Por Hugo COYA, para SudAméricaHoy

Para millones de personas alrededor del mundo, «Juego de tronos» es una novela y exitosa serie de televisión que se basa en la fantasía, con numerosos personajes bien detallados, la contraposición de puntos de vista de sus múltiples protagonistas y una trama con giros inesperados. Se afirma que su autor, George R.R. Martin, se inspiró en la Europa del Medioevo, donde abundaban las criaturas míticas que se han transformado en leyenda.

Pero «Juego de Tronos» podría no ser tan irreal como se piensa si se hace una revisión pormenorizada de la actual política peruana, aunque, eso sí, sin la parafernalia, los efectos especiales ni las vestimentas que acompañan este relato épico.

Políticos que han convertido sus tierras en lugares donde deciden la vida e incluso la muerte de sus ciudadanos, sus recursos, a quienes deben conceder parte de sus territorios o las obras públicas que se llevarán a cabo parecen apenas una ligera variación contemporánea de los siete reinos de la serie.

Y es que, cansados de décadas de siglos de centralismo, los peruanos celebraron alborozados la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización en el 2002, permitiendo a los ciudadanos que no viviesen en la capital que eligieran a 24 presidentes y consejeros regionales para que gestionasen sus multimillonarios recursos, sin depender exclusivamente del gobierno nacional basado en Lima.

Doce años después, la descentralización atrajo progreso y desarrollo en numerosas partes del país pero contribuyó a crear una generación de políticos locales que se han convertido, con el paso de los años, en auténticos señores feudales, decidiendo más allá del bien y el mal, la vida de las personas y los recursos de sus territorios con tramas que parecen extraídas de la serie.

El caso más escandaloso ocurre en Ancash, ubicada apenas a menos de 500 kilómetros de Lima. Su presidente regional César Álvarez está preso mientras es investigado por mandar asesinar a sus contrincantes, establecer una central para escuchar las conversaciones telefónicas de sus opositores, sobornar periodistas, fiscales y jueces así como crear una amplia red de corrupción para conceder obras públicas con la falta de control y complicidad de numerosos funcionarios y políticos nacionales.

Pero este no es el único presidente regional que no tendría nada que envidiarle al maléfico rey Jeffrey de «Juego de Tronos». Tras el encarcelamiento de Álvarez, el presidente regional de Pasco, Kléver Meléndez, ha sido detenido bajo la acusación de haber recibido 100,000 dólares en efectivo como soborno para entregar una obra pública a una empresa con derecho a video incluido.

También el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses y diez funcionarios de su administración se encuentran con orden de detención. Cinco ya han sido detenidos, pero Viñas y los restantes se encuentran como “no habidos”, un eufemismo jurídico peruano para decir que, simplemente, se esfumaron al darse la orden de captura.

Viñas y sus funcionarios están acusados de vender ilegalmente una extensa parte de una de las playas más hermosas del país, Punta Sal, a un precio ridículo para supuestamente desarrollar labores agrícolas y que acabaron, inexplicablemente, en manos de una poderosa cadena internacional de hoteles.

Otro presidente regional que se encuentra en la mira de las autoridades judiciales y cuya orden de captura sería inminente es el de Cajamarca, Gregorio Santos. Él está siendo investigado por conceder numerosas y millonarias obras públicas a un grupo de empresas vinculadas a un cercano colaborador.

La Fiscalía de la Nación también está investigando a funcionarios del gobierno regional de Arequipa por supuestos delitos cometidos en la construcción de una carretera.

Yván Vásquez, presidente regional de Loreto

Asimismo, el presidente regional de Loreto está bajo la lupa por denuncias acerca de obras de alcantarillado para dotar de agua potable a la ciudad de Iquitos y un estudio técnico sobrevalorado para la construcción en medio de la selva amazónica de una línea férrea que, por su inexistencia y poca probabilidad de ejecución, todos llaman el “tren fantasma”.

Es cierto que son seis y no siete como los reinos de la serie, aunque, al parecer, constituyen apenas las más recientes puntas del iceberg de la corrupción, un mal endémico enquistado en diversos estamentos del Estado peruano.

La política regional parece ser la nueva y gran heredera de la corrupción en otras esferas del poder y que han atravesado, solo por mencionar algunos recientes, los gobiernos de Alan García, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori. En el caso de Fujimori, la corrupción llegó a límites hasta ahora desconocidos no solo para los peruanos sino para todos los latinoamericanos, a pesar de la cíclica y arraigada costumbre regional en el estallido de este tipo de escándalos.

El Congreso peruano no es ajeno a este hecho y, por el contrario, se ha transformado desde hace largo tiempo en un lugar donde algunos políticos corruptos buscan cobijo o intentan formar grupos de protección para sus fechorías.

Es cierto que detrás de esta andanada reciente de denuncias contra los presidentes regionales existe la desconfianza de un sector de la población de que se estaría buscando limitar el proceso de descentralización, especialmente cuando falta algo más de cuatro meses para las próximas elecciones regionales y municipales en el país.

Sin embargo, más maquiavélico sería no investigar ni castigar a los corruptos para mantener el statu quo y así permitir que los inmorales sigan gobernando o preparándose para retomar el poder con la seguridad de que nada les pasará, a menos que un inesperado autor justiciero los desaparezca inesperadamente de la trama como en «Juego de Tronos».

Kléver Meléndez, presidente regional de Pasco

Gerardo Viñas Dioses presidente regional de Tumbes

Gregorio Santos, presidente regional de Cajamarca