«Pienso que es indispensable que se sepa quiénes son los dueños de este periódico, así se despejarán las dudas que hay sobre la posibilidad -nefasta si así fuera- que el régimen le haya puesto la mano. No se trata de que alguien con simpatías chavistas no pueda ser dueño de un medio de comunicación; el asunto es que lo sean el Gobierno o personeros del Gobierno por interpuesta persona, o miembros de la boliburguesía corrupta, que no se atrevan a dar la cara”, Carlos Blanco, columnista de El Universal hasta hace pocos días.

Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)

Reina el conveniente silencio frente a la operación de venta de uno de los diarios más importantes de Venezuela, se sospecha de testaferros «boliburgueses» en dicha maniobra que deja grandes sombras sobre su legalidad. Se avanza así y a pasos agigantados, en la revolución mediática y la hegemonía comunicacional del régimen chavista.

Profundizar la revolución

La revolución bolivariana, que no fue tal aunque lo quiera, busca su expansión y profundización, también en términos mediáticos. No tan lejano es el episodio acaecido en 2007 con Radio Caracas Televisión, RCTV, a la que el gobierno de Hugo Chávez no le renovó la licencia siendo la cadena más antigua de Venezuela, pero han sido múltiples los abusos y atropellos del chavismo con los medios y los periodistas desde la llegada de Chávez al poder. Diferentes organizaciones locales e internacionales han llamado la atención por más de una década, sobre las restricciones y limitaciones tanto para el ejercicio del periodismo libre y la opinión crítica, como para las empresas de medios en el país.

El panorama tras la muerte de Chávez, lejos de mejorar, empeoró. El acoso desde el gobierno de Nicolás Maduro, la injerencia del chavismo en todas las esferas del poder político y de la vida pública, permiten pocas opciones para disentir y cuestionar al poder en su accionar antidemocrático o en ocasiones mafioso e ilegal. En los últimos 14 meses han sido vendidos 9 medios privados y otros 10 fueron cerrados. El drama no termina ahí.

El desafío es constante para los medios impresos. Durante este año, debido al control cambiario, no se les ha permitido adquirir divisas para importar papel, con lo que han debido eliminar un porcentaje significativo de sus páginas y reducir la edición de sus contenidos. Algunos diarios internacionales conmovidos con tan penosa situación han enviado papel a Venezuela, pero lo cierto es que es un bien escaso en el país y como tal ha tenido que ser racionalizado.  Le llaman “revolución mediática” y por supuesto hace parte de la gran estrategia comunicacional del régimen populista que gobierna Venezuela.

El gobierno aumentó los presupuestos para los medios oficialistas y ha procurado esfuerzos en materia de innovación y actualización tecnológica, adquisición y creación de nuevos medios. También lo hizo con medios comunitarios y alternativos, que no lo son en estricto sentido pero suena incluyente, participativo y popular, aunque en la realidad se trate de un complejo de medios “paraestatales o parapúblicos” que funcionen como maquinaria de propaganda y a merced del oficialismo.

De los medios vendidos en el último año, los más relevantes han sido: Globovisión, la Cadena Capriles y el periódico El Universal. Algunos fueron comprados al menos públicamente por empresas extranjeras, algo que, de entrada, no está permitido, pues el Decreto N° 2095 del 13 de febrero de 1992 señala en su artículo 26 : “Quedan reservados a las empresas nacionales los siguientes sectores de la actividad económica: a) La televisión y la radiodifusión; los periódicos en idioma castellano”.

Foto. Efe/boris VERGARA

Globovisión era un canal crítico del accionar gubernamental donde también tenía espacio la oposición. Fue comprado a mediados de mayo de 2013 por empresarios cercanos al chavismo, dueños de Seguros La Vitalicia: Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo. Por supuesto, el cambio de propietario, trajo un cambio en la línea editorial y con la decadencia y obsecuencia, vino la renuncia de destacados periodistas del canal. A comienzos de abril de este año, ocurriría un hecho notable, el periodista Reimy Chávez renunciaba cuando hacía una transmisión en vivo.

En lo que respecta a la Cadena Capriles, un importante conglomerado de medios, compuesto por Últimas Noticias, El Mundo Economía y Negocios, Revista Dominical y Líder en Deportes, fue adquirida por una empresa llamada Latam Media Holding a finales de mayo 2013. Carlos Acosta López es el actual presidente de la cadena. Lo curioso de este caso es que la empresa que compró el conglomerado pertenece a “Hanson Group”, Hanson Asset Management, es una empresa pequeña, sin trayectoria y de recursos limitados que está ubicada en Londres.

De otra parte, un portal Web, Noticias 24,  que antes era crítico del gobierno, pasó a hacer una cobertura oficialista. El hecho se puso en evidencia cuando el presidente Maduro corrigió en vivo un titular y la página, en tiempo real, hizo el ajuste, según solicitó el mandatario, quien celebró la modificación. ¿La explicación? El portal fue vendido a un funcionario del gobierno venezolano durante el segundo semestre de 2013. Con este portal ocurrió lo que viene pasando con los diferentes medios que interviene de una forma u otra el gobierno, ven disminuida la cantidad de receptores. La caída se produce por la alineación del medio con el gobierno.

La estrategia tiene elementos comunes con lo que se ha visto en Ecuador o Argentina, pero llevada a un nivel mucho peor. El mundo presenció la salida del aire de NTN24 el pasado 13 de febrero y fue testigo de la negativa a entregar credenciales de prensa al equipo de CNN para cubrir las elecciones locales. En este escenario, la presión sobre el canal Global TV lo sacó de las cableoperadoras Inter y Net Uno en agosto del año pasado, Conatel sometió a revisión su programación sacando algunos programas, este era el único canal que transmitía un programa del excandidato presidencial Henrique Capriles.

En cuanto a los diarios, por la falta de papel, se vieron obligados a cerrar: «El Sol de Maturín», «Antorcha», «Caribe», «La Hora», «Versión Final», «Los Llanos», «Diario de Sucre», »El Guayanés», «El Expreso» y «Notidiario». El Nacional y TalCual con Miguel Henrique Otero y Teodoro Petkoff, resisten pero no son menores las dificultades a las que se ven expuestos cuando el poder se empeña en callar las voces que lo critican y cuestionan. No sólo es la falta de papel, la caída en la pauta, obligó a El Nacional a disminuir tanto sus páginas como su personal.  El panorama es poco alentador.

El caso más reciente de El Universal, un periódico con una trayectoria mayor a los 100 años, es emblemático. Fue semanas atrás, a comienzos de julio, cuando se realizó la venta del diario a un grupo que se sospecha cercano al gobierno. Hace meses se especuló incluso que había sido adquirido por Tareck El Aissami, una de las cabezas visibles del PSUV, gobernador del estado Aragua y “chavista radical”, como él mismo se define, pero el funcionario tomó con humor el episodio sin confirmar, ni desmentir la versión. Meses más tarde se habló de una operación de testaferros pero finalmente se supo, al menos públicamente, que el diario fue adquirido por una empresa española. Algunos se preguntaron si esa compañía tendría alguna cercanía con los amigos españoles del régimen venezolano como son los notables miembros de Podemos, Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero, pero hasta ahora no hay indicios que lo confirmen.

¿Qué se sabe de la empresa española que compró el diario?

En realidad no mucho. «Epalisticia es una empresa de inversiones, con base en Madrid, que centra su actividad en áreas como el petróleo, bienes raíces y medios de comunicación». La venta del diario fue por un valor de 122 millones de dólares, 90 millones de euros. Tras la operación de venta pactada en Madrid, se conoció que dos directivos de la empresa, Eduardo López de la Osa y José Antonio de la Torre, quienes «después de investigar el mercado venezolano durante más de un año y sopesar diversas opciones, tanto en medios, como en otras áreas, se inclinaron por la empresa que le ofreció mayores y mejores potencialidades de desarrollo», constituyeron una sociedad en agosto de 2013, con el objeto social de la compra, venta, alquiler, parcelación y urbanización de solares, terrenos y fincas. Tres meses después el objeto social de la compañía se amplió a «la inversión en y administración de medios de comunicación, en especial, en mercados emergentes, con el fin de desarrollar nuevos modelos de digitalización de noticias nacionales e internacionales, procurando abarcar de forma plena la audiencia latinoamericana», pero de los inversores en Epalisticia -¿compañía fachada?- nada se sabe aunque El Universal informó que la empresa española «se creó con el propósito de adquirir» el diario.

Según registros oficiales, la empresa tiene un capital social de solo 3.500 euros, pero “en mayo de 2014 otra empresa (Tecnobreaks INC) compró la totalidad de las acciones para convertirse en el único dueño”, según afirmó el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure. ABC de España fue más allá y advirtió que la compra de «El Universal», sobrepasó la opacidad para instalarse en el surrealismo: “El cien por cien de las acciones de Epalistica S.L., la empresa española que ha adquirido el medio de comunicación caraqueño, pertenece a una sociedad pantalla panameña, Tecnobreaks Inc. El dueño de esta compañía y, por lo tanto, propietario «oficial» de «El Universal» es Carlos Odín Velasco, un venezolano afincado en Panamá que niega estar detrás de la operación. Asegura que su empresa ha sido utilizada y que él no tiene ni una mínima parte”. Por su parte la firma española se niega a revelar la identidad de los inversores alegando «cláusulas de confidencialidad».

El nuevo presidente del diario, el ingeniero venezolano Jesús Abreu Anselmi, administrador y ex directivo del desaparecido banco local Latino intervenido en 1994, aseguró que la línea editorial del diario no cambiaría. El grupo comprador dijo que «no tiene ninguna vinculación» con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y garantizó que la línea editorial «no va a ser cambiada». Asimismo, aseguró que todo el personal (850 personas) seguiría trabajando de la misma manera como lo venía haciendo. Los medios también destacaron que quien ahora funge como director del diario, curiosamente, hace 16 años fue denunciado como prófugo de la Justicia venezolana en esas mismas páginas.

La declaración de buenas intenciones duró poco. En agosto se produjo el despido, censura y renuncia de columnistas opositores y críticos del gobierno, como Marta Colomina, tras la “reestructuración completa de la sección de opinión”. La censura alcanzó incluso a la emblemática caricaturista del diario conocida como Rayma. Algunos de los censurados y despedidos: Dámaso Jiménez, Orián Brito, Néstor Luis Alvarez, Per Kurowski, A Tailhardat, Carlos Blanco, Axel Capriles, Ismael García (dirigente político) y Miguel Ángel Santos. Luis Izquiel, informó a través de su cuenta de Twitter que su artículo “Chavismo, narcotráfico y militares” que debía salir el domingo pasado en el diario fue censurado por el nuevo director.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) contó hasta el domingo pasado 28 articulistas que dejaron de publicar en el rotativo. El diario señaló que: «en los últimos días se presentó una serie de inconvenientes en la muy importante sección Opinión de El Universal a partir de la entrada en vigor de nuevas normas para el tratamiento de los artículos» y que «si los contenidos violan el código de ética, el periódico se abstiene de publicar el texto», al amparo de tal normativa «proscriben las ofensas personales, el descrédito, las falsas informaciones, las mentiras, el irrespeto y los juicios morales». Ese argumento del «manual de estilo» dado por El Universal para no publicar algunos artículos es un «subterfugio para un mecanismo que básicamente es un cambio de la línea editorial», afirmó Carlos Correa, director ejecutivo de la ONG Espacio Público, que se dedica a la protección de los derechos de los periodistas y la defensa de la libertad de expresión.

Hay consenso respecto a la opacidad de la operación en que se produjo la venta del diario. Por tanto, es válida y legítima la preocupación respecto a que se trate de una adquisición política destinada a profundizar el silenciamiento de las voces críticas en el país, con mayor razón si el director es amigo del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Sobre este episodio, Andrés Cañizález investigador de la Universidad Católica Andrés Bello y presidente de la Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación INVECOM me comentó: «la venta de El Universal se inscribe en una lógica nueva, dentro de la misma política que apunta a una hegemonía mediática por parte del gobierno de Maduro, en continuación con lo que hizo Chávez. El chavismo, en tanto proyecto político que intenta dominar el espacio público suprimiendo la disidencia pública, ha descubierto un nuevo mecanismo: en lugar de cerrar medios -que tiene un alto costo político (como caso RCTV)- los compran a través de figuras nada transparentes como en este caso».

Es cuando menos preocupante que el jefe de Información del diario, Elides Rojas, un destacado periodista crítico, afirmara que a partir de la nueva administración no dependerán de la concesión de divisas para importar papel porque comprarán los dólares en el mercado paralelo. ¿Cómo sostenerse y ser una empresa viable a ese costo? En el camino pueden darse algunas acciones de duduso proceder ¿Cabe pensar en lavado de dinero? ¿Es creíble y es viable que una empresa de inversiones, con base en Madrid, que centra su actividad en áreas como el petróleo, bienes raíces y medios de comunicación, «luego de investigar el mercado venezolano durante más de un año» concluya que es beneficioso apostar en Venezuela al periodismo independiente desde una perspectiva de negocio? ¿Es prudente realizar una inversión de ese tipo dadas las actuales condiciones del país y el panorama desfavorable para la prensa y el periodismo? ¿Es sensato asumir riesgos cuando hay países con mayor seguridad jurídica, con instituciones más sólidas y con economías que funcionan? Salvo que se tenga línea directa y cercana con el gobierno, de forma tal que la inversión y los intereses estén asegurados, no parece ser la mejor decisión. El tiempo lo dirá y veremos si, al final, resulta un  buen negocio para sus misteriosos dueños. Hoy, sobre lo que no hay dudas, es que el propósito declarado de mantener una línea crítica frente al gobierno fue una falacia.