Por HUGO COYA, para SudAmericaHoy (SAH)

En los últimos años, la mayoría de los ex presidentes de la república no descansan tranquilos ni se encuentran retirados, después de cumplir su periodo gubernamental y conducir un país tan complejo como el Perú. Sin embargo, aquello que les quita el sueño no es necesariamente su intención de continuar en la política para intentar una siempre posible reelección.

Hoy tres ex presidentes peruanos dedican gran parte de su tiempo a buscar sortear a la justicia. Uno de ellos se encuentra en la cárcel intentando salir y otros dos enfrentan graves denuncias de corrupción.

El caso más reciente es el escándalo desatado en torno al ex presidente Alejandro Toledo debido a la compra de dos lujosas viviendas por parte de su suegra. También a una extraña cancelación de las hipotecas de la residencia privada y de una casa de playa del ex mandatario a manos de un empresario peruano-israelí.

Todo esto realizado, además, a través de complejas transacciones financieras por medio de Ecoteva, una empresa off-shore con sede en Costa Rica.

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó, por esta razón, a Toledo con el delito de enriquecimiento ilícito junto a su suegra, Eva Fernenbug, una belga sobreviviente del holocausto sin fortuna conocida y que a sus 85 años, según Toledo, decidió invertir en el país de su yerno, comprando lujosas propiedades por un monto superior a los 17 millones de dólares.  

No obstante, Toledo, quien dirigió el país entre 2001 y 2006, ha calificado las denuncias como  “simples  especulaciones” que carecen de fundamento y asegura que forman parte de una campaña de desprestigio ante la posibilidad de volver a postular a la presidencia de la república en las elecciones del 2016.

Toledo, quien es catedrático de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y se dedica a dictar charlas alrededor del mundo, prometió que regresaría al país en la segunda quincena de octubre para acudir a la Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga las millonarias compras de inmuebles.

Algunos analistas políticos consideran que las denuncias han dañado tanto la credibilidad de Toledo que él, difícilmente, podrá convertirse en un candidato con posibilidades de victoria en los próximos comicios.

Sin embargo, no son pocos los casos en la historia peruana en que hechos como estos se han convertido en una catapulta para los acusados, confirmando una vieja tesis del acontecer nacional que asegura que ningún político está realmente muerto sino hasta que su féretro, literalmente, es depositado en un cementerio.

La mejor prueba reciente de esta premisa es el ex presidente Alan García, quien dejó el país sumergido en una de las peores crisis económicas de su historia en 1985 y resurgió de sus cenizas en el 2006 para regresar a Palacio de Gobierno.

Hoy García enfrenta también las investigaciones de una comisión especial del Congreso por supuestos actos de corrupción cometidos durante su último gobierno, el cual concluyó en el 2011.

Antes que Toledo, García también había sido cuestionado acerca del origen del dinero que le permitió adquirir una nueva residencia en una zona exclusiva de Lima por un valor próximo al millón de dólares. Él se justificó, aduciendo que esos recursos provenían, principalmente, de la remuneración que, según él, gana en una universidad y cuyo monto sería la envidia de algunos catedráticos de los más prestigiosos centros de educación superior del mundo.

No obstante, las investigaciones que enfrenta García se han concentrado en el manejo irregular de los fondos asignados durante su gobierno al programa denominado “Agua para Todos” así como gastos excesivos en la reconstrucción de colegios públicos que acabaron al poco tiempo en mal estado; la supuesta obstrucción a la justicia para que no investigue debidamente un sonado caso de espionaje telefónico y la concesión ilegal de miles de indultos a presos condenados por narcotráfico, a cambio de sobornos.

Una versión preliminar del informe final de la comisión del Congreso se filtró a la prensa hace unas semanas y desató la ira de García y los dirigentes de su partido, puesto que lo ponía contra las cuerdas, cerrándole virtualmente las puertas de una eventual postulación a la presidencia en el 2016.  Además, abría la posibilidad de que García y otros funcionarios de su gobierno tuviesen que responder por las denuncias ante los tribunales.

De inmediato, García recurrió al Poder Judicial y obtuvo un fallo que anula todas las investigaciones realizadas hasta ese momento por el Congreso, afirmando que se había violado el debido proceso y su derecho a la defensa.

El Congreso ya apeló y García asegura ahora que asistirá a declarar nuevamente, aunque ha puesto como condiciones que se cumpla el fallo que deja sin efecto todo lo investigado en su contra desde el 8 de marzo y que le entreguen a su defensa el expediente que aún está en reserva.

“Con gusto asistiré a la comisión, que se cumpla lo dispuesto por el juez y que mi abogado estudie los documentos y archivos”, escribió García en su cuenta de twitter.

A diferencia de García y Toledo, su antecesor Alberto Fujimori no lucha por no ser condenado sino por salir de la cárcel. Él cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, entre otros delitos, en un penal del cual es el único recluso y donde sus detractores aseguran goza de varios privilegios.

Incluso, recientemente, Fujimori, quien gobernó el país desde 1990 hasta el 2000 y fue extraditado de Chile tras refugiarse en Japón durante cinco años al verse acorralado por los escándalos de corrupción de su régimen, abrió cuentas en las redes sociales como facebook y twitter, las cuales viene usando para difundir sus pensamientos y criticar las acciones del gobierno del presidente Ollanta Humala que le negó el indulto que él solicitó el 10 de junio.

Esta semana, los abogados de Fujimori presentaron una solicitud a un juez supremo para que le permitan abandonar la prisión y cumplir su condena en casa. Pero el pedido parece tener pocas posibilidades de ser acogido.

“El Código Penal no permite que los sentenciados puedan tener un arresto domiciliario como medida comparada con una detención. El arresto domiciliario solo se da como alternativa a la comparecencia, cuando el imputado está en proceso y no tras la sentencia”, explicó el Fiscal de la Nación, José Peláez.

Paralelamente, su médico de cabecera y legislador por su agrupación, Alejandro Aguinaga, sorprendió  al sugerir que Fujimori sea liberado y se le permita cumplir su sentencia, usando grilletes electrónicos.

“Hay una ley de los grilletes, que no se reglamentó, esta ley justamente era para poder liberar a algunos sentenciados y que puedan cumplir la condena en una suerte de arresto domiciliario, allí hay un sustento legal, por lo que he escuchado de la defensa legal del ex presidente”, afirmó.

Una encuesta de la empresa GFK, divulgada hace menos de una semana, reveló que la situación de los ex tres presidentes genera un sentimiento de decepción en 57 por ciento de los peruanos y un 51 por ciento confiesa que siente vergüenza por ella; un 39 por ciento la rechaza y 28 por ciento se declara enfadado. El 70 por ciento se mostró a favor que todas las acusaciones contra los ex mandatarios se esclarezcan.

Parecen distantes, pues, aquellas épocas doradas en que los ex mandatarios peruanos acababan sus gobiernos y se convertían en autoridades morales de la nación, llegando incluso a ocupar un escaño en el Parlamento como senadores vitalicios.

Ahora, en medio de la incertidumbre que rodea a los tres ex presidentes, resulta imposible avizorar, en este momento, quién podría ser el sucesor de Humala ya que él no puede postular constitucionalmente a la reelección inmediata y ostenta, en las últimas encuestas, una popularidad menor al 30 por ciento.

Pero, como afirma Mario Vargas Llosa, “la incertidumbre es una margarita cuyos pétalos no se terminan jamás de deshojar” y los peruanos parecen acostumbrados a que lo único previsible en la política nacional sea lo impredecible.