha reiterado la necesidad de discreción y confidencialidad.

El presidente Juan Manuel Santos apostó su capital político al proceso de paz en esta segunda gestión y por consiguiente su paso a la historia política de Colombia. La ciudadanía le otorgó un nuevo mandato esperando dar continuidad a ese proceso, lo que en modo alguno significó un cheque en blanco para concluir la negociación y fijar el futuro de la paz y del país de cualquier manera. Un tema que no será nada fácil tiene que ver con el abandono de las armas, la reincorporación de las FARC a la vida civil y la situación legal de las personas vinculadas a esa organización. Las FARC tratan de ganar tiempo para lograr unas mejores condiciones en el proceso de desmovilización, minimizar su responsabilidad con las víctimas y reducir al mínimo posible las sanciones judiciales por sus acciones terroristas.

El mes de agosto tuvo bastante movimiento, se conformó la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV) donde 12 académicos y dos relatores abordarán las causas del conflicto colombiano y sus consecuencias y deberán entregar un informe al finalizar 2014. Desde el Ejecutivo se creó el Comando de Transición en el Ejército, el presidente designó al frente de esa unidad militar al general Javier Flórez para trabajar en temas relacionados con el proceso de desmovilización de la guerrilla. También viajó el primer grupo de víctimas a La Habana, un segundo grupo lo hizo en septiembre y, un tercero, en octubre.

Desde el inicio mismo de las negociaciones, el expresidente Álvaro Uribe se opuso con vehemencia, consideró no sólo la traición de Santos a su legado, también la “traición a la patria” por parte del mandatario. El uribismo no ha evitado la torpeza, irracionalidad e ilegalidad con tal de oponerse al proceso. Hace pocos días trascendió que hubo una intención real de acercamiento de Álvaro Uribe hacia las FARC (2006), que iba más allá de lo que ha concedido el actual gobierno, incluso, llegó a plantearse la desmilitarización de un área de 868 kilómetros cuadrados de seguridad perimetral. Al final, pareciera que la oposición al proceso obedece más a un asunto de ego y del lugar en la historia que quiere ocupar Álvaro Uribe.

La soberbia de las FARC y sus acciones no se encargan de contrarrestar el temor y de reafirmar sus intenciones de paz y reconciliación. Los atentados terroristas no han cesado en dos años de negociaciones. Las FARC tratan de igualar al Estado y de forzarlo en la negociación, pero no tienen capacidad para ganar la guerra. El Gobierno negocia porque el costo de prolongar el conflicto indefinidamente hasta derrotar a las FARC de forma definitiva es muy alto. Está claro que deberán hacerse concesiones lo que no es deseable es que se triunfe la impunidad como condición para la paz. Las FARC desafían constantemente a su contraparte, a los colombianos pero principalmente a las víctimas, han llegado incluso a renegar de la condición de las mismas y a ridiculizar el dolor de algunas de las personas que tuvieron cautivas durante años, como si con la humillación causada mostraran alguna valía. Las víctimas son vistas más como un instrumento para llevar adelante sus propósitos en lo político, así lo han expresado al plantear a las víctimas como protagonistas de un proceso constituyente. ¿Qué tan fuertes y profundas son las convicciones democráticas de quienes hoy están negociando y de quienes política e ideológicamente simpatizan con ese ideario de las FARC? Es eso lo que está por verse.