Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy
En un artículo anterior, tres meses atrás y antes de la puesta en marcha del Nuevo Plan Económico de la Patria (“Venezuela: primer parte de guerra”, en este mismo sitio), expresé mi percepción de que el gobierno nos había declarado la guerra. Allí presenté un cuadro de la situación general del país en los ámbitos económico, social, político e internacional, a partir del cual califiqué la política oficial como un intento de genocidio.
Dicho Plan fue presentado en agosto, con la promesa de enrumbar la economía y la sociedad toda, hacia el “mar de la felicidad” tantas veces declarado: dinero suficiente para todos, déficit fiscal cero, eficiencia, prosperidad y paz.
Apenas han pasado treinta días de tal anuncio y ya comenzamos a “verle las costuras”.
Todo comenzó con el aumento del salario mínimo y las pensiones. Ciertamente el aumento parecía significativo -de 5 millones a 180 millones- y la alegría cundió, especialmente entre los más necesitados (demasiados necesitados después de 20 años de revolución … “y es que los necesitamos pobres” habría dicho el Ministro de Planificación ). A las dos semanas, los precios se habían triplicado a pesar de la normativa sobre regulación de precios de 25 artículos alimenticios básicos que fue publicada oficialmente. Al mismo tiempo, dichos productos comenzaron a desaparecer de los anaqueles, debido a las compras compulsivas y, sin duda, al acaparamiento. Todo ello, tal y como habían previsto los entendidos.
La ya penosa hiperinflación dio un salto de 500 % y el aumento del salario mínimo comenzó a disolverse.
Otro tanto ocurrió con las pensiones. Luego del aumento se le informó a los pensionados que los bonos especiales (alimentación y otros) que antes se pagaban aparte de la pensión, ahora estaban incluidos en el monto. El fin de la ilusión.
Poco después se dieron a conocer las nuevas tablas salariales para funcionarios públicos (obreros, empleados, educadores, gerentes, profesores universitarios y militares). El escándalo fue mayúsculo. El salario mensual máximo posible, no llega a 1,5 salarios mínimos (fijado en 1.800 Bs equivalente a 19,5 US $), incluidos los profesores titulares, los generales y coroneles, y los funcionarios de alta jerarquía.
De este modo el gobierno derogó “de facto” todas las contrataciones colectivas existentes; estableció un tope máximo a los sueldos públicos; impuso una tabla salarial única que regirá toda la administración y, de paso, se eliminan todos los sindicatos y cualquier aspiración a discutir nuevos contratos colectivos.
El régimen se erige, también, como patrono único con derecho a decidir la forma en la cual se paga el salario, según le convenga: semanal, quincenal, mensual o mixta. Aquí se incluyen los empleados del sector privado que se hayan acogido al subsidio del diferencial por el aumento del salario mínimo.
Pero más aún, se derogan de hecho varios artículos de la Constitución (CRBV), de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) y del Estatuto de la Función Pública, sin pasar por ninguno de los canales que están establecidos en nuestra estructura jurídica para tales fines.
Así, igual que antes del Nuevo Plan de la Patria, se requieren muchos salarios mínimos para adquirir la canasta básica (el conjunto de productos y servicios de primera necesidad que una familia promedio requiere en un mes); el beneficio que podía haber habido de los 23 aumentos salariales que se otorgaron en el último año se ha esfumado y seguimos estando en el puesto número 20 de los países Latinoamericanos y del Caribe en cuanto al monto del salario mínimo.
Mientras tanto, todos los demás elementos señalados en el artículo previo indicado al comienzo, siguen vigentes y empeorando: los servicios públicos (electricidad, agua potable, gas, transporte e internet) en bancarrota; el dinero en efectivo ausente (solo circula el 2 % de lo requerido); la escasez de alimentos, medicinas y repuestos superando el 80%, y la atención de salud pasando por el peor momento de la historia republicana. También esperamos que nos informen acerca de cuántos Petros se han vendido.
Agreguemos ahora, la decisión reciente (vía Providencia Administrativa) por la cual si usted aspira a recibir subsidio para adquirir combustible, el gobierno se abroga la “Reserva de Dominio” por dos años, sobre su vehículo. Es decir, no podrá alquilarlo, venderlo u ofrecerlo en garantía. Estamos a la espera de conocer el malabarismo legal por el cual esa condición se extendería a las viviendas y cualquier otro bien que se posea.
Al mismo tiempo, se acaba de anunciar un nuevo modelo cambiario que permitiría la “libre” adquisición de divisas a través de los bancos y casas de cambio habilitadas para tal fin, pero a las tasas oficiales (61 BsS por Dólar y 71 BsS por Euro). Será acaso un nuevo espejismo?
Lo cierto es que asistimos al espectáculo de un país que se derrumba.