Por Alex FERGUSSON, para SudAméricaHoy
No ha pasado un mes desde el anuncio y puesta en funcionamiento del paquete de medidas económicas (gracias a la asesoría del Partido Podemos de España y de la inteligencia rusa y cubana), junto con las cuales el gobierno nos hizo la promesa de que, en noventa días, todo volvería a ser un “mar de felicidades”. Tendríamos dinero a montón para cubrir las necesidades de alimentación, salud y servicios para nuestras familias y recuperaríamos la producción y la prosperidad; todo ello, en medio de una descomunal crisis de hiperinflación, quizás la más grande del mundo.
Esas promesas, no obstante venidas de un gobierno que se ha caracterizado por el engaño y la manipulación mediática, calaron hondo en la mente de mucha gente, especialmente los más pobres.
Sin embargo, en apenas dos semanas, nos hemos empezado a topar con la idea de “el fin de la ilusión”.
Ahora nos enteramos de que el llamado “salario mínimo” tasado en 1.800 bolívares soberanos (unos 180 millones de los bolívares anteriores), incluye algunos de los “bonos” que antes se pagaban adicionalmente, como es el “bono de alimentación” y el prometido “bono de guerra”. Esto vale también para los pensionados.
También se nos ha informado que las remesas enviadas desde el exterior, solo podrán ser cambiadas en unas Casas de Cambio que el gobierno creará a tal efecto. Esta acción deja sin efecto la derogatoria de la Ley de Ilícitos Cambiarios que penalizaba las transacciones con divisas y nos anuncia que será delito cambiar divisas fuera de ese sistema creado ad hoc.
Otra sorpresa del paquete, es que ahora es obligatorio declarar cada viaje al exterior que se haga, so pena de que nuestras cuentas en bolívares sean bloqueadas para su uso desde fuera del país.
Por su parte, a los integrantes de la Fuerza Armada Bolivariana se le ha informado ya que el ajuste del sueldo a la nueva base salarial … “es inviable … y va a ser reestructurado”. No tengo dudas acerca de que el mismo argumento será utilizado para justificar el incumplimiento de los ajustes de sueldos y salarios a los maestros, educadores, empleados y obreros de escuelas y universidades.
Mientras tanto, muchas industrias y comercios privados anuncian el cierre de sus puertas, en vista de la imposibilidad de atender el incremento salarial, la reducción compulsiva de los precios de venta de los productos básicos, la ausencia de materias primas y las amenazas de prisión para los propietarios que no acaten las medidas. Lo mismo está ocurriendo con los medios de comunicación impresos. Unos diez periódicos en todo el país así los han informado, debido al aumento de los costos y a la escasez de papel y tinta.
Así mismo, las deficiencias en los servicios públicos se hacen evidentes. El suministro de agua se ha reducido a un día por semana en casi todo el país, aunque hay extensas zonas con racionamientos hasta de quince días. La energía eléctrica falla ahora con más frecuencias y ciudades importantes, como Maracaibo, en Zulia, tienen ya semanas sin electricidad. Al mismo tiempo, la práctica delictiva de robar los cables de electricidad y teléfono (por el cobre que contienen), que antes se restringía a las vías (calles y autopistas) e instituciones públicas (como las universidades), se ha extendido a las áreas residenciales, dejando sin servicio telefónico y de internet a un creciente número de viviendas.
La seguridad alimentaria (la disponibilidad oportuna de alimentos en cantidad y calidad suficientes) es hoy un mito, para no hablar de la soberanía alimentaria, pues estamos importando más del 70 % de lo que consumimos. Lo mismo ocurre con los medicamentos, especialmente aquellos destinados a atender enfermedades crónicas (cáncer, sida, diabetes, hipertensión y enfermedades nerviosas) así como con los productos de aseo personal y limpieza. Una situación similar existe con los repuestos, lubricantes y aditivos para vehículos automotores y repuestos para artefactos eléctricos comerciales y domésticos.
Tampoco hay nada para los centenares de miles de personas que hoy están penando por las inundaciones en los estados llaneros (Apure y Guárico) y en el Estado Bolívar, por las crecidas de los ríos, ni para los que observan con dolor la devastación de la naturaleza en las cuencas altas de donde obtenemos el agua o la de las cuencas de la Guayana de donde extraen los diamantes y el oro que ahora nos quieren vender a cambio de certificados canjeables de dudosa credibilidad.
Por supuesto, no aparecen por ningún lado, los anuncios de las medidas por medio de las cuales se reactivará el potencial productivo nacional. Nada respecto a la agricultura y la cría animal hoy depauperada; nada respecto al parque industrial cerrado o trabajando a media máquina. Eso sí, cárcel y cierre de sus negocios, para los comerciantes que no acaten la resolución sobre los nuevos precios.
En fin, se acabó la Luna de Miel !