Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)

Sin justicia no hay República, no hay democracia, no hay nada.

“Esto no es un juicio, sino un paredón de fusilamiento. ¿Qué sentido tienen debate oral y público si solo se admiten las pruebas de la Fiscalía para incriminarme y ninguna de las promovidas por nosotros para demostrar que el llamado a conquistar la democracia no constituye delito? Es absurdo. De nuevo se verifica la naturaleza política de este proceso y es necesario que todo el mundo lo sepa”, afirmó el líder de Voluntad Popular Leopoldo López quien ya completa casi 6 meses en la cárcel y a quien la jueza del Tribunal 28° de Juicio, Susana Barreiros, negó la admisión de pruebas para su defensa.

El juicio a Leopoldo López comenzó el pasado 23 de julio y tuvo su segundo episodio el pasado 5 de agosto pero fue diferido debido a una “pequeña confusión” relacionada con la presentación en el tribunal de tres estudiantes. En esa audiencia preliminar el tribunal consideró que López debía ir a juicio y desestimó la incorporación del testimonio de 70 personas en defensa del político opositor. López está siendo procesado por los delitos de: instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir, en los hechos violentos que tuvieron lugar el pasado 12 de febrero. Ese día hubo destrozos, enfrentamientos con la fuerza pública y un saldo de 3 muertos. Sería el inició de la ola de protestas que se extendió durante cuatro meses y dejó un balance oficial de 43 muertos y cientos de heridos.

En el proceso contra López y 4 estudiantes por el 12 de febrero, se consideran como víctimas, el Estado venezolano, representado en la Fiscalía general, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas y la colectividad en general. Lo anterior quiere decir que la Fiscalía es juez y parte, a la vez que investiga, es acusador y es víctima, “los testigos que la Fiscalía está presentando son los mismos funcionarios de la institución”, según afirmó el abogado de López, Juan Carlos Gutiérrez.

López durante una intervención previa a su detención

Quienes presenciaron los hechos del 12 de febrero han señalado que, cuando llegó López a donde se congregaban los manifestantes frente a las instalaciones de la Fiscalía, estaba encima de una camioneta y con un megáfono en la mano llamando a la protesta pacífica y no violenta, pidió silencio pero solo algunos lo siguieron, por lo que al menos en ese momento pareció poca la capacidad persuasiva de López sobre los manifestantes que atendieron más a la líder estudiantil Gabriela Arellano. Minutos más tarde, López abandonó el lugar y no estuvo presente cuando empezaron los disturbios y ataques contra la sede de la Fiscalía.

Lilian Tintori, esposa de López, muestra una virgen a su llegada a la audiencia. Foto. Miguel GUTIÉRREZ (Efe)

Susana Barreiros -jueza 28ª- justificó su posición esta semana con el argumento de que la admisión o rechazo de las pruebas que presentan las partes, es una potestad de los tribunales de control y no de los tribunales de juicio. Es decir y según esto, escapa de su función. La defensa de López también había pedido ante el Tribunal 28° de Juicio un cambio en la calificación jurídica de los hechos por los cuales se le acusa, como efecto extensivo de la decisión que había tomado la jueza 16ª de control, Adriana López. Esa posibilidad también fue negada y por consiguiente, Leopoldo López seguirá en prisión. López y Cristian Holdack, siguen detenidos, en tanto que, Marco Coello, Ángel de Jesús González y Demian Martín, estudiantes también procesados por esos hechos, están en libertad condicional.

La próxima sesión del debate oral y público se fijó para el 28 de agosto a las 13:30 horas. Ese día comenzará a evaluarse las pruebas y los testimonios, López está involucrado en un juicio con 142 pruebas en contra, las que promovió la Fiscalía, y solo una a su favor, debido a que casi la totalidad de las que promovió su defensa fueron rechazadas. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor, no descarta acudir  al Tribunal Supremo de Justicia con la intención de que se corrija ese desequilibrio. En días pasados había denunciado que la juez Barreiros admitió las 56 pruebas de la Fiscalía pero no permitió los 70 testigos presenciales y los 15 videos que pueden demostrar la inocencia del acusado. “¿En qué caso criminal de la historia del mundo se niegan los testigos presenciales de un hecho?”, por lo que pidió recusar a la juez.

Otro hecho sobre el que no hay claridad tiene que ver con las “evidencias” de la parte acusadora, una de ellas, “un estudio del discurso de López hecho por un analista que, afirman, milita en el partido del gobierno PSUV” en el que concluye: “La fuerza discursiva y el ascendiente del ciudadano Leopoldo López como político es incuestionable, pues él ha fungido como el catalizador de molestias sentidas por una parte significativa de la población venezolana; de allí que lo que él diga o pueda transmitir a su audiencia sea transferido efectivamente, tanto, que sus destinatarios se sienten animados a seguir, en acciones, lo que éste les indica que deberían hacer, aunque no les explique claramente”. Sin embargo, no es la primera vez que desde el chavismo se acude a ese argumento. Lo utilizó en el pasado Hugo Chávez que, como es sabido, impartió órdenes a la justicia para condenar opositores. Nicolás Maduro, su hijo político y sucesor, siguió el ejemplo, concediendo que López es una ficha de los gringos que tiene una visión mesiánica que “embasura”, “envenena” y “enloquece” a la gente. “Tiene que pagar ante la Justicia y va a pagar ante la Justicia”.

Con la llegada de Hugo Chávez al poder tomó fuerza el concepto de democracia participativa, entendiéndolo de forma apresurada y con excesivo optimismo como el estadio siguiente de la muy denostada democracia representativa. Pasados los años, tener que volver a los conceptos debido a la complejidad que supone interpretar y entender la realidad venezolana indica que algo está fallando y que cada vez es más difícil pensar o estudiar a Venezuela como una democracia, entendiendo que ésta, supone condiciones  más allá del acto de votar.

Habrá que decir, en ese sentido, que una democracia precisa de instituciones fuertes y sólidas, de pesos y contrapesos, de poderes independientes. El hecho de que exista un poder judicial obediente y sometido a la política y a la voluntad de quien gobierna permite establecer el grado de enfermedad que padece el sistema. Un país en el que el sistema judicial no está en condiciones de garantizar el debido proceso de sus ciudadanos debería llamar la atención y despertar la solidaridad no sólo de quienes padecen el rigor de un régimen de tinte totalitario fronteras adentro, también de los países de la región que en una posición cómoda y obsecuente han sabido guardar silencio o en los peores casos apoyar a viva voz al gobierno venezolano y su abuso de poder.  Sin justicia no hay República, no hay democracia, no hay nada.