lunes, 29 de julio de 2019
«La paz secuestrada», por Federico PONCE ROJAS

Si no hay justicia para el pueblo que no haya paz para el gobierno.”

Emiliano Zapata

Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

El inédito crecimiento de la violencia en los meses recientes mantiene secuestrada la paz de los habitantes de México y las soluciones ofrecidas no abrigan esperanza de solución próxima.

En efecto, la corrupción, impunidad, ignorancia y negligencia son los principales factores que generan este rompimiento social en nuestra gran nación.

La paz no resulta ajena o desconocida para los mexicanos. Los paseos familiares dominicales, largas caminatas en las calles céntricas, en parques o jardines de nuestras ciudades, en bosques y zonas rurales, eran costumbre, sinónimo de paz, tranquilidad, armonía y unión familiar.

Hoy estos remansos de paz han sido cambiados sustancialmente en razón de la violencia e inseguridad que vivimos, canjeados estos ámbitos por aquellos espacios que ofrezcan la mayor seguridad.

Aun así, la violencia brutal es ahora instrumento cotidiano para violentar los domicilios, negocios, centros de recreación y espacios públicos, cobrando vidas, libertad y posesiones. El incremento en la incidencia de estas abominables conductas pareciera imparable.

Los homicidios (ejecuciones) cometidos hace un par de días en un centro comercial del sur de la CDMX, incrementaron ese sentimiento de vulnerabilidad e indefensión que es una constante que lastima y degrada cada vez más el tejido social.

A este violento hecho se suman, homicidios, secuestros de adultos y menores, toda una gama de delitos que tienen como identificador común la violencia, “el secuestro de la paz”.

No podemos ignorar que los delitos de cuello blanco a los que se ha referido el presidente de la República continuamente, son otra constante abrigada por la corrupción, inexperiencia y falta de atención de autoridades procuradoras y administradoras de justicia, constituyendo también una forma de violencia moral.

Conductas que muchas veces bajo la apariencia de legalidad buscan injustas e ilícitas ganancias económicas despojando de su patrimonio a familias enteras y generando una incertidumbre jurídica innegable en la sociedad.

Esta descomposición brutal del tejido social genera una cadena de conductas antisociales que impiden el pleno ejercicio de la libertad y mantienen secuestrada la paz.

La “transformación” de las instituciones de la administración pública, no necesariamente precisa de su desmantelamiento o de plano de su extinción.

La fórmula destruir para construir no es una buena medida de gobierno, años de experiencia y de resultados probados hacen rescatables muchas prácticas de buen gobierno, no todo está echado a perder.

En materia de seguridad pública, de procuración y administración de justicia existen proyectos inacabados y por consecuencia perfectibles como el Nuevo Sistema de Justicia Penal; el tránsito de la PGJ CDMX a Fiscalía General es una asignatura pendiente que no debe retrasarse más y mucho menos requerir de una reforma Constitucional local.

Al respecto cabe mencionar que las recientes reformas constitucionales no abonan en nada a este propósito de “transformación” pues degradan la ley suprema en ley secundaria sobre todo en materia penal, no es la Carta Magna la que debe listar o catalogar delitos, estas reformas producen conflicto o contradicción entre su propio articulado, se incluyen conductas que contrarían el principio de derecho penal que exige que la conducta típica sea descrita específica y detalladamente como delito.

Este aberrante, contradictorio y confuso proceso legislativo para crear o reformar leyes imprecisas y confusas, tiene un ejemplo claro con la aprobación hace apenas 48 horas, de la “Ley Nacional de Extinción de Dominio”, además de contener normas jurídicas penales y civiles revueltas, no respeta la prelación lógica de las jurisdicciones y le da carácter al ministerio público de actor en demandas del orden civil.

¡Que galimatías! Vendrá seguramente la controversia e impugnaciones, una vez más el Poder Judicial tendrá que enmendar la página al Legislativo.

¿Qué necesidad de provocar más temores e incertidumbre con la aprobación de leyes caprichosas? bastante tenemos con la paz secuestrada.