Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy (SAH)

@CLARARIVEROS

“Si hay dudas sobre cómo definir a un régimen político, basta examinar sus actitudes frente a la prensa”, escribió esta semana el analista Eduardo Posada Carbó, en referencia a Venezuela dónde los periódicos se quedan sin papel y la libertad de prensa cada día es menos libre y está bastante asediada.

El caso más reciente de atropello, el del diario Tal Cual, se produjo por la frase: “Si no les gusta la inseguridad, váyanse”, que atribuyó erróneamente el articulista independiente Carlos Genatios («Patria, socialista o muerte», sección Opinión, edición del viernes 17 de enero del 2014) a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, el Congreso de ese país. Cabello denunció al autor, pero también a los directores del diario. Teodoro Petkoff y otros ahora enfrentan una demanda que, más allá de las repercusiones legales, puede leerse como la clara advertencia gubernamental a los medios que aún mantienen una línea crítica.

La oposición venezolana no la está pasando mejor que la prensa. Este viernes, la Fiscalía acusó a Leopoldo López, uno de los líderes opositores, que está en la cárcel desde el 18 de febrero acusado de incitar a la violencia en la marcha del 12 de febrero y que dejó un saldo de tres personas muertas. López ha sido imputado por los delitos de “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador e incendio en grado de determinador (autor intelectual) y asociación para delinquir”, según la titular de esa institución, Luisa Ortega.

El dirigente llamó a la ciudadanía a manifestarse pacíficamente y pidió a Nicolás Maduro que renuncie a su cargo por “un mejor futuro para todos los venezolanos”. Sus seguidores respondieron a la petición y durante 24 horas, permanecieron en la calle, en lo que sería una “jornada nacional de resistencia”.

Pueden pasar hasta 20 días para que el tribunal decida sí López será juzgado en libertad o seguirá recluido a las afueras de Caracas, en la cárcel militar de Ramo Verde. De ser hallado culpable, López podría enfrentar una pena que supera los 13 años de cárcel. 

La otra figura insigne de la oposición, María Corina Machado, fue despojada de su investidura parlamentaria por una supuesta violación a la Constitución de Venezuela, debido a su participación como representante de Panamá, país que le cedió su espacio ante la Organización de Estados Americanos (OEA) en esa surrealista sesión del organismo, el pasado 20 de marzo. María Corina, que viene reclamando el apoyo y solidaridad internacional por los hechos que ocurren en Venezuela, visitó el Congreso de Brasil esta semana para exponer la situación de su país. Como era de esperarse, contó con el respaldo de los legisladores de la oposición pero recibió las críticas del oficialismo.

Mientras tanto, Nicolás Maduro o alguien que firmó en su nombre, escribió como columnista invitado del New York Times. Hizo “un llamado a la paz desde Venezuela”, pidió a la sociedad norteamericana que inste al Congreso a no sancionar a su país y explicó al mundo qué es víctima de un intento de desestabilización por parte de los manifestantes (según él se trata de la gente más acaudalada del país) que quieren derrocar su Gobierno. Estos, apoyados, claro está, por Estados Unidos mientras los medios de comunicación internacionales distorsionan la realidad del país.

En dos meses de manifestaciones reprimidas y estigmatizadas por el gobierno del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), van 39 muertos y más de 500 personas heridas. En estos actos no solo se han visto implicados manifestantes, también y principalmente, las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares. Como si fuera poco,  esta semana fuerzas de seguridad y colectivos armados tomaron la Universidad Central de Venezuela (UCV) para evitar que salieran estudiantes en una manifestación de protesta. El enfrentamiento dejó, al menos, siete estudiantes heridos. Las imágenes de los hechos son sobrecogedoras.

Si hay dudas sobre cómo definir a un régimen político, basta examinar sus actitudes frente a la prensa, a las manifestaciones, a los estudiantes y a la oposición.

Si lo anterior no fue suficiente para pintar el escenario de Venezuela, el cuadro se completó esta semana con una genialidad adicional en la larga lista de despropósitos del Gobierno de Maduro: la venta obligatoria de los inmuebles que lleven alquilados más de veinte años. Léase, acátese, cúmplase: “Por ser contrario al interés general de esta Ley, el monopolio sobre la vivienda en alquiler, por considerarse el arrendamiento de interés social, colectivo y con fines de utilidad pública los arrendatarios y arrendatarias que ocupen viviendas constituidas sobre edificios que tengan veinte años o más dedicados al arrendamiento, tendrán el derecho a adquirirla, exceptuando del cumplimiento de la presente disposición a los pequeños arrendadores”.

Si el propietario incumple con la Providencia Administrativa será multado con Dos Mil Unidades Tributarias por cada vivienda que no oferte, multa que deberá cancelar en un lapso de cinco días hábiles una vez se determine el incumplimiento. En caso de no pagar dicha multa, se le considerará reincidente, con lo cual se doblará el valor de la multa y se asignarán cinco días hábiles para pagar. De no hacerlo, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará a los tribunales competentes el embargo ejecutivo del inmueble objeto de las multas. La Providencia rige a partir de su publicación en la gaceta oficial. Una multa de 2 mil unidades tributarias equivale a 254.000 bolívares por cada unidad que no se oferte. Para calcular el “valor justo” el propietario deberá solicitar el cálculo a la Superintendencia, presentando la documentación del caso.

Sin embargo, el “95% de estos edificios no tiene propiedad horizontal o documento de condominio. Se construyeron antes de la ley y no se pueden ofertar”, observó Roberto Orta Martínez, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos y abogado inmobiliario. «La octava disposición transitoria de la ley dispone que los requisitos para otorgar la propiedad horizontal se flexibilizarían en los registros”, cosa que no ha ocurrido,  destacó Orta  quien también señaló que es una medida inconstitucional. “El artículo 115 de la carta magna indica que las únicas formas de despojar a alguien de una propiedad son a través de la expropiación o confiscación. No existe esta figura de venta obligatoria”, insistió el abogado.

Estas y otras «irregularidades» forman parte de las contradicciones e improvisación del discurso gubernamental que, por un lado llama al diálogo y por el otro viola el derecho a la propiedad. Además, algo insólito, el Gobierno de Nicolás Maduro hace responsables a los propietarios del déficit de vivienda. Si a esto le sumamos la reciente devaluación y la falta de garantías de la ciudadanía, la medida sólo va a lograr causar, si cabe, mayor malestar y división social.