Por Juan RESTREPO

Tal como mucha gente temía en Colombia, la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, que negocian en La Habana hace más de tres años, no tendrá lugar este 23 de marzo como ambas partes aseguraron a bombo y platillo hace seis meses en la capital cubana. “Por cumplir con la fecha no vamos a hacer un mal acuerdo”, ha dicho ahora el presidente colombiano al aplazar sine die la rúbrica.

Contrario a lo que podría pensarse, a los colombianos este anuncio los ha dejado indiferentes, lo que de alguna forma viene a confirmar el escepticismo con que se mira aquí las conversaciones entre el gobierno y la guerrilla. De hecho, el índice de aceptación del presidente pasa en estos momentos por una de sus cotas más bajas, apenas un 35 por ciento de los colombianos aprueba la gestión gubernamental. Todos quieren el final del conflicto, pero la última fórmula de llegar a esa meta no convence demasiado.

Por lo que se conoce hasta ahora, se sabe que una vez firmada la paz, habrá procesos judiciales para fijar responsabilidades en algunos de los peores crímenes de la historia de Colombia y los culpables pagarán por ello penas de reclusión de cinco a ocho años. La reclusión no será en cárceles sino, quizás, en colonias agrícolas, aunque en eso hay poca claridad.

«Iván Márquez» o Luciano Marín Arango, la voz de las Farc en La Habana. Foto. Alejandro ERNESTO

Y por lo que se refiere a la reparación de las víctimas, las FARC parecen dispuestas a colaborar en la ubicación y desactivación del gran número de minas sembradas en el campo y el arreglo de carreteras. En declaraciones a la BBC, el jefe de la delegación guerrillera en Cuba, Iván Márquez, ha dicho que su organización es prácticamente insolvente. Los beneficios de décadas de narcotráfico, secuestro, extorsión y robo de tierras se han esfumado, y la indemnización a las víctimas, como ocurrió con los paramilitares, la pagará el bolsillo de los colombianos.

Vale la pena a estas alturas, sin embargo, detenerse con más detalle en el tercer apartado de las discusiones Gobierno-FARC que se titula pomposamente “Solución al problema de las drogas ilícitas”, título que de manera explícita admite la incidencia del negocio de la cocaína en el conflicto colombiano.

La razón última de que en Colombia exista guerrilla es el negocio de la cocaína. La injusticia y la desigualdad que pregonan las FARC para justificar su actividad es un pretexto que, cuando se firme la paz, quedará al descubierto. Por tanto, es ingenuo pensar que un acuerdo definitivo en La Habana dará “solución al problema de las drogas ilícitas”.

La lectura de un libro de reciente publicación aporta luces suficientes sobre lo que puede seguir de ahí en adelante en Colombia con este negocio. Tom Wainwright, ex corresponsal en México de The Economist, dice en Narconomics que los carteles extendidos y fortalecidos en los últimos años, tienen estructuras muy parecidas a las que utilizan Wal-Mart, MacDonalds’s o Coca-Cola, corporaciones que empezaron en Estados Unidos y ahora son globales.

Campesinos en plena recolección de hojas de coca

Y da algunos datos del negocio. Para hacer un kilo de cocaína se necesitan 350 kilos de hojas de coca. Ese kilo se puede vender en Colombia por 800 dólares. En algún país vecino el precio sube a 2.200, pero si logra entrar a Estados Unidos, por él pagan 14.500 dólares. Al quedar en manos del capo norteamericano (¿alguien puede dar un solo nombre de narcotraficante norteamericano?) su valor queda automáticamente en 20.000 dólares.

Dividido el kilo en pequeñas cantidades, la venta a los distribuidores callejeros produce 78.000 dólares. Y como estos distribuidores generalmente diluyen lo que compran, la venta al consumidor asciende a 122.000 dólares. Lo grave es que, aun con estos precios, afirma Wainwright, el consumo ha aumentado 50 por ciento en los últimos veinte años.

Estados Unidos y Europa son el principal mercado de compra de cocaína

Con semejantes utilidades es muy probable que muchos guerrilleros de las FARC que no se desmovilicen se queden en el negocio. No se irían al Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla que opera en Colombia, como algunos creen, sino a las bandas de narcotraficantes que ya existen, o que formen sus propias bandas.

Una de esas bandas, Los Urabeños, está integrada por ex guerrilleros del Ejército Popular de Liberación, EPL. Sin uniforme y sin el pretexto de una ideología, muchos guerrilleros de las FARC mantendrán el próspero negocio.

La única “solución al problema” parece lejana y resulta hoy casi impensable: la legalización absoluta que incluya todas las etapas, desde el cultivo hasta el consumidor. Solamente así se acabaría con las mafias. Por lo demás, es bueno recordar que nadie está obligado a consumir cocaína.