lunes, 15 de julio de 2019
«Superar la visión policíaca de la seguridad pública», por Federico PONCE ROJAS

Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa. Montesquieu

El estreno de la Guardia Nacional tuvo sus puntos oscuros y hasta una detención pírrica. En efecto, empresarios de Chiapas denunciaron la irrupción en hoteles de esta entidad, amedrentando a empleados y robos a huéspedes.

Por otro lado, su presencia en la alcaldía Iztapalapa con un patrullaje más allá de la disuasión, tuvo  su nota particular: “Guardia Nacional detiene a mujer armada con una pistola de municiones”



Paralelamente al arranque formal de la GN, la Policía Federal protestaba y se manifestaba en contra de su desmantelamiento. 

El presidente AMLO sentenciaba que esta fuerza policial estaba “echada a perder” y el presidente de la CNDH se pronunciaba: “No es posible que se estigmatice y descalifique en lo general a todas las policías e instituciones públicas vinculadas a la seguridad, procuración e impartición de justicia, así como a sus miembros”.

La Policía Federal desarrolló varias divisiones y no todas estaban echadas a perder (sic) podrían aprovecharse en el fortalecimiento de la GN, cuerpo militar-policiaco como ahora se le conoce, tales como las áreas de Inteligencia, Investigación, científica, etc., transición accidentada sin duda.

Fenómeno que se replica en la Procuraduría General de Justicia de la CDMX, que nomás no atina a procurar la anhelada justicia. Los temas de delitos patrimoniales no violentos están ignorados en su atención y son significativamente dañinos en la estructura inmobiliaria y financiera de la ciudad.

La transición a Fiscalía arrastra muchos vicios y anula las bondades del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y no puede ser excusa para su inaplicabilidad.

El combate a la delincuencia y a la inseguridad que hoy es el mal que mayormente angustia a los habitantes de nuestro país, se combate no solo con el uso de la fuerza, se precisa fundamentalmente la fuerza de la razón.

Los graves problemas en materia de inseguridad, impunidad y corrupción y la obsolescencia de las políticas para combatirlo, provoca  que las instituciones pierdan credibilidad y que la sociedad continúe su legítimo reclamo frente a la brutalidad de una violencia innecesaria.

La política criminal del gobierno mexicano debe encauzarse a mayor prevención y menor represión, las expectativas de la sociedad civil son mayúsculas y esperan medidas eficientes, eficaces y funcionales, coherentes con la anunciada “política de pacificación”.



Otro evento que movió las aguas del entorno político-Juridico fue la aprehensión del abogado Juan Collado;  será la gran prueba para este sistema de Justicia Penal.  La Fiscalía General de la República, además de ser “autónoma”, se deberá mostrar  eficiente, imparcial y ajustarse a los criterios y principios de este sistema.

Por lo que hace a la renuncia del académico Carlos Urzua a la cartera de Hacienda y Crédito Público; los diferendos entre miembros de un gobierno son cosa pública normal, pero alarma cuando esos diferendos van más allá y trastocan la economía de un país. El maestro Urzúa se re incorpora a la vida Académica.

Al respecto es preciso señalar que el  crecimiento económico además de una buena política pública requiere que se desarrolle dentro de un orden jurídico adecuado y de justicia independiente; no abonan a este propósito los arrebatos del  poder que agravien los medios que la ley concede para obtener seguridad jurídica.

Considerar la prevención del delito, fortalecer la educación y la cultura de la legalidad, la salud, el trabajo, la armonía social, el combate a la pobreza y a la corrupción, le dará otra visión a la política criminal del estado y permitirá superar la visión  “policíaca” de la seguridad pública.

No es entendible ni justificable acusar a las administraciones pasadas de los errores de hoy. A este respecto vale la pena recordar lo  recientemente expresado por la Canciller alemana Angela Merkel:

“Los presidentes no heredan problemas. Se supone que los conocen de antemano, por eso se hacen elegir para gobernar con el propósito de corregir esos problemas, culpar a los predecesores es una salida fácil y mediocre”.