Alan García, Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

Lima. Por Hugo COYA, para SudAméricaHoy (SAH)

Existe una gran diferencia entre aquellos que buscan la felicidad y quienes buscan la infelicidad de los demás para que ellos sean felices. La frase podría ser atribuida a cualquiera de los escritores de autoayuda como la chilena Pilar Sordo o el brasileño Paulo Coelho.

También se trata de Realpolitik, del actual momento que atraviesa el Perú a casi la mitad del periodo de cinco años del gobierno del presidente Ollanta Humala.

Los políticos peruanos –tanto oficialistas como de la oposición– no parecen empeñados en formar parte de ese primer grupo de personas que intenta encontrar la felicidad de sus ciudadanos sino en aprovechar los errores de sus adversarios, en una forma de canibalismo político que les permita mantener el statu quo o retornar al poder.

Los enfrentamientos son diarios y cada día más encarnizados, donde nadie perdona ni concede nada, en una versión realista y truculenta de la exitosa serie televisiva “Juego de Tronos”.

El país sigue exhibiendo orgullosamente cifras macroeconómicas que podrían causar envidia en sus demás vecinos latinoamericanos, gracias a una rígida política fiscal y una serie de masivas obras públicas viene mejorando la atrasada infraestructura, hechos que permiten que la mayoría de la población considere, según una reciente encuesta, que no padece problemas económicos.

No obstante, hay todavía un grueso número de peruanos que aún permanece en la pobreza. Incluso, en ocho regiones del país, el número de pobres se incrementó ligeramente el último año, de acuerdo a cifras oficiales.

Pero más allá de ese crecimiento económico que se arrastra dos décadas y un gravísimo clima de inseguridad ciudadana no resuelto, hay también algo que se expande como un cáncer mortal que amenaza el país: la incapacidad de construir una democracia realmente representativa con instituciones sólidas.

La más reciente muestra de esta terrible situación acaba de ser dada nada más y nada menos que por el Tribunal Constitucional (TC), institución que debía ser el principal guardián de las leyes en el país y que, paradójicamente, usurpó funciones al ordenar la reincorporación de un ex fiscal supremo, violando todo el ordenamiento legal existente en la nación de más de treinta millones de personas.

Y es que algunos magistrados del TC –al igual que numerosos jueces y fiscales- parecen menos interesados en aplicar la justicia que en impulsar el retorno del ex presidente Alan García al Gobierno en las elecciones del 2016. Así lo atestiguan sus controvertidos fallos que excluyeron, recientemente, a García de las investigaciones por corrupción durante su pasado gobierno que realizaba el Congreso.

Pero el gobierno tampoco se queda atrás en los desaguisados con la primera dama Nadine Heredia declarando, en una entrevista, que los ministros le consultan a ella acerca de su permanencia en el cargo y criticando abiertamente al ex primer ministro del gobierno de su esposo. Luego, arrepentida de sus declaraciones, ella -quien es considerada la figura más carismática y presidenciable del gobierno- usó métodos poco decorosos para intentar evitar que la entrevista fuera publicada.

Como si esto fuera poco, varios ministros están acusados de conflictos de intereses por sus vínculos entre sus actividades públicas y privadas.

En medio de ese complejo panorama, los simpatizantes del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori se frotan las manos al observar que su hija mayor Keiko encabeza las preferencias para los siguientes comicios.

Los fujimoristas aprovechan la mínima falla del entorno de Humala para criticarlo, obtener réditos y, de paso, dar supuestas lecciones de moral, a pesar de que el actual gobierno parece un bebé recién nacido en comparación con el régimen que encabezó su líder, al menos en cuanto a corrupción se refiere.

El ex presidente Alberto Fujimori

Los otros partidos -desde la derecha hasta la izquierda- se encuentran desacreditados y sumergidos en problemas internos y crisis de identidad, agravados por la presencia de líderes que aún defienden ideas del siglo pasado o antepasado que se resisten a entender que el país y el mundo han cambiado.

Este contexto abriría, según las últimas encuestas, el camino para que otra persona de apellido Fujimori pudiese retornar a Palacio de Gobierno y, de paso, acercaría la posibilidad de que el patriarca de la familia abandone la prisión donde se encuentra por violaciones a los derechos humanos y graves delitos de corrupción durante su régimen de una década.

¿Cómo explicar, entonces, que un país que crece económicamente no haya madurado políticamente a la misma velocidad?

Para los analistas, esto se debe a la ausencia de partidos que realmente funcionen e impida que la política sea tomada por asalto por corruptos y aventureros que se enriquecen usando la demagogia, el clientelismo y la escasa representatividad del actual sistema de Congreso unicameral.

Los partidos se han convertido en meras etiquetas que se pegan, despegan e intercambian de lugar en el espectro político, sin respetar ideologías y al margen de la voluntad de los ciudadanos. Después de alcanzar el triunfo, muchos dirigentes cambian de partido o de ideas sin el menor titubeo ni pudor.

Quizás esta encrucijada demuestre que, para los países, tener bonanza no sea necesariamente sea llenarse de grandes centros comerciales ni lujosas tiendas.

Entonces, la verdadera felicidad podría no estar a la vuelta de la esquina sino en la intersección entre una sólida democracia y una sana política económica. Lo demás podría ser tan ilusorio como un juego por conseguir un trono, el cual cambia de rostro sin cambiar, realmente, de manos.