La exactitud del pensamiento y la disciplina intelectual son imprescindibles para la construcción democrática de las instituciones de procuración de justicia en la Ciudad de México.

Doctora Patricia Lucila González Rodríguez

Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

Es motivo de enorme preocupación el estado que guarda la procuración y administración de justica en la CDMX y más preocupante el letargo en que ha caído el tránsito de la actual procuraduría para su actualización como fiscalía.

Pareciera un mero problema semántico sin embargo, la situación actual nos exige un cambio radical y no una mera “variación del nombre”. De manera natural los seres humanos nos vemos obligados durante nuestras vidas a formarnos alguna imagen del mundo físico, la vida moral y política y la naturaleza de la mente.

Algunos individuos tratan de hacer cada vez más coherente y articulada (e inteligible) tal imagen. Así, nos vemos conducidos a imaginar, crear y aplicar ideas, conceptos, principios y criterios que orienten a la eficacia y eficiencia en el actuar que se dirige a concretar una investigación penal que garantice los derechos humanos y un juicio justo. Esto, plantea una enorme tarea al proyecto profesional de los individuos y a los problemas de conocimiento, investigación y teorización de la función de procuración de justicia.

El intento por contribuir a la realización de esa tarea está en desplegar una política pública dirigida a alcanzar como meta la re-definición del conflicto penal, mediante el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio, que no ha evolucionado lo suficiente desde la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, que lo incorporó al sistema jurídico mexicano. 

Por esa razón, hay que buscar la realización de otros estadios de conocimiento y práctica profesional en la función pública, que conduzca a un desarrollo humano más congruente con los avances de la ciencia y el desarrollo de tecnologías en los métodos de trabajo, técnicas de investigación criminal. Acompañado por una ética pública que aporte mecanismos convenientes para la prestación de los servicios de calidad a las víctimas del delito, sin sacrificar los derechos de las personas imputadas de un ilícito. Su principio esencial es la presunción de inocencia (ignorado, vulnerado, atropellado cotidianamente) la cual junto a los principios de publicidad, inmediación, continuidad, contradicción, concentración e igualdad, dan vigencia al debido proceso penal y establecen el camino no solo hacia una nueva forma de administrar justicia sino a un verdadero cambio cultural de nuestra sociedad basado en la sanción racional de las penas, la reparación del daño integral, y el respeto pleno de la dignidad de las personas. 

En México, un diagnóstico objetivo nos coloca en la postura de reconocer que a pesar de la reforma constitucional de junio del 2008, continúa prevaleciendo los formalismos y rituales propios del sistema anterior que está totalmente rebasado por la realidad criminal y que se caracterizó por violaciones graves a los derechos humanos y al estado constitucional de derecho. De ahí la importancia que poseen las ideas encaminadas a revisar un modelo de investigación criminal que logre un verdadero cambio de paradigma. 

El modelo de Procuración de Justicia en la ciudad de México, hacia el que debemos dirigirnos representa entre otros aspectos, un cambio profundo de la arquitectura de procesos, de la instalación de plataformas tecnológicas con protocolos de actuación mínima, actos de investigación y software que incorpore datos y correlaciones, para lograr resultados contundentes en las investigaciones de fenómenos criminales donde se desconocen los probables imputados. Este modelo hará posible investigar exitosamente un mayor número de asuntos y disminuir los que vayan a sede judicial con amplias posibilidades de éxito.