Jueves, 20 de Abril de 2017
Los aciertos de la Justicia mexicana

 


Por Federico PONCE ROJAS

Aunque la Justicia se mueve despacio, rara vez deja de alcanzar al culpable. 

Horacio

El “sospechosismo”, término inexistente acuñado hace un par de sexenios y utilizada por políticos y opinólogos mexicanos, se refiere en esencia a la costumbre de la descalificación de todo, a la suspicacia por todo.
Suspicacia arraigada en la sociedad que se expresa en desconfianza sobre el quehacer público, escepticismo generalizado sobre la “res pública”.
Esta suspicacia cada vez más arraigada en la comunidad, fundada la más de las veces, también halla su excepción en acciones legítimas que se dan en las mejores prácticas del estado.
Los extremos de la incredulidad y desconfianza ciega, dañan el tejido social a la par de la corrupción y la impunidad. La generalización y el ataque indiscriminado de toda tarea pública, terminan en un efecto regresivo que nos impide valorar con justicia las acciones y aciertos de gobierno.
Tenemos como obligación primigenia como población que busca el bien común conducirnos dentro del orden jurídico vigente y el derecho irrenunciable e inalienable a que todo órgano de gobierno cumpla con ese mismo principio de legalidad.
La suspicacia no es gratuita, los malos gobiernos, la corrupción de todos han sido terreno fértil para la impunidad que hoy nos aqueja. Pero no todo es negro y la lucha por erradicar estos vicios apocalípticos es trabajo de todos, el incumplimiento de unos no es excusa para la inacción.
Pasto seco para las llamas de la corrupción y abono para la impunidad es la conducta criminal y cínica de gobernantes que sin límite agravian a la sociedad que deben servir y no servirse de ella creando un clima de horror para las comunidades.
La presidenta de “Mexicanos Contra La Corrupción y la Impunidad”, Mario Amparo Casar (a quien por cierto se le atribuye la acuñación del término “sospechosismo” [sic]) hace un recuento después de la captura de Javier Duarte de once ex gobernadores imputados, se encuentran vinculados al crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, desvió de recursos, peculado y lo que resulte
Casar escribía en las páginas de Excélsior: “los gobernadores le apuestan a la impunidad”
En este negro panorama sin embargo surgen aciertos de la Justicia que cuando son conocidos como los casos recientes de funcionarios imputados que son sometidos al imperio de la ley, aparecen las suspicacias que acotan estas victorias sobre la impunidad, creando desconcierto y dudando de su eficacia.
El caso de Yarrington y Javier Duarte, temas que se han vuelto emblemáticos, son claros ejemplos de este ambiente negativo que en medio de especulaciones y desconocimiento de la ley minimizan ante la opinión pública el trabajo realizado.
Las explicaciones claras y bastantes que en su momento ofreció el Subprocurador (PGR) Alberto Elías Beltrán, en diversos medios de comunicación, sobre estos “aciertos de la Justicia” no fueron suficientes para contrariar la suspicacia pública, ya de por sí viciada.
La Justicia se encuentra atrapada entre el cumplimiento de un procedimiento garantista y el linchamiento público, se contraria el nuevo Sistema de Justicia Penal, la indignación y la desconfianza son la divisa permanente con justa razón.
Recordemos el caso Cassez quien recupera su libertad por violaciones a sus derechos fundamentales, sin pronunciamientos sobre su culpabilidad o inocencia.
El protagonismo y la intromisión de gobernadores, vulnera la necesaria autonomía e independencia de las fiscalías que nuevamente se asumen como empleados de los ejecutivos locales. Qué decir del debido proceso que, con este protagonismo, se ve afectada la secrecía de la investigación, los protocolos de la cadena de custodia y la presunción de inocencia, entre otras afectaciones.
Exigimos procesos judiciales transparentes, órganos acusadores (fiscalías) autónomas, independientes y especializadas. La Fiscalía Anticorrupción es un ejemplo y nos dejamos llevar por en clara contradicción a estos principios, fomentamos un círculo vicioso que hace de los aciertos de la justicia, victorias pírricas ante la corrupción y la impunidad.
Ante este caos de incertidumbre y desconfianza habría que sumarle un alud de declaraciones, opiniones, diatribas, infundios, etc. que lejos de colmar el derecho a la información o ser ejemplos de libre expresión, pueden conducir por su inexactitud y falsedad al linchamiento público, viciando en su caso los procedimientos judiciales y presionando incluso a las autoridades responsables de su aplicación, causando agravios a las personas ya sean políticos, económicos, en su honor, imagen, reputación, vida privada, ante lo cual la aplicación de la Ley Reglamentaria del artículo 6 Constitucional, (el Derecho de Réplica) resulta insuficiente para reparar el daño causado.
Politizar la Justicia en nada abona a la consecución de la misma.
En el caso del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, en la audiencia celebrada el pasado día 19 en Guatemala fue informado de los cargos que le imputa la justicia mexicana y por los cuales solicito su detención provisional, a partir de este momento considerando el Tratado de Extradición vigente para ambos países y el sistema de justicia penal de ésta nación centroamericana. El procedimiento se vislumbra largo y tortuoso ya que Duarte negó allanarse a la extradición, seguramente en espera de la petición formal en la que se mencione por que delitos se giraron órdenes de aprehensión y para que su defensa analice las pruebas ofrecidas por el gobierno mexicano.
Por otro lado, es de considerarse que la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, informo que se investigan la posible comisión de conductas ilícitas, cometidos en su territorio, por las personas que ayudaron a huir y protegieron a Javier Duarte, esta podría ser una causa por la cual no fue deportado con motivo de su ingreso ilegal a esta país.
Es obligación de todos, la búsqueda del bien común, en cada una, en la totalidad de las responsabilidades que como pueblo y gobierno nos impone el orden jurídico que rige al Estado mexicano.