Por Clara RIVEROS @CLARARIVEROS

Las negociaciones entre delegados del gobierno colombiano y delegados de las FARC comenzaron formalmente en Oslo, a finales del mes de octubre de 2012. El diálogo continuó en La Habana desde el 19 de noviembre de ese año. Es decir, esta semana se cumplieron dos años de las conversaciones que se adelantan en Cuba. Los delegados acordaron reglas de juego para la negociación y, comparativamente, este es el proceso que más ha logrado avanzar si se tienen en cuenta los intentos anteriores. De una agenda de cinco puntos, se lograron acuerdos en tres, a saber: tierras, participación política, cultivos ilícitos y drogas. Están pendientes los relacionados con víctimas y fin del conflicto. No obstante, las acciones de las FARC no se encargan de contrarrestar el temor de la opinión pública, tampoco reafirman sus intenciones de paz y reconciliación. Las FARC tratan de igualar al Estado y de forzarlo en la negociación, pero no tienen capacidad para ganar la guerra.

A comienzos de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos, realizó una gira por seis capitales europeas: Madrid, Bruselas, Berlín, Lisboa, París y Londres, con el objetivo de conseguir apoyo político para el proceso de paz y también recursos de cara al posconflicto. Obtuvo, principalmente, apoyo político. El mundo ve con buena cara el proceso, por lo que el espaldarazo de la comunidad internacional al presidente Santos, mal que le pese al expresidente Uribe, se ratificó una vez más.

Hace algunos días, tres indígenas de la comunidad Nasa fueron asesinados. Las FARC admitieron el asesinato de Antonio Tumiñá y de Daniel Coicué, en Toribío (Cauca). Los dos indígenas fueron atacados por los guerrilleros después de que quitaran una valla propagandística de la guerrilla en homenaje a alias ‘Alfonso Cano’, quien fue dado de baja en una operación militar (4 de noviembre de 2011). En esa semana, circularon panfletos contra 26 líderes indígenas, se les declaraba objetivo militar, la guerrilla rechazó la autoría de esas amenazas. Tras el asesinato de los integrantes de la comunidad Nasa, la Guardia Indígena inició la búsqueda de los responsables y los detuvo, cerca de 2.000 indígenas les realizaron un juicio. Al autor material de los dos asesinatos le asignaron 60 años de prisión, y a cuatro adultos que le acompañaban la pena adjudicada fue de 40 años de cárcel para cada uno. En cuanto a dos menores de edad, de 14 y 17 años, les decretaron veinte latigazos.

Las Farc calificaron de “modestos” los avances en el diálogo de paz con el Gobierno.

El gobierno colombiano consideró “inadmisible” el asesinato de los indígenas. La condena provocó el rechazo expreso del máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias «Timochenko». «Es evidente que ese tipo de procedimientos repugna al más elemental sentido de justicia (…) Si ese es el país al que piensan debemos reintegrarnos, no hay entonces la mínima posibilidad de ello (…) el único tribunal legítimo para juzgar a los milicianos implicados en el absurdo episodio provocado por la irracionalidad sospechosa de unos cuantos indígenas (…) es el contemplado por el reglamento de régimen disciplinario de las Farc”.

El rechazo a las acciones de las FARC, así como los problemas por los que atraviesa la justicia en Colombia, hizo que la noticia del juicio tuviera respaldo y entusiasmo por parte de la ciudadanía. Sin embargo, el académico Mauricio Villegas consideró que deben tenerse en cuenta elementos más allá del calor de los acontecimientos y de la indignación ciudadana, incluso para fortalecer la propia jurisdicción indígena. “La lentitud de la justicia no puede llevarnos a preferir la justicia sumaria”.

La semana pasada fueron secuestrados dos soldados, el hecho se produjo durante un asalto de miembros de las FARC a una patrulla del Ejército en Arauca. La tensión, no obstante, alcanzó su punto más alto el pasado domingo cuando se conoció que el brigadier general Rubén Darío Alzate fue secuestrado cerca de Quibdó (Chocó) junto a dos personas. Las extrañas circunstancias en que se produjo el secuestro han dado lugar a todo tipo de especulaciones, certezas no hay muchas, salvo que el militar y sus acompañantes están en poder del frente 34 de las FARC. El presidente Juan Manuel Santos, en un acto incomprensible, pidió cuentas a sus subordinados vía Twitter, al mejor estilo de su antecesor y de sus homólogos sudamericanos. “Mindefensa y Cdte Gral: quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja”. Error del presidente, atendiendo a la gravedad de los hechos.

Un nuevo ciclo en las negociaciones debía comenzar en La Habana esta semana, tras los incidentes y con toda la razón, el presidente decidió suspender el proceso y por consiguiente el viaje de los delegados del gobierno hasta que se aclaren los hechos y se libere a las personas secuestradas. El operativo militar para hallar al general Alzate y a sus acompañantes continúa. Las FARC afirmaron que garantizan la vida del general hasta donde lo permita “la ira estatal”. Probablemente el proceso se reanude en próximos días, -ahora que las Farc acordaron su liberación- pero no puede desconocerse que, este ha sido el momento más crítico durante los dos años de negociaciones. No se percibe, de momento, la intención y posibilidad real de poner punto final al diálogo. Las partes tienen mucho que perder.

El expresidente Álvaro Uribe, como era de esperar, se refirió a las concesiones hechas por el gobierno de Juan Manuel Santos al terrorismo, lo que permitió llegar al actual estado de las cosas. Uribe pidió el cese unilateral de las actividades criminales de las FARC, cosa que no va a ocurrir. Por su parte, las FARC pidieron una tregua bilateral, so pena de acciones de mayor gravedad. No sólo el expresidente Uribe y las FARC dan de que hablar, la izquierda también hace méritos. Piedad Córdoba, junto con otros sectores, líderes y movimientos piden un cese al fuego bilateral, lo que no deja de ser un despropósito en las actuales condiciones y pone de manifiesto algunas problemáticas e inquietudes, por ejemplo, la intención y el oportunismo de instalar la agenda de las FARC pretendiendo que el Estado renuncie a sus obligaciones. Los colombianos apoyaron en las urnas la continuidad del proceso, pero los mismos resultados de las recientes elecciones en Colombia permiten hacerse a una idea del sentir ciudadano, que nada tuvo que ver con otorgar un cheque en blanco a las FARC.

Hace más de un año se conoció un vídeo en el que al parecer la ex senadora Piedad Córdoba arengaba a las FARC, luego ella precisó que lo que decía era: ¡Qué viva la paz! Está claro que entre una cosa y otra las diferencias son sustanciales. La mayoría de colombianos apostaron a la paz, no a las FARC. Hablar de un cese al fuego bilateral es sumamente apresurado, las condiciones no están dadas. Como bien señaló la senadora Claudia López, las FARC no negocian por su buena voluntad sino por el rechazo social y político y por la eficacia de la fuerza pública, que debe mantenerse. En lo que podría avanzarse, por ahora y mientras continúa el proceso en La Habana, es en reafirmar y aclarar ante la ciudadanía los compromisos con la democracia, de algunos sectores de la izquierda, especialmente sus expresiones más radicales, más allá de coincidir con la agenda de las FARC.

*Según la revista Forbes Israel, las FARC con 600 millones de dólares, son el tercer grupo terrorista del mundo con mayores ingresos anuales. El Estado Islámico (EI) con 2.000 millones, es el primero y el movimiento islamista Hamás, con ingresos de 1.000 millones, es el segundo.