Bogotá. Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)

@CLARARIVEROS

La telenovela continúa. El drama no termina, se avecina un nuevo round de Gustavo Petro, que vuelve reforzado.

Pasó un mes desde que el presidente Juan Manuel Santos hiciera efectiva la destitución de Gustavo Petro como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Se dijo en ese momento que la telenovela parecía no tener fin y así es. La orden de restitución llegó 35 días después, tiempo en el que la capital colombiana ha tenido 3 alcaldes, dos encargados y el ahora restituido. En estas semanas el malestar y la incertidumbre han ido en aumento. La ciudadanía se confunde, se pierde y se aburre con el bombardeo de términos jurídicos a veces agobiantes.

El presidente debió restituir al alcalde en su cargo. La Sala de Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá exigió al presidente acatar las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había solicitado. Le recordó al primer mandatario que son de obligado cumplimiento por parte del Estado. Por lo tanto, el acto administrativo mediante el cual el presidente hizo efectiva la destitución de Petro, debía quedar sin efecto de inmediato y restituirle en su puesto en un tiempo máximo de 48 horas. El presidente no tuvo más remedio que acatar la orden.

En esta historia vibrante, hay que destacar a un personaje desconocido, Óscar Augusto Verano, el ciudadano humilde que interpuso la acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá. De él no se sabe mayor cosa salvo que el documento que presentó permitió inferir la considerable experticia jurídica. De su vida sólo se supo que vive en un sector deprimido, una pensión en el centro de la ciudad y su ocupación sería la de mecánico de motos.

En estas semanas ha sido posible evidenciar la molestia de diferentes sectores, que más allá de simpatizar o no con el alcalde, consideraron inadmisible el proceder del gobierno nacional que desconoció y pasó por encima de las medidas cautelares que había solicitado la CIDH para que Petro permaneciera en su cargo. La decisión cayó mal y tan mal cayó que se lo cobraron al presidente-candidato. El respaldo popular de cara a las elecciones disminuyó un poco más.  Los que se sintieron conformes con la medida, fueron principalmente simpatizantes del uribismo que se han movilizado en favor de la revocatoria del alcalde.

Tan cierto como el hecho de la restitución es la posibilidad de que la  Presidencia y la Procuraduría pueden impugnar el fallo emitido por el citado Tribunal, y como es de esperarse la Procuraduría lo hará, buscando que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia deje en firme la destitución. Entonces, la Corte tendría 20 días para pronunciarse. Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, anunció que la impugnación del fallo se hará argumentado que él sí tiene competencia para sancionar a funcionarios de elección popular. También se esperan las decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional. La historia no termina, con la restitución del alcalde la Registraduría retoma el proceso de revocatoria del mandato, los bogotanos revocarán o refrendarán el mandato de Petro, se convocará a las urnas en los próximos dos meses pero en fechas diferentes a las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta.

Los problemas del alcalde no concluyen aquí, adicionalmente, deberá responder por una sanción que alcanza los $60.000 millones de pesos contra el Distrito por violar el régimen de libre competencia con la implementación del esquema de basuras que fue, en última instancia, el que le generó todo este lío. La sanción fue emitida por Luis Guillermo Vélez, superintendente de Industria y Comercio. A este respecto Petro dijo no haber  leído el fallo y evitó referirse a las cuestiones de fondo. Sobre la posibilidad de un embargo a su salario no se mostró preocupado.

El Tiempo publicó un informe hace algunas semanas que dejó un manto de duda sobre el proceder del alcalde, allí se informó que tras la destitución de Petro en el mes de diciembre y antes de que esta se hiciera efectiva en marzo, se firmó desde la Alcaldía un promedio de 3 contratos por día que alcanzaron los $ 46.000 millones de pesos. En ellos se contrataron abogados de «alta factura y a especialistas en comunicación». También se revelaron algunas bonificaciones en el salario del alcalde, atendiendo al hecho de que permanecía en su cargo. Gustavo Petro salió al paso de esa información y  negó que sus abogados personales hayan recibido dinero de la Alcaldía. Posteriormente, El Tiempo publicó otra información en la que relacionaría a los abogados de Gustavo Petro con contratos con el Distrito.

El portal informativo La Silla Vacía tituló de forma precisa y en medio de tanta confusión: Petro vuelve al balcón, Santos vuelve a perder y Bogotá seguirá en interinidad. “Al final -desarrolla en la información- de esta semana, lo más seguro es que Petro estará nuevamente subido en el balcón del Palacio Liévano y con un discurso reforzado sobre su victimización por parte del Establecimiento. Respaldado con el argumento de que este fallo es el quinto que le da la razón desde que comenzó el lío jurídico por su cambio de esquema en las basuras: dos del tribunal administrativo de Cundinamarca, uno del juzgado tercero administrativo del Circuito de Bogotá y el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (…) haga lo que haga, Santos lleva las de perder. Mientras el super lío jurídico se resuelve, Bogotá seguirá en interinidad”. Es una buena síntesis de este drama tan largo y tan confuso.

Petro expresó que la decisión del Tribunal otorga estabilidad al gobierno de la ciudad y que la situación es diferente a la de hace un mes. Ya no se trata de “si la tutela se cae entonces se cae el alcalde porque en este caso las medidas cautelares siguen vigentes”. Las interpretaciones siguen, entre tanto, se rumora que hay presiones en los distintos frentes ya sea en pro o en contra del alcalde, cosa que a estas alturas no es de extrañar teniendo en cuenta las dimensiones que adquirió el caso y la pugna de poderes en juego.

Sería deseable que el restituido alcalde modere su discurso si se tiene como escenario el clima de crispación política, social y hasta jurídica. Poco ayuda su lenguaje incendiario. Finalmente, la democracia y la institucionalidad deben preservarse a toda costa. Por encima de vanidades y personalismos, tendrán que entender lo obvio, no  todas las partes van a ganar.