Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

La dinámica política en Venezuela no deja de producir sorpresas.  En estos días el Gobierno anunció un “acuerdo” con sectores muy minoritarios –menos del 3% del electorado- de la oposición. Según ese acuerdo se procedería a designar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), a liberar presos políticos, a reintegrar a la Asamblea Nacional (AN) a los diputados de los partidos de gobierno que la habían abandonado, a convocar “elecciones” y a solicitar de la comunidad internacional el cese de las sanciones económicas impuestas. Es decir, buena parte de las propuestas que fueron presentadas por las partes en la Mesa de Diálogo en Barbados, con la mediación de Noruega, y de la cual el gobierno se retiró sin previo aviso.

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar y las descalificaciones tampoco.

Y es que ni el gobierno ni los “opositores” con los cuales negocia tienen la credibilidad necesaria para ser tomados en serio, salvo por las consecuencias de sus acciones.

¿Por qué se acuerda con este grupo lo que puedo haberse negociado en Barbados?

Hay más preguntas que respuestas, pero siempre podemos especular con base al conocimiento y la experiencia de las acciones y expectativas explícitas del gobierno, que siempre generan suspicacia.

1. Está clarísimo que llegar a estos mismos acuerdos en Barbados habría significado un compromiso que luego no podría ser eludido sin un alto costo político. Así que ese no era el momento y se requería ganar tiempo para continuar aplicando sus políticas populistas. No obstante, como quedaron en evidencia al abandonar el diálogo, parecía necesario lavarse la cara ante la comunidad internacional.
2. Cuando se va más allá de los discursos y se lee el texto del acuerdo establecido, se puede ver que cada uno de ellos tiene “coletillas en letra pequeña” que limitan el alcance de las propuestas: el cambio del CNE solo se refiere a los que tienen su período vencido; los presos políticos serán liberados de acuerdo con la causa de su detención y siempre y cuando sea procedente; las “elecciones” se refieren a la Asamblea Nacional y no serán presidenciales; la reincorporación de los diputados oficialista a la AN se realizará cuando proceda. Donde no hay letra pequeña es en la solicitud de poner fin a las sanciones económicas, cosa muy conveniente para el gobierno y para los que se han enriquecido a sus expensas.

Al mismo tiempo, el gobierno pone en marcha una campaña mediática muy intensa con la cual se pretende señalar/acusar al Presidente de la AN de traición a la patria en complicidad con sectores de paramilitares de las Defensas Unidas y el narcotráfico colombiano –el grupo denominado Los Rastrojos- para propiciar una intervención armada contra Venezuela y derrocar al gobierno.

A partir de estos elementos podemos especular.

Ciertamente, “ganar tiempo” es la primera opción, pues ya lo ha hecho antes con mucho éxito. Pero no puede ser solo eso.

Los analistas más radicales han señalado que se trata de la primera fase de una ofensiva más grande contra la AN, la cual podría aplicarse plenamente a partir de enero del 2020: desprestigiar al Presidente de la AN incluida la opción de acusarlo de traición y detenerlo; tratar de sabotear el funcionamiento de la AN y mermar su capacidad de respuesta; poner en dificultades a la oposición mayoritaria, al deber decidir si apoya a la AN o cede ante las “abrumadoras pruebas” de traición y complicidad; debilitar el apoyo internacional a alguien que está acusado de traición a la patria … El lector está en libertad de agregar otros componentes a este plan.

Por supuesto, no debe extrañarnos que la estrategia del gobierno incluya acusaciones de sabotaje por parte de la oposición y sus aliados internacionales a todas las “propuestas y acuerdos” celebrados, especialmente el de las elecciones, pues es un tema crucial.

Así estamos.

El tiempo nos dirá si los acuerdos del gobierno con la “oposición cooperante” son reales o solo Ruido de Fondo.