Por Federico PONCE ROJAS, para SudAméricaHoy

La justicia consiste en el respeto espontáneo y mutuamente garantizado de la dignidad humana, cualquiera que sea la persona a que se refiere y en cualquier circunstancia y, sean los que fueren los riesgos a que su defensa pueda exponernos.

Proudhon

Nunca mejor aplicada la frase: «A mis amigos: justicia y gracia; a mis enemigos: justicia a secas», atribuida a Benito Juárez para tratar de entender lo que sucede en el ámbito de la procuración y administración de justicia en nuestro país, en razón de las acciones que a diario da a conocer el presidente de México AMLO en sus ya tradicionales conferencias matutinas.

El planteamiento que hiciera en su campaña AMLO respecto a su concepción de una cuarta transformación era llevar al país a un cambio de raíz como lo tuvo con los tres acontecimientos históricos: la Independencia, las Leyes de Reforma y la Revolución Mexicana.  Nuestra historia patria consigna de manera puntual las transformaciones que nuestro país fue sufriendo siempre con el objetivo claro de alcanzar la prosperidad, la igualdad, la libertad, la justicia, en suma, el bien común; cambios evidentemente sustanciales que históricamente le fueron dando la naturaleza de un estado de derecho sin perder su identidad.

La 4T resulta incongruente en el terreno de los hechos con los principios libertarios de independencia, de reforma y de la revolución que son el origen y el fundamento en la construcción de una democracia republicana; la justicia, la libertad y el derecho son divisas incanjeables en el desarrollo de una nación modelo con las legítimas aspiraciones de los mexicanos.

El movimiento de Independencia es el nacimiento de una nación soberana que buscaba en la concepción del estado la mejor fórmula para alcanzar el bien común.

La Reforma es el proceso de transformación hacia un estado laico durante un periodo doloroso para el país en el que se alcanzó un cambio social de una estructura política colonial e imperial posteriormente.

La Revolución Mexicana transforma al estado mexicano de manera sustancial y le da la personalidad de un verdadero estado de derecho con la promulgación de la Constitucion Política de 1917.

No se entiende el proyecto de la cuarta transformación, si las modificaciones propuestas, los arrebatos ejecutivos, y la docilidad exagerada del legislativo se hacen uno, vulnerando la identidad de la democracia republicana que como expresión soberana exige la conducción del buen gobierno.

Cada mañana los informes presidenciales nos conducen a nuevos rumbos pero pareciera que los puertos de destino no existen, que las rutas tomadas carecen de congruencia y que el agravio y acusaciones hacen presa de personas e instituciones a las que se les desconoce el principio sagrado de la presunción de inocencia.  La reforma constitucional que nos introdujo al nuevo sistema de justicia en junio de 2008 y que después de una «vacatio legis», entrara en vigor 8 años después, no ha dado los resultados apetecidos y más aún es cotidianamente soslayada por los arrebatos ejecutivos.

El dedo flamígero del presidente, que arroja acusaciones como diría Ortega y Gasset, “a tontas y a locas” somete a la soberanía a un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica en la que, por decir lo menos, condiciona el cumplimiento de las leyes a la consulta popular. Si existen elementos para encausar a persona alguna deben estar fundados y motivados y la acusación o querella es obligatoria para servidores públicos de cualquier nivel, cuando toman conocimiento de la probable comisión de un delito (así lo establecen las leyes de la materia) las fiscalías autónomas es a quienes corresponde ejercer las acciones penales en consecuencia.

En ese renglón cabe resaltar que la Fiscalía General de la Nación ha encontrado en el camino de la discreción y la eficiencia la forma adecuada de cumplir con sus obligaciones (el Fiscal General un profesional del derecho que desde hace varias décadas conoce las entrañas de la otrora PGR y que le apostó en su momento, a su transformación, entre otras acciones las de capacitación y profesionalización de su personal, cuando en 1974 impulsó la reforma a la Ley Orgánica de esta institución para darle prioridad a estas tareas).  No así, en el caso de fiscalías estatales o de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que inexplicablemente ha retrasado su “transformación” a fiscalía.  Esta institución sigue padeciendo los vicios y practicas mañosas de antaño ante la sordera y ceguera de los funcionarios encargados de la sensible procuración de justicia.

Es notoria la ineptitud, la inexperiencia y el desdén a las credenciales académicas y preparación de muchos servidores públicos y en su caso, a sus antecedentes como cuestionables servidores públicos, no sólo en el área de justicia, si no, como lo hemos apreciado recientemente en las tareas de ciencia,  tecnología, cultura y alta especialidad como las de telecomunicaciones y notoriamente en las delicadísimas responsabilidades de la industria petrolera.

Cualquier transformación por su naturaleza exige un cambio radical sin perder de vista, la identidad y la naturaleza de lo que se transforma.  ¡Es tiempo de rectificar!