“Un Estado sin inteligencia, es un estado ciego y sordo, incapaz de tomar decisiones acertadas para lograr un buen gobierno”.

Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

El caudal de actos postelectorales del ya presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y la ambigüedad de muchos de éstos genera incertidumbre, confusión, duda y temor a unos días de que tome las riendas del gobierno del Estado mexicano.

Las ofertas de campaña enfrentadas a la realidad de proyectos y programas de gobierno y a los tiempos del proceso legislativo, aun teniendo la mayoría incluso para lograr reformas constitucionales hacen pensar que no serán contestes a lo expresado por AMLO y sus colaboradores.

Los retos son enormes y de la mayor relevancia,  el de la inseguridad y la pacificación del país. La puesta en marcha de los foros para tal efecto ha reavivado el dolor y la frustración de miles de víctimas, nos hicieron recordar el evento histórico y su fatal desenlace cuando se firmaron los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911 por Don Francisco Ignacio Madero, con la intención de pacificar a la nación.

No hay mexicano que pueda refutar la urgente necesidad de restablecer la seguridad pública, interior, exterior y nacional, cada uno de estos ámbitos requiere sin lugar a duda sistemas de inteligencia distintos pero armónicos.

La seguridad publica demanda una estructura de inteligencia que permita aprovechar la información estratégica para lograr efectividad de acciones preventivas, reactivas y represivas del delito buscando la inhibición de personas integrantes de la delincuencia organizada y en general de todo tipo, protegiendo libertades y garantías de orden público y preservando el patrimonio de las personas para lograr la convivencia democrática, la estabilidad política, económica y social.

También, exige sistemas de inteligencia operativos y tácticos para contar con la informacion necesaria debidamente integrada y cumplir con propósitos de organización y consecuentemente aportar elementos al servicio de la seguridad pública para el mejor desempeño de las instituciones responsables.

Por su parte la Seguridad Nacional presupone una política de estado eficaz encuadrada en el orden jurídico, reconocimiento y aceptación de la expresión mayoritaria de una sociedad republicanamente democrática. No puede limitarse de manera coyuntural y someterla al control de la función policial.

Sistemas y estrategias de la nación en materia de inteligencia obligan a redefinir este concepto para armonizarla con políticas de carácter internacional y provocar medidas eficientes tanto en lo interno como en lo externo para la seguridad del estado.

Hoy más que nunca México precisa de la construcción de una política de estado en lo que hace a la seguridad nacional con la concurrencia de los órganos del gobierno, no solo del ejecutivo, sino también de la participación y responsabilidad del legislativo en la creación de la norma y, del judicial en la protección de esas normas y derechos.

La concurrencia de los tres poderes y órganos autónomos como la CNDH es imprescindible, es el camino que la legitimidad tiene que recorrer para alcanzar la legalidad y hacer eficaz de una manera integral los mecanismos que protejan la integridad de la soberanía, garantizando la paz social y el estado de derecho republicano. El proyecto en esta materia hasta ahora esbozado, tiene muchas aristas ambiguas y se confunde en la intención de concebir un solo concepto de seguridad en un momento sensible en que dicho proyecto reúna las necesidades y los valores de las fuerzas políticas y sociales del país tiempos en que los partidos políticos después de este proceso han generado una decepción social de gran dimensión con el consabido desencanto en la política nacional. Ya no basta en este momento la legitimidad indiscutible que alcanzo el presidente electo, ahora cada una de sus acciones deberán abandonar la ambigüedad y encausarse en la legalidad.

Los servicios de inteligencia tan necesarios para la seguridad pública, política, ecológica y la protección civil, tienen que identificar plenamente sus estrategias para servir a cada uno de estos propósitos y para que de manera integral garanticen la seguridad nacional. Por tal razón, no puede circunscribirse al mando y control de la seguridad pública. Es decir, cada especialidad requiere de proyectar y dirigir las operaciones con pericia para que el proceso sistemático de la información sea un valioso coadyuvante en la toma de decisiones para prevenir controlar y reprimir las amenazas externas o internas en contra del estado mexicano y para que de esta manera, se permita que las fuerzas policiales dispongan de esta valiosa herramienta para garantizar la seguridad pública y las fuerzas armadas también de los elementos para garantizar la seguridad nacional, regulaciones todas que tendrán que enmarcarse en el orden jurídico vigente.

El Estado Mayor Presidencial ha garantizado y preservado la seguridad del jefe de Estado, de gobierno y comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la república desde su creación en 1942. Los servicios de inteligencia han sido instrumentos invaluables para tal desempeño.