Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

El disfrute del poder corrompe de manera inevitable el juicio de la razón y pervierte su Libertad. Kant.

En medio de bandazos y desatinos, el ejercicio autocrático del poder presidencial no cesa, ahondando en el desconcierto y desinformación de gobernados. Las contradicciones gubernamentales para combatir la pandemia han provocado ignorancia y desconcierto. políticamente la fractura del federalismo, socialmente la comisión de más delitos y económicamente la caída libre de finanzas públicas y la ruina del patrimonio familiar.

Auto designado el “guardián del dinero del pueblo” <sic> el presidente interpreta, caprichosamente y ante un vacío legal, la emergencia económica e impulsa una reforma a la Ley del Presupuesto para aumentar discrecionalmente el manejo de fondos públicos. Ésta, fue rechazada de inmediato por el diputado Muñoz Ledo y diversos sectores de la sociedad, así como la inviabilidad de ser aprobada, como dijo el senador Ricardo Monreal, iniciativa por demás antidemocrática y dictatorial, abortada a última hora.

El agravio del presidente al Banco de Mexico y al Consejo Mexicano de Negocios no estuvo ausente. Por otro lado y cumpliendo una “deuda de campaña”, en tiempos de crisis de salud, económica y sobretodo de credibilidad, cobra vida la “Ley de Amnistía” para lo cual se convocó al Senado de manera urgente y extraordinaria para que aprobara la ley de marras, de suyo ociosa e inaplicable, con disfraz de compromiso histórico. La urgencia, según el presidente al Senado para aprobar esta Ley, era supuestamente evitar riesgos de brotes de COVID 19 en las cárceles (pero incluye prófugos y sustraídos). El ordenamiento mencionado, en tan solo 8 artículos crea una mezcolanza de conceptos y competencias que de plano resulta, como ya se le calificó, una aberración jurídica que desde su sola redacción, resulta incomprensible e inaplicable.

Es una ley federal remitida a otras leyes federales,- la mayoría de los delitos descritos son del fuero común-, prácticamente inaplicable. Designar jueces federales para este propósito es absurdo y contradictorio, se mandata a la SEGOB (Secretaria de Gobernación), para instar a los estados para que expidan leyes de amnistía (¿pacto federal?)

Las hipótesis para los casos de robo simple y narcomenudeo son incoherentes, la realidad impone otras condiciones; imprecisiones en el uso de calificativos como “extrema”, “exclusión” “discriminación”, “vulnerabilidad”, hace que esta ley sea anticonstitucional al permitir la simple analogía o mayoría de razón en la aplicación de las leyes penales. El Nuevo Sistema de Justicia Penal, contempla las hipótesis descritas en este mamotreto y basta su aplicación puntual, para cumplir con estas disposiciones. ¡Pésima política politizar el derecho penal! A las crisis mencionadas hay que sumar la de la justicia, la suspensión de labores en el Poder Judicial ha dado la puntilla a la ya de por sí acumulación y rezago de las causas pendientes, entendible por razones de salubridad, pero que dejó sin opciones a los casos relevantes.

La preocupación constitucional por preservar la independencia de este Poder (nunca antes lesionado como en este régimen ) a pesar de la suspensión, que ahora se prolonga hasta el 1 de junio próximo, debemos destacar que “jueces de turno” en materia constitucional han otorgado el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del presidente y otros, por considerar que “las autoridades no están adoptando medidas generales sanitarias eficaces y proporcionales al riesgo que se enfrenta el país, para la prevención, evitabilidad de contagio, detección y reacción al Covid-19”. Asimismo cabe resaltar la labor de los jueces penales que atienden plazos constitucionales, detenciones por causa urgente o cateos y la atención de la “Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”. La pandemia no ha reducido la inseguridad, por el contrario y si bien el año pasado fue el más violento en un siglo en nuestro país; este año, desgraciadamente, parece que será superado con un incremento desbordado de homicidios dolosos que marzo pasado ascendieron a 2,585 y en abril a 2492, sumados a feminicidios, narcomenudeo y robo.