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Discurso de Gabriel Boric
Por Juan RESTREPO, para SudAméricaHoy
La condena del líder opositor venezolano Leopoldo López de acuerdo a la sentencia emitida por una jueza de ese país no ha sido una sorpresa para nadie. El juicio ha sido una farsa y su desenlace era previsible. Llama la atención el silencio cómplice de países latinoamericanos ante los desafueros de lo que en Venezuela se llama justicia, particularmente de Brasil, México y Argentina que, por su importancia, estarían llamados a levantar la voz ante la satrapía regional dirigida por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Tras un maratónico juicio de 71 audiencias a puerta cerrada, Leopoldo López ha sido condenado por la jueza Susana Barreiros a 13 años y 9 meses de prisión por su participación en las protestas de 2014 contra el presidente Nicolás Maduro. La jueza Barreiros ha encontrado a López culpable de diversos delitos entre otros asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio intencional.
Quien crea que es inapropiado calificar como una farsa este juicio, haría bien en prestar atención a algunos antecedentes. Y dosificar su interés con la paciencia que requiere el documento sonoro que acompaña a esta columna. Tiene casi una hora de duración pero vale la pena para hacerse una idea de cómo está la justicia en Venezuela y, de paso, cuál es la situación de derechos humanos en ese país.
La justicia en Venezuela dejó de ser independiente en junio de 2004 cuando el régimen aprobó una ley que amplió el Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados. Los nuevos jueces fueron elegidos por mayoría simple en una Asamblea Nacional dominada por el chavismo, con la consecuencia de que el Tribunal Supremo de Justicia quedó compuesto por una abrumadora mayoría de jueces leales a la coalición gobernante.
Pero veamos quién es Susana Barreiros. En el marco antes descrito sobre el ordenamiento jurídico venezolano, la señora Barreiros ejerce su cargo en condición de interinidad, es decir que puede ser removida en cualquier momento, y mucho más si se atreviese a promulgar una sentencia contraria a los deseos del Ejecutivo.
La interinidad de esta jueza se remonta al 12 de agosto de 2010, cuando le correspondió reemplazar a la juez 28 del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni, quien fue destituida por Hugo Chávez como le gustaba hacer al líder de la revolución bolivariana: en una reunión multitudinaria y durante la transmisión de su programa Aló Presidente.
La jueza Afiuni había ordenado libertad condicional bajo fianza del empresario Eligio Cedeño, quien huyó del país. Cedeño llevaba más de 3 años en espera de una sentencia firme y el auto de la jueza y la posterior fuga del empresario enfureció a Chávez, quien no solo ordenó la detención de la magistrada sino que emitió concepto sobre cuál debería ser la pena a pagar por la jueza, la máxima prevista por la legislación venezolana. Este episodio, además, habla bien a las claras de lo que ha sido la independencia de poderes en Venezuela en estos años.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), solicitaron la liberación de la magistrada alegando una «indebida interferencia política» por parte del Ejecutivo. Lejos de atender a estas llamadas, el régimen de Chávez mandó a la cárcel a la señora Afiuni en unas condiciones inimaginables para un país civilizado. Es fácil suponer la bienvenida que le dieron veinticuatro mujeres que ella, en el ejercicio de sus funciones judiciales, había condenado y con quienes tuvo que compartir reclusión.
La jueza Afiuni fue violada en prisión, quedó embarazada y hubo de abortar (al penal femenino tenían acceso regular miembros de la Guardia Nacional). Tiene en su cuerpo las señales que le dejaron las palizas recibidas y las torturas a que fue sometida con hojas de afeitar y cigarrillos apagados en su piel. Como consecuencia de una patada recibida en el vientre hubo de ser sometida a una operación de vejiga y su cuerpo sufre las secuelas del infierno pasado en prisión.
Hoy, la jueza Afiuni se encuentra en libertad condicional debiendo presentarse a un juzgado cada dos semanas, y con esa misma periodicidad acude a audiencias judiciales de un proceso más largo y tortuoso que el vivido por Leopoldo López, y tan plagado de irregularidades como el del líder opositor. En la última vista celebrada la semana pasada, el ministerio público llevó falsos testigos.
Los abogados de la señora Afiuni hacen cuanto está a su alcance para conseguir la libertad de su defendida, pero su suerte parece echada. Leopoldo López por lo menos tuvo hasta esta semana la esperanza de ser absuelto por la jueza Barreiros. A la jueza Afiuni la condenó directamente el comandante eterno y eso si que no tiene tribunal de apelación.
Oiga, si le parece, el testimonio de su propia voz.