Por Alejandro J. LOMUTO

Se cumplen tres años del día en que Nicolás Maduro asumió como presidente de Venezuela. Ni para él ni para los venezolanos es un cumpleaños feliz. Tanto la oposición como sectores del propio chavismo maniobran para que no complete su mandato. No parece justo cargarle toda la cuenta: el 19 de abril de 2013 la crisis del país ya estaba desatada, por más que los síntomas aún no fueran tan evidentes. Pero desde entonces no hubo tregua y el mandatario contribuyó en gran medida a acelerar un deterioro que no se limita a lo económico sino que se extiende también a lo institucional y lo humanitario.

Maduro heredó de Hugo Chávez un modelo productivo basado casi exclusivamente en la renta del petróleo ‒lo que obliga al país, en condiciones normales, a importar entre 60 y 70 por ciento de lo que consume‒ y una casi absoluta falta de inversión en obras y mantenimiento de infraestructura, incluso la necesaria para explotar el crudo.

También recibió una significativa escasez de divisas, debida a tres factores: el estricto control cambiario establecido en 2003 ‒que a su vez provocó la aparición de un mercado paralelo de cambios y un entonces incipiente desabastecimiento de productos de consumo‒; la asignación de buena parte de los ingresos al financiamiento de la diplomacia regional, y el desvío de al menos 60.000 millones de dólares a través de las llamadas «empresas de maletín» (sociedades fantasma).

La insuficiencia de divisas ‒el gobierno no liquidó la mayoría de las necesarias para pagar a proveedores o contrapartes del exterior, aun cuando en esos casos hubiera autorizado la compra‒ rompió la cadena de pagos y los acreedores perdieron la paciencia. En 2014 las líneas aéreas internacionales redujeron drásticamente sus frecuencias a Caracas y desde entonces envían aviones con menos plazas. Las siete ensambladoras de automotores radicadas en el país produjeron en 2015, en conjunto, menos vehículos que en 1962 ‒año de la instalación formal de ese sector industrial‒ y en el primer trimestre de este año terminaron 85,7 por ciento menos de unidades que en igual lapso del año pasado, según la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez). En los últimos meses, empresas de telefonía dejaron de prestar servicios de larga distancia internacional y roaming y operadoras de televisión por cable eliminaron señales extranjeras de sus grillas de programación, según un informe reciente del sitio web Analítica que advirtió que por el mismo motivo es probable que próximamente se corten algunos accesos a internet. 

Desde 2013 el desabastecimiento se multiplicó y con él se dispararon la inflación y el «bachaqueo» (mercado negro). La escasez general saltó de 20 por ciento en marzo de 2013 y 28 por ciento en marzo de 2014 ‒último dato oficial publicado‒ a 87 por ciento actualmente, según consultoras privadas. Y la de medicamentos era la semana pasada de 85 por ciento en farmacias y 95 por ciento en hospitales, según afirmó el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León.

A la vez, la inflación anual creció de 29,4 por ciento a marzo de 2013 a 180,9 por ciento a diciembre de 2015, según el Banco Central de Venezuela (BCV), y el Fondo Monetario Internacional (FMI) la estimó en 1.600 por ciento a diciembre de este año. El mes pasado, el salario mínimo cubría apenas 7,9 por ciento del costo de la canasta básica alimentaria, según el relevamiento habitual del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). La tasa de pobreza aumentó de 21,2 por ciento a fines de 2012 a 27,3 por ciento a fines de 2015, según datos oficiales, pero un reciente informe de la revista Gatopardo sostuvo que saltó de 20 por ciento “en el mejor momento de Chávez” a 73 por ciento en la actualidad.

El gobierno respondió a la crisis económica con medidas que se revelaron ineficaces, tales como dejar de publicar estadísticas oficiales, promover una Ley de Precios Justos que limitó la rentabilidad empresaria y obligar a los comercios de electrodomésticos a liquidar existencias que no pudieron reponer.

Con frecuencia, Maduro culpó por la situación a una supuesta “guerra económica” provocada, según él, por un complot con bases en Colombia, España y Estados Unidos. A este último país lo acusó también de haberle “inoculado” el cáncer a Chávez. El diario El Nacional contabilizó este domingo 105 denuncias de conspiración hechas por el mandatario en sus tres años de gobierno. La última fue este sábado y dijo, como tantas otras veces: “Guerra económica, acoso imperialista, amenaza de intervención extranjera, golpe de estado, amenaza de magnicidio en mi contra”.

De hecho, entre los 79 entes que creó durante su gestión figura una Unidad de Inteligencia contra la Guerra Económica (26/8/2014). Antes había instalado, entre otros, el Viceministerio de la Suprema Felicidad Social del Pueblo (25/10/2013) y el Comité Patria Preñada (8/3/2014, para llevar adelante un programa materno infantil).

Asimismo, cuando Maduro asumió hacía años que Venezuela sufría periódicamente grandes apagones debidos, según diversos especialistas, al estado crítico de la infraestructura. En los últimos meses, la combinación entre la matriz energética venezolana ‒70 por ciento de la electricidad que se consume es generada por una sola usina hidroeléctrica, El Gurí‒ y las grandes sequías provocadas por El Niño causaron otra crisis. El gobierno respondió obligando a los centros comerciales a no consumir electricidad de la red durante cuatro horas por día y declarando no laborables los días hábiles de la Semana Santa, todos los viernes de abril y mayo, y ayer lunes, víspera del Día de la Independencia, con el previsible impacto que esas restricciones causan en una productividad ya debilitada.

Además falta en Venezuela papel para imprimir periódicos, pero el gobierno ‒que también ese negocio controla‒ se encarga de que el problema no pese igual para todos. No existe o es mínimo para las publicaciones oficiales y oficialistas, entre las que se encuentran medios tradicionales que cambiaron de propietarios alrededor de 2013. En cambio, es severo para aquellos independientes, como El Nacional, El Carabobeño, El Correo del Caroní y El Impulso, que debieron cerrar suplementos y reducir sus cuerpos principales, o Tal Cual, que directamente dejó de circular impreso y se mantiene en internet.

Con todo, las dificultades no son solamente económicas. En el campo diplomático, a la conflictiva relación con Estados Unidos ‒sin embajadores desde 2008, el año pasado Washington declaró a Caracas “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad‒, Maduro sumó en 2015 problemas con dos de sus vecinos. Con Guyana, al incluir en una “zona marítima especial” el territorio que los dos países se disputan, reactivó un antiguo conflicto que ambos habían acordado encaminar bajo la órbita de la ONU. Y con Colombia cerró la frontera y expulsó a miles de colombianos en operativos que también fueron objeto de denuncias de violaciones de derechos humanos.

Aumentó el delito común, de 21.692 homicidios en 2012 a 27.875 en 2015, según datos del Observatorio Venezolano de Violencia, y generó un nuevo subproducto: los linchamientos de delincuentes o presuntos delincuentes. El Ministerio Público ‒controlado por el chavismo‒ informó que investiga dos casos de 2015 y 24 de este año, con 20 muertos y 17 lesionados en total, pero solo en los municipios caraqueños Chacao y Sucre se registraron 32 y 18 en 2015 y 12 y nueve en lo que va de 2016, según sus autoridades.

Por otra parte, Maduro se vio a menudo tironeado entre las diversas corrientes del chavismo y tuvo con sus adversarios una relación conflictiva desde el principio, acaso originada en el ajustado resultado oficial de la elección que lo consagró, que la oposición nunca terminó de reconocer.

Diosdado Cabello

Uno de los momentos más tensos con la oposición tuvo lugar entre febrero y junio de 2014, cuando protestas cotidianas y su represión dejaron 43 muertos y 873 heridos ‒la mayoría de las víctimas, estudiantes opositores‒, además de 189 investigaciones por denuncias de violaciones de derechos humanos, según datos oficiales. Por esas protestas fueron encarcelados casi todos los 76 opositores que están presos, la mayoría sin sentencia y muchos de ellos sin proceso. A ellos se suma otro centenar de personas procesadas por causas políticas.

A comienzos de 2015 el gobierno decretó que las fuerzas armadas podrán recurrir al “uso de la fuerza potencialmente mortal” en manifestaciones de protesta, con el objeto de “evitar los desórdenes”. Y el mes pasado, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, ordenó a las instituciones militares que entre abril y mayo realicen un programa de “entrenamiento especial de orden interno”. Según Anthony Daquin, quien fue asesor de seguridad de Chávez, se trata del mismo plan diseñado para la eventualidad de un conflicto bélico con Colombia. “Lo que se ha hecho es adaptarlo a la situación interna de Venezuela”, dijo. Paralelamente, la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, afirmó que durante 2015 se registró un “aumento brutal de la tropa alistada y profesional”, incorporada luego de un “curso exprés”, y concluyó que “claramente se ve como algo sistémico ante la posibilidad real de explosiones sociales y alteraciones de otro tipo”.

El otro pico de tensión se vive desde que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) opositora tomó en enero pasado el control de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) y ello desató un conflicto de poderes en el que el Legislativo y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, controlado por el chavismo) se vetan y se desconocen decisiones mutuamente.

La MUD ya anunció que busca poner fin anticipado al gobierno de Maduro mediante tres recursos legales: la promoción de un referendo revocatorio, la sanción de una enmienda constitucional que acorte su mandato y las protestas callejeras con el fin de forzar su renuncia.

Paralelamente, tres sectores dentro del chavismo ‒encabezados por Padrino; el anterior ministro del Interior, general Miguel Rodríguez Torres, y el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, que además compiten entre sí‒ comenzaron a maniobrar para tomar el control del gobierno y eventualmente suceder a Maduro, según reveló la semana pasada el diario estadounidense El Nuevo Herald.

Mientras tanto, Maduro tampoco está a salvo de sospechas de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero. En enero de este año, despidió de los dos cargos que desempeñaba en el gobierno ‒tesorero nacional y vicepresidente de Finanzas de la petrolera estatal PDVSA‒ a Carlos Malpica Flores, sobrino de la primera dama, Cilia Flores, sospechado por lavado de activos en Panamá. Dos meses antes, otros dos sobrinos de Cilia, Efraín Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, fueron detenidos en Haití por la DEA, acusados de haber intentado traficar 800 kilos de cocaína, y están presos y procesados en Nueva York. Campo Flores también está sospechado en el caso de Malpica Flores en Panamá.