Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

“En este tema estamos trabajando unidos lo gobiernos estatales y el federal, no hay motivo para divisiones, mucho menos cuando se trata de garantizar la seguridad del pueblo”.  AMLO

La congruencia entre lo que se dice y se hace es imprescindible en cualquier tarea que se emprende en la vida y con mayor razón cuando se trata de la “seguridad del pueblo”.

El exhorto lanzado por el presidente en su informe (¿?) desde luego que es válido en el sentido de responsabilizar a las autoridades obligadas a dar seguridad a todos los habitantes del país.

La incongruencia resulta en la disminución del presupuesto destinado a esta obligación y otras relativas, al gasto en seguridad se destinó sólo 0.96% del PIB lo que representa un recorte de 14.3% en relación con el ejercido en 2018.

La misión de la Guardia Nacional para combatir el flagelo con un mero patrullaje y alguna que otra detención en flagrancia es insuficiente.

La incorporación gradual, integral y respetuosa de derechos básicos de la Policía Federal a la Guardia Nacional era lo congruente y no su desmantelamiento de manera repentina.

Esta institución desarrolló muchos programas aprovechables, no todo estaba corrompido, uno de ellos la División de Inteligencia Policial tan necesaria en estos días como herramienta fundamental contra el crimen organizado.

Los servicios de inteligencia aparecen como herramienta indispensable para la seguridad del estado, en el siglo XX y a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, se fortalece la vinculación de estos servicios con las estructuras de los estados democráticos del mundo.

La misión constitucional y legal de los servicios de inteligencia es capturar información y transformarla en “inteligencia”, para que sirva de apoyo al gobierno en la toma de decisiones para lograr la seguridad y defensa del Estado.

Por otro lado en lo que hace al uso legítimo de la fuerza, el gobierno no ha sido claro en su estrategia, en la CDMX por ejemplo, desaparecen los granaderos y se usa el GERI de la Procuraduría capitalina para los mismos fines con la pretensión de proveer seguridad a la sociedad; como hemos visto acciones insuficientes.

Una es la acción de reprimir con violencia, una manifestación política o social y otra «repeler una agresión violenta, actual, inminente e inmediata con el fin de proteger la integridad o bienes jurídicos de la sociedad, obligación fundamental de la fuerza legítima del estado, principió básico de la seguridad pública.

Con tristeza y temor vemos como se repiten los agravios, insultos y violencia, elementos de delito, en contra de las Fuerzas Armadas. A estos denigrantes actos, políticamente se les llama provocaciones (sic), lo cual es incongruente pues la realidad es que son actos con apariencia de delito por parte de los agresores y que ponen a los propios soldados y marinos no solo en riesgo físico, sino también jurídico por posibles violaciones de estos, al código de Justicia Militar, con conductas tales como la insubordinación, desobediencia, delitos contra el honor militar, etc.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SEGOB), el INEGI y otros organismos derivadas de sus trabajos en la materia, son alarmantes y en suma ofrecen una visión sobre el estado que guardan la inseguridad y violencia en nuestro país que se mantienen a la alza y que indican que el 33.4% de la población mayor a 18 años consideran que la seguridad no mejorará en los próximos 12 meses. Es decir la juventud de nuestro país, el futuro de la nación se desarrolla en un ámbito de temor y desesperanza acosada por el crimen.

Un rubro también de la mayor importancia es la violencia contra mujeres y menores en el cual también los datos son sumamente angustiosos.

Datos en el informe “Violencia contra las mujeres” del propio Secretariado, de enero a junio de 2019, revelan la incidencia delictiva como el feminicidio que registró 448 casos en los 32 estados del país, cifras reportadas al Centro Nacional de Inteligencia.

Dos bastiones de la seguridad pública que necesariamente tienen que atenderse en el combate contra la inseguridad son los “Sistemas de Inteligencia” y “uso legítimo de la fuerza”.