Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

La disgregación del pueblo mexicano es aterradora. El desmembramiento del tejido social es continuo, sumidos en una violencia inédita. Manifestaciones agresivas y destructoras, crímenes inenarrables, división en cada rincón de nuestra intimidada sociedad, que ya alcanzó a la SCJN . 

Los efectos de la pandemia generada por el COVID-19 no ceden. Se imponen nuevas medidas de control y confinamiento, como el regreso a clases escolares presenciales y el regreso de la burocracia federal a sus labores habituales, hasta el próximo mes de enero. Un gobierno impotente pero imponente, prevalece en el concierto de los diversos grupos sociales que conforman nuestra nación. El disenso es cuasi crimen, la imposición y la represión van de la mano en decisiones políticas sin fundamentación y menos motivación. La tolerancia y el respeto son la divisa de la buena política de estado, hoy ausentes en la práctica cotidiana. 

La decisión que tomó nuestro más alto tribunal de justicia, en relación a la consulta popular fue más una determinación de política populista, que una decisión de derecho. Se trataba más de una resolución sobre la constitucionalidad de un ejercicio amorfo e inútil que terminó en corrección sintáctica de una pregunta innecesaria para ejercer obligaciones impuestas a la autoridad persecutoria de los delitos, previamente contenidas en leyes de la materia. Una determinación jurídicamente estéril y políticamente ociosa no exenta de amagos con una reforma constitucional con el mayoriteo legislativo del partido en el poder en caso de rechazo a la propuesta del Ejecutivo Federal; manifestaciones pidiendo la aprobación de la mentada propuesta y la renuncia del ministro ponente Luis María Aguilar Morales quien consideró inconstitucional la consulta popular, entre otras cosas por violar los derechos humanos de las víctimas.

La Corte amenazada y sometida, emitió cinco votos jurídicamente impecables y cinco más uno, el del presidente de la SCJN, políticamente cuestionados, este último consideró “la constitucionalidad de la consulta popular pues la misma no tiene ningún impacto negativo en la vida institucional del país” Si bien es cierto que los medios de control constitucional y las determinaciones de constitucionalidad sobre la materia de consultas populares corresponden a la SCJN como máximo tribunal del país en esta materia, también lo es que su responsabilidad elemental es la defensa del orden jurídico establecido en la Carta Magna.

A este respecto, la posibilidad de encauzar penalmente a persona alguna como presunto responsable de conductas con apariencia de delito, hace la consulta ociosa y onerosa, se surte plenamente con el cumplimiento de la legislación penal vigente, la cual entre otras cosas impone la obligación a toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de delito a denunciarlo ante el Ministerio Público.Para quienes en ejercicio de “funciones públicos” conozcan de estos hechos está obligado a denunciarlo “Inmediatamente “. 

La democracia exige del Estado de derecho, fundamentos básicos para su existencia y crecimiento, tales como garantizar la validez de un régimen político orientado a la protección de los derechos humanos y el ejercicio de la soberanía ciudadana, régimen que deberá estar sometido al imperio de la ley y que esta sea la expresión de la voluntad general con el consecuente cumplimiento, indispensable por parte de todos sus integrantes. Esencial es la separación de los tres Poderes fundamentales en una Republica democrática como la nuestra: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; separación que exige el pleno respeto a su independencia, así como para los órganos autónomos, indispensables en la vida de todo Estado Democrático, por lo que resulta inaceptable el amago del Ejecutivo Federal en connivencia con la mayoría del Legislativo, al Poder Judicial, no solo para obtener una resolución favorable, sino para obtener un orden jurídico a modo.

La decisión de nuestro más alto tribunal de justicia, en relación a la consulta popular, fue más una determinación de política populista, que una decisión de derecho. Parafraseando a Maquiavelo: “La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerles de una cosa, pero es difícil mantenerlos convencidos”. Ese será el destino de la consulta popular. La justicia no se consulta.