Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)

 @CLARARIVEROS

Colombia, y en particular Bogotá, vivió días de gran polarización e incertidumbre por la decisión de destituir e inhabilitar por 15 años a Gustavo Petro, quien ocupara hasta la semana que pasó el segundo cargo más importante del país: la Alcaldía de Bogotá. ¿Cómo se llegó a esto? Gustavo Petro, desmovilizado del grupo guerrillero M-19, obtuvo la victoria electoral para gobernar la ciudad entre 2012 y 2015. La apuesta de su Gobierno estuvo dirigida a superar rezagos sociales en cuánto a educación, salud y vivienda principalmente. Los resultados de su gestión han sido moderados. Las problemáticas han llegado a niveles preocupantes como es el caso de la movilidad.

Los lemas de Petro, Bogotá Humana y la política del amor, se contradicen con el discurso que divide, polariza y fractura la sociedad. Su gestión ha estado atravesada por la improvisación. Y justamente es esa improvisación la que le ha costado el cargo a partir de la sanción de la Procuraduría por los hechos acaecidos en diciembre de 2012 con el cambio del modelo en la recolección de basuras que generó el caos durante 3 días. El expediente  concluido el 9 de diciembre de 2013, destituye al alcalde y lo inhabilita por un periodo de 15 años para ejercer cargos públicos. Desde entonces, y al mejor estilo del caudillo, Petro ha salido al balcón del Palacio Liévano, a reclamar el apoyo y la solidaridad de las masas, pero también a denunciar lo que se ha dado en llamar: “golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá”.

Diferentes voces se han pronunciado sobre el exceso y abuso de poder por parte del Procurador, tema del que se viene hablando hace más de un año y que ha puesto en discusión la necesidad de reformar sus facultades, pero que en tanto existan, son legales. Tampoco es un secreto la animadversión que profesa Alejandro Ordoñez por Gustavo Petro, hecho que no siempre fue así, nótese que Petro como senador del PDA justificó en diciembre de 2008 su voto y el de siete senadores del Polo Democrático por Ordóñez como nuevo Procurador, cosa que causó malestar en diferentes sectores y especialmente al interior del PDA. Sobre ese hecho, Petro reconoce haberse equivocado y se refirió en la última semana al calor de los acontecimientos: “Cuando voté por él en el Senado en su primer período no sabía quién era”, cosa por demás, difícil de creer.

El Procurador no ha sido la única piedra en el zapato para Gustavo Petro, el Representante a la Cámara, Miguel Gómez, inició el año pasado la recolección de firmas para impulsar una revocatoria del mandato, considerando en esta, la expresión legítima de la ciudadanía. La reacción del alcalde no fue la mejor. Este año se ha desarrollado la campaña mediática y publicitaria, Chao Petro, liderada por el ex vicepresidente Francisco Santos y por dicho representante, convocando el apoyo a la revocatoria por tres razones: la polarización social que se ha generado, la ineficiente administración y las ambiciones personales de Gustavo Petro para llegar a la Presidencia más allá de su función como alcalde.

En el mes de diciembre, cuando todavía no había sido notificado del fallo del Procurador, su abogado interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Administrativo para que éste fuera anulado por violar el debido proceso. Así mismo, ciudadanos simpatizantes fueron convocados e interpusieron acciones de tutela para que se suspendiera la decisión alegando la violación de los derechos políticos de los votantes, episodio conocido públicamente como «Tutelatón». Adicional a ello, se denunció al Procurador por emitir un fallo contrario a la ley, abusando de su autoridad y función pública. La defensa de Petro expuso el caso ante la CIDH al considerar que se estaría restringiendo el derecho político a ser elegido al no mediar una condena penal y que como la Corte Constitucional expresa que el Procurador tiene la facultad de destituir e inhabilitar funcionarios elegidos popularmente, no existían los recursos internos para proteger los derechos del alcalde en el marco de la  Convención Americana, tratado que Colombia se obligó a cumplir.

Foto.Mauricio DUEÑAS CASTAÑEDA (Efe)

El punto máximo de la crisis llegó cuando el Consejo de Estado negó las últimas tutelas con el argumento de que ese no era el mecanismo idóneo para anular la decisión del Procurador, expertos consideran que Petro tenía todavía un recurso posible: instaurar una demanda de nulidad ante el mismo Consejo de Estado, sin embargo no lo hizo. Petro, que se refirió al cálculo presidencial de cara a las elecciones y a las intenciones reeleccionistas del primer mandatario, también ha calculado su actuación. Mientras hubiera procesos legales en curso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no iba a intervenir en su caso, el alcalde que al parecer tenía conocimiento de las medidas cautelares, pudo considerar más estratégico no instaurar recursos.

A las pocas horas de conocerse la decisión del Consejo de Estado la CIDH anunció la solicitud de medidas cautelares. Lo anterior, se ha dicho, cayó mal en el gobierno nacional al considerar que la Comisión se habría extralimitado y además puso en una situación difícil al presidente: Romper con la tradición de acatamiento que ha tenido Colombia con las medidas cautelares solicitadas por la CIDH o exponerse a que el Procurador le abriera un proceso disciplinario y aceptar que un funcionario, elegido por voto popular, sólo puede ser destituido por una autoridad judicial. Con ello, estaría desconociendo la norma constitucional que explícitamente le otorga ese derecho al Procurador y sentaría una precedente para que alcaldes, gobernadores y congresistas elegidos por voto popular que han sido destituidos por la Procuraduría, apelen a la Comisión para revocar sus condenas.

Al final, Santos se inclinó por acatar la disposición de la Procuraduría y destituir al alcalde, justificando que la CIDH actuó sin competencias, que el proceso de las tutelas aún debe esperar la revisión de la Corte Constitucional y que la defensa de Gustavo Petro se ha abstenido de adelantar la demanda administrativa contra la destitución. Con lo cual, las instancias internas no se habían agotado y por tanto no era obligatorio el cumplimiento de las medidas cautelares, y que estas, siempre se han cumplido cuando está en peligro la vida, pero este no era el caso, al referirse a derechos políticos.

Los ánimos están muy tensos, quienes respaldan al alcalde, tanto en círculos académicos, como jurídicos y sectores populares han expresado su indignación con lo ocurrido al considerar que se pasa por encima del elector y que no hay garantías, condenan que no se diera cumplimiento a las medidas cautelares. Sin embargo, en esos mismos círculos hay quienes justifican que tales medidas no se acaten cuando se trata de gobiernos como el de Venezuela o Ecuador.

Del otro lado, quienes apoyan la revocatoria celebran la medida y señalan la legalidad de la decisión y han criticado la posición de la CIDH. La Registraduría por su parte, anunció que cancelará el proceso consulta popular para la revocatoria programada para el 6 de abril. En este largo drama capitalino, se entiende que: Petro no agotó las opciones dentro de la institucionalidad colombiana, las medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento y el Procurador, a todas luces, se excedió.

Las interpretaciones a lado y lado del espectro han sido convenientes y encaminadas a justificar posiciones. El problema no son las instituciones, son los personalismos y la apropiación del cargo que hacen los funcionarios para desplegar su poder a partir de motivaciones personales, aplica para el destituido Alcalde, para el Procurador y para el Presidente.

Rafael Pardo, Ministro de Trabajo asumió como alcalde interino mientras se espera que el movimiento Progresistas presente una terna de la cual elegir al alcalde encargado, mientras se convoca a elecciones atípicas. Esa fue una posibilidad que inicialmente descartó Petro para sostener la ilegitimidad de la disposición presidencial, sin embargo, con el paso de los días ya se considera esa opción y además, participar con un candidato de cara a las elecciones del mes de julio que designarían alcalde para gobernar durante un año y medio.

Pero la telenovela parece no tener fin. Trascendió el viernes que por una cuestión de procedimiento y de formalidad podría reverse la destitución al considerar que el presidente Santos actúo de manera ilegal, violando el debido proceso al no esperar a que se ejecutara el fallo del Consejo de Estado. Así las cosas y desde esa interpretación, Gustavo Petro sigue siendo el alcalde porque ese fue un acto ilegal.

Se presentó una tutela ante el Tribunal Administrativo Contencioso de Cundinamarca contra el Presidente Santos por no haber acatado a la CIDH, como último recurso para que Petro retorne. En todo caso, los abogados del destituido alcalde buscarán en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que su caso sea remitido a la Corte Interamericana para que desde ahí se dicten medidas provisionales en favor de Petro y que el gobierno colombiano se vea obligado a restituir sus derechos políticos.La CIDH tendrá dos semanas para decidir si acoge o no la solicitud de estudiar a fondo el proceso Petro y de enviar la solicitud a la Corte para que insista en la protección del exalcalde de Bogotá. ¿Qué pasará? Amanecerá y veremos.

*Adenda: Las Farc deploraron la destitución de Gustavo Petro y la consideraron una afrenta al proceso de paz, hablan de un impacto negativo y de afectación a la confianza. Paralelo a esto, se conoció durante la semana, que miembros de las Farc torturaron y asesinaron dos policías en Nariño, según el dictamen de Medicina Legal. Iván Márquez tiene dudas e interrogantes, los colombianos también. ¿Cómo avanzar en caminos de reconciliación y generar credibilidad y apoyo de la sociedad al proceso de paz, cuando es evidente el doble rasero de las Farc?