Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

“De lo que estoy absolutamente seguro es de que, si comenzamos una discusión entre el pasado y el presente, descubriremos que hemos perdido el futuro”

Winston Churchill

Casi un semestre ha transcurrido desde que inicio la administración de la 4T (cuarta transformación) y no se aprecia una transformación en el estricto sentido de la palabra: Transformación acción o proceso mediante el cual algo se modifica, altera o cambia de forma manteniendo su identidad.  Los cambios a las normas jurídicas, a los actos administrativos y en general a los actos de gobierno no corresponden a la identidad de una democracia republicana, columna ideológica de nuestra nación, pues contradicen continuamente el espíritu de nuestra Constitución.  En otras palabras, no todo lo que se etiqueta como transformación suele serlo, cambios que no resultan adecuados, buenos o de beneficio común.

Los ideólogos de la 4T han echado a andar acelerados procesos legislativos que permitan al presidente obedecer con su protesta de hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen de manera fácil, resulta sencillo cumplir esta máxima, pues se reforma la Constitución o las Leyes a modo y ya está.

Sin embargo, vemos que la sumisión del Poder Legislativo tiene sus complicaciones pues “atoran leyes de guardia nacional”; actualmente una fracción del Senado intenta resolver un galimatías que se ve difícil de lograr por lo que, las 4 leyes en esta materia no avanzan.

Leyes aprobadas por el legislativo están siendo impugnadas con acciones de inconstitucionalidad con el claro objetivo que dichas normas jurídicas sean congruentes con la legalidad que exige tan escrupulosa y especializada tarea; que exista una verdadera división de poderes y se respete el espíritu constitucional de dar a cada poder la independencia y autonomía que les otorga nuestra forma democrática y republicana de gobierno.

Las violaciones al proceso legislativo, como en el caso de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos impugnada ante la SCJN y que su aplicación está suspendida por mandato judicial, continua con el análisis y el debate, siendo el más reciente en el que la mayoría “no calificada” de 6 Ministros ha generado que se siga analizando.  Una nueva impugnación se suma a las ya presentadas, la entregada el pasado lunes por 44 Senadores de diversos partidos.

Pero los problemas que nos agobian a los mexicanos no solamente están en el cumplimento de normas jurídicas a modo o en el incumplimiento de las existentes, los problemas son de fondo y se centran fundamentalmente en la inseguridad, la violencia, la impunidad y la corrupción.  En otras palabras no basta con reformar las leyes sino en la mejor aplicación de las vigentes y el aprovechamiento de experiencias exitosas de los actos de gobierno encausados al beneficio común.

Diariamente es copiosa la información que fluye, de manera distorsionada por los canales oficiales, básicamente las conferencias mañaneras del presidente, la opinión pública informada a través de medios de comunicación y redes sociales que al parecer “tienen otros datos”.  El hecho concreto es que cotidianamente la inseguridad, la violencia, la delincuencia y la incertidumbre atropellan a los habitantes de esta gran nación, pareciera no haber salida y se pide, se exige paciencia y tolerancia al tiempo que el tejido social se descompone, se desintegra a pasos acelerados, ante situaciones de emergencia y urgencia se echa mano de las herramientas e instrumentos que están al alcance pero no se posterga ni se espera que los cambios al orden jurídico resuelvan intempestivamente los problemas graves que nos aquejan como ahora ocurre.

En este mismo periodo el Consejo Nacional Ciudadano presenta demanda de juicio político por “traición a la patria” en contra del presidente López Obrador.  Difícil visualizar que dicha acción prospere, recordemos el juicio de desafuero que como jefe de gobierno AMLO resolvió no jurídicamente pero sí políticamente de manera exitosa.

La experimentación, improvisación y desconocimiento de las tareas públicas, la cancelación de proyectos y programas exitosos ha sido extremadamente costosa en todos los ámbitos de la vida nacional.