domingo, 2 de diciembre de 2018
“Constitución y destrucción de Venezuela”, por Alex FERGUSSON

Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

Cuando en 1998 participé como miembro del equipo asesor de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el fallecido Presidente Chávez, estaba convencido de que habíamos elaborado un texto constitucional de avanzada y profundamente democrático, que hoy es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).
Pensaba que estábamos sentando las bases de una república decente fundada en buenas prácticas políticas, sociales, económicas y culturales, capaz de enfrentar con éxito, los males heredados.
La ilusión duró poco.
Unos años después, en 2007, el presidente convocó a los venezolanos a un Referéndum Consultivo para modificar la CRBV y crear el Estado Socialista de Venezuela. La propuesta inicial era modificar unos pocos artículos, pero luego terminó proponiendo el cambio de 69 de ellos.
La reacción de la gente fue rotunda y la reforma constitucional se rechazó. Se logró así, la primera derrota electoral de Chávez.
En 2009 el gobierno insistió en modificar la constitución, a través de una enmienda que permitiría la reelección indefinida del presidente, los gobernadores y los alcaldes. Esta enmienda a la Carta Magna se aprobó con un margen muy estrecho.
Para ese momento, ya se había configurado un sistema electoral manipulable, con el apoyo de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano)- para ese momento dominado completamente por el oficialismo-, y con el resto de los poderes públicos (Consejo Electoral, Fiscalía General y Tribunal Supremo), totalmente controlados por el partido de gobierno.
El talante dictatorial del gobierno se comenzaba a poner en evidencia.
En el 2017 el gobierno volvió por sus fueros y dio un paso ofensivo de gran envergadura. Convocó unilateralmente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), violando todo el ordenamiento jurídico existente y lo establecido al respecto en la propia CRBV, con el propósito de redactar una nueva constitución.
La elección de la nueva ANC, como muchos saben, no solo fue ilegal e ilegítima, sino que estuvo plagada de numerosas irregularidades: la alteración de la base comicial, es decir, quiénes y cómo se vota; sin observadores internacionales, sin testigos de la oposición; sin el uso de la tinta indeleble que permitía saber quién votó; con un gran despliegue represivo por parte de los colectivos bolivarianos y, finalmente, con una campaña abusiva, donde el gobierno violentó todas las normas de decencia.
Al final el CNE anunció que solo había votado el 41 % de los electores, pero todas las encuestas indicaron que la participación real estuvo entre el 12 y el 18 %.
Realmente una elección fraudulenta. Era de esperarse, entonces, que la comunidad nacional e internacional se negara a reconocerla.
No obstante, la ANC, pese al rechazo y las numerosas alteraciones inconsultas en su composición inicial -muchos de sus miembros son ahora funcionarios públicos, sin que se sepa cómo y por quiénes fueron sustituidos- continuó su proceso de elaboración de una nueva constitución para el país.
Recientemente, hace apenas un mes, comenzamos a enterarnos de los alcances de la propuesta que se traen entre manos, aunque el gobierno niega sistemáticamente que exista un “borrador” de la nueva constitución, y que ese proceso pudiera durar hasta cinco años.
El primer escándalo surgió con el rumor de que cambiarían el nombre actual de nuestra nación por el de “República Socialista de Venezuela”. ¡Menudo cambio!
Luego un documento de más de 160 páginas, que circuló no oficialmente, indicó que se crearon 22 comisiones de trabajo para redactar la nueva constitución, cuyos elementos principales son:
• La creación de un Estado Comunal, es decir, la sustitución de la estructura política actual por una con ocho regiones-provincias, en vez de los 24 Estados actuales, cada una controlada por un Vice-presidente, las Comunas sustituyendo a los Municipios y los Consejos Comunales en sustitución de las Parroquias.
• La limitación al derecho a la propiedad privada, la libertad económica, las ganancias y a la libertad de opinión
• El carácter constitucional de “el control social” (una especie de eufemismo del “control por parte del Estado” de todas las actividades públicas y privadas de personas e instituciones
• La penalización (conversión en delito y prohibición) de las manifestaciones y actos de protesta en sitios públicos.
• El carácter constitucional del “delito de terrorismo”, sin que se defina claramente el término “terrorismo”, con lo cual los límites de interpretación quedan a discreción del gobierno. Se sientan así, las bases para la legitimación de la represión en todas sus formas.
• La eliminación de los sindicatos obreros, los gremios profesionales y las ONG’s, así como de los Contratos Colectivos que se hayan firmado
• La eliminación de las instituciones de educación privada en todos los niveles educativos y de la autonomía de las universidades públicas, hoy adversas al gobierno
• La consagración constitucional de una doctrina “anti-imperialista” como guía de acción para las Fuerzas Armadas
Se trata, sin dudas, de un nuevo marco ideológico, al cual han contribuido de manera importante, los denominados “asesores políticos aliados” entre los que se encuentran, además del gobierno de Cuba, funcionarios del partido Podemos de España, varios de los cuales han trabajado para el gobierno desde el 2006 hasta la fecha.
Se trata, también y más importante, de una severa “torsión de brazo” al contrato social que la Constitución vigente significa para los venezolanos. De allí el rechazo que esta propuesta ha generado tanto en el ámbito nacional como internacional.
Por su parte, el gobierno insiste en presentar la nueva constitución en el mes de diciembre de este año o a comienzos del 2019, cuando el actual presidente tomará posesión de un nuevo mandato de 6 años. Se desconoce si el nuevo texto será sometido a aprobación popular en una votación universal, directa y secreta, como dice la ley, aunque algunos altos funcionarios han opinado que no sería necesario, pues la ANC tiene poderes plenos e ilimitados para aprobarla.
Mientras tanto, todo esto ocurre en medio de la más grande crisis económica y social que haya sufrido nuestro país, y por los datos disponibles, el propio continente y el mundo.
Estamos, entonces, ante el posible fin de la Venezuela que todos hemos conocido; ante el fin de la democracia!