Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy

El desenlace y evolución trágico-dramática de los eventos del pasado 23 de febrero relacionados con el ingreso de la ayuda humanitaria, tanto en la frontera colombiana como al sur en la frontera con el Brasil, permite delinear los nuevos escenarios de la dinámica política venezolana y el futuro inmediato de la “hoja de ruta” para la transición democrática, definida por la Asamblea Nacional.

No hay dudas acerca de que el “fracaso” en lograr el acceso de la ayuda humanitaria constituyó un golpe a la credibilidad del proceso de transición delineado en la “hoja de ruta”. No obstante, considerarlo un “triunfo” del gobierno es excesivo, tomando en cuenta que la indignación causada a lo interno por la represión y la brutal agresión contra el pueblo Pemón,  y también en el ámbito internacional, ha traído como consecuencia una radicalización de las posiciones contra el régimen.

La reciente votación de 9 a 6 en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor de nuevas acciones internacionales y la exigencia de elecciones libres es un resultado a considerar.

Por otra parte, la brutalidad de la represión desatada, el despliegue de fuerzas paramilitares motorizadas (los colectivos) cuyo propósito es amedrentar y las amenazas permanentes contra la integridad física del Presidente de la Asamblea Nacional, también provocan movimiento entre los países hasta ahora neutrales.

El contexto sociopolítico y económico actual es bien conocido: Luego de una semana del mega apagón eléctrico, aun no hay electricidad en el 40 %  o más del territorio nacional; como no se ha logrado estabilizar el sistema de transmisión, tampoco se ha podido iniciar el suministro de agua potable a las principales ciudades, especialmente a Caracas y sus áreas vecinas (no olvidemos que el racionamiento de agua y electricidad tiene ya varios años ejecutándose); por su parte  el servicio de telecomunicaciones y la internet están funcionando con gran dificultad; los servicios de atención hospitalaria, que ya estaban mal, colapsaron y aún no se reponen; la escasez de medicinas y alimentos ya alcanza el 80 %, así como de repuestos para vehículos automotores y para electrodomésticos; tampoco hay dinero en efectivo circulando y las transacciones electrónicas por puntos de venta o teléfonos móviles también presentan fallas importantes.

En lo económico, la inflación es cercada al 53 % semanal y el precio de los productos se duplica cada 5 días. El salario mínimo de 18 mil bolívares decretado a finales de agosto del 2018 se esfumó, pues en solo 7 meses los precios se han multiplicado por 10.

A esto se agrega el tema agravado de la inseguridad. Los grupos paramilitares oficiales deambulan con actitud amenazante por las calles de las principales ciudades y atacan a cualquier grupo de ciudadanos que se reúna para protestar por cualquiera de las tantas calamidades que lo justifican. Además se dice que, al menos en la ciudad de Maracaibo al oeste del país, han participado en muchos de los saqueos a tiendas, depósitos industriales importantes y centros comerciales, con el saldo de miles de millones de bolívares en pérdidas.

Súmele ahora la represión desatada contra el pueblo Pemón (8 muertos y cerca de 40 detenidos), contra los periodistas (40 detenidos), contra líderes comunitarios y gremiales (unos 900), y tendrá una idea de la magnitud y características de la “situación país”.

Con este marco de contexto, las opciones y escenarios posibles son pocos.

Veamos:

El pueblo opositor movilizado. 

Con la visión estratégica acertada de mantener a la gente en la calle como instrumento de presión contra el gobierno, semanalmente se registran cientos de focos de protesta, movilizaciones y concentraciones en todo el país, los cuales se mantienen a pesar de la represión.  Al mismo tiempo se persiste desde afuera, pero también dentro del país, la presión a favor del ingreso de la ayuda humanitaria, lo cual pone al gobierno en condición de jaque permanente.  Esta estrategia ha funcionado aunque, mientras transcurre, haya que atender el inevitable riesgo de la desesperanza y la frustración de la gente porque las calamidades se acumulan y el gobierno no se va.  Así pues, permanecer en la calle protestando y exigiendo, ha acorralado al gobierno y parece la vía adecuada para mantener la presión interna y externa, al tiempo que abre camino a una posible negociación para la transición. El liderazgo opositor luce, entonces, proactivo, consolidado y coherente, sereno y práctico, amalgamado alrededor de la figura del Presidente de la Asamblea Nacional y con capacidad de manejo de los conflictos internos.

El gobierno atrincherado.

Por su parte el gobierno siguen a la defensiva aplicando la conocida frase táctica de Chávez: “…cuando no sepas qué hacer, ataca”. Así, en medio de la evidencia de poca confianza en las Fuerzas Armadas, el gobierno despliega a los grupos irregulares mercenarios para amedrentar a la gente y propiciar la violencia y los saqueos. Saben que la crisis social y económica les ha hecho perder su capital social, mientras los recursos materiales, financieros y operativos para responder a las exigencia de sus  -cada vez menos-  seguidores, merman considerablemente. El resultado es un gobierno que, al contrario de sus oponentes, luce débil, solitario, incoherente, reactivo y atrincherado en el poder, haciendo planes para permanecer allí, cueste lo que cueste. Es una especie de vocación al martirio, pues como decía Fidel … la revolución necesita mártires.

La solución armada.

No faltan, sin embargo, las voces de la extrema derecha opositora a favor de una intervención militar como vía para deponer al gobierno. Aquí, como ocurre frecuentemente, los extremos se tocan. Parece que la ultra derecha y la ultra izquierda quieren guerra; falta saber hasta dónde llega la obcecación de la derecha y la necesidad de martirio del gobierno. Por ahora la opción del enfrentamiento armado generalizado es la de más baja probabilidad. Antes de que eso ocurra la misma situación podría forzar una salida viable y pacífica.

Amanecerá y veremos.