Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

«Solo juicios claros y ejemplares abatirán la corrupción donde se encuentre. Lo demás es poesía».

Ignacio Morales LechugaNotario, ex procurador General de la Republica.

El sistema penal acusatorio que nos rige tiene como uno de sus objetivos fundamentales “privilegiar la presunción de inocencia”, tarea cotidianamente ignorada por autoridades de seguridad pública y justicia penal. La reforma de la justicia mexicana, gestada desde 2008, buscaba eliminar las prácticas de sorpresivas detenciones como medida de presión, confesiones arrancadas mediante tortura y otras aberraciones. Injusticias inenarrables que condenan inocentes y propugnan la impunidad de los culpables. Sin embargo, los desafíos del sistema no han sido superados de manera integral y hoy surgen nuevos retos que demandan una pronta revisión del mismo.

El Código Nacional de Procedimientos Penales (5 de marzo de 2014) describe los principios que rigen el sistema acusatorio contradictorio: Imparcialidad, independencia, competencia y establecimiento legal previa del juzgador. Presunción de inocencia, igualdad entre las partes, derecho a ser asistido gratuitamente por traductor o intérprete, derecho a estar presente en el proceso, derecho amplio y cumplido a la mejor defensa, congruencia entre acusación y condena, derecho a preparar adecuadamente la defensa… Son principios sistemáticamente vulnerados por los responsables de tutelarlos.

Recientemente el Fiscal General de la República alzó la voz señalando la violación precisamente del principio de “presunción de inocencia”por autoridades responsables en los ámbitos de seguridad y Justicia. Señalamiento válido y justificado por un hombre que habla poco y cuando lo hace sabe lo que dice, actúa de manera discreta y eficiente y da resultados. El Dr. Gertz Manero conoce ampliamente la institución, desde la década de los setentas, en la PGR, su apuesta fue por la profesionalización de los servidores y fue igualmente un férreo combatiente contra la corrupción y el narcotráfico. Defiende cabalmente la autonomía de la Fiscalía y desde esta trinchera se duele de lo mismo que muchos mexicanos. Su empeño es convertir su encomienda constitucional en una digna institución de procuración de justicia. La tarea es ardua y todavía dista mucho de ser cumplida, las responsabilidades en materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia no cumplen con el diseño del sistema penal acusatorio, la inseguridad no cede y la injusticia prevalece.

En la CDMX la propuesta de la Fiscal es abatir el rezago y corrupción, la segmentación de casos y reforzar el uso de la tecnología, convencida de que los habitantes de la capital no creen en la institución que encabeza debido a los escasos resultados y a la nula atención de las víctimas. Buenos propósitos sin duda, en los que para una buena ejecución deberá echar mano del personal de probada experiencia, capacidad y probidad con el que cuenta y que son una gran parte de servidores que se desempeñan hasta hace unas horas Procuraduría General de Justicia de la CDMX.

La flamante Fiscal Tendrá que llevar a cabo una buena limpia de aquellos que no cumplan con estos propósitos y sobretodo desoír a los litigantes que corrompen, humillan, someten a los agentes del MP y que en ocasiones hacen ver a estos servidores como empleados de sus influyentes firmas.Un exhorto para que la Fiscalía alcance la igualdad y la equidad de las partes y no se privilegie, al más influyente, sea ofendido, víctima o imputado. Similar exhorto al poder judicial y en concreto a jueces de control que no cumplen cabalmente con los principios de igualdad, equidad y respeto a la “presunción de inocencia”.

La sala constitucional del TSJCDMX recién instalada abre una ventana de oportunidad a la justicia capitalina, un control constitucional que invalide actos de autoridad y leyes contrarias a la constitución local.En votación libre se eligió al magistrado Javier Raul Ayala como presidente de esta sala, egregio jurista de trayectoria impecable en el ejercicio jurisdiccional, docencia, investigación y amplió conocimiento de la materia, lo que garantiza el éxito en la custodia de la ley suprema de la capital.