Buenos Aires. Por Marta NERCELLAS, para SudAméricaHoy (SAH)

Hasta hace poco, casi como una letanía, escuchábamos que lo único común que teníamos en nuestra identidad argentina era el “no te metas”. Cuándo y por qué generamos tanta indiferencia con lo que al otro -cercano muchas veces- le acontecía, son preguntas que no tienen una sola contestación. Se afirma que se trata de otro lastre que nos dejó la dictadura o que es  una característica casi genética,  impregnada en nuestro cromosoma argentino. Lo cierto es que hasta hace pocos días el “no te metas” era como una religión a la que adheríamos todos.  Repudiándola cuando los que no se metían era personas de nuestro alrededor que permanecían indiferentes a una desgracia que nos aquejaba.

De pronto y en simultáneo pasamos a reacciones tumultuosas, a respuestas masivas aparentemente motivadas por  una supuesta agresión a bienes de algún transeúnte. Una turba despiadada que si lográramos descomponer en cada uno de los seres individuales que la integran, seguramente nos encontraríamos con grandes sorpresas. No todos tienen la misma motivación, no todos descargan su violencia contra el ya indefenso y supuesto agresor por las mismas razones. Algunos canalizan odios que ocultan para amoldarse a las exigencias sociales. Otros vengan agravios anteriormente sufridos. Los hay que hacen acción su resentimiento por las más variadas razones. Pocos pretenden que se trata de justicia.

Gritan: “Justicia por mano propia”, lo único que me animo a negar con seguridad y énfasis. Si algo no representa esa reacción animal, es a un acto de justicia. Nos olvidamos no sólo del paso previo para poder impartirla, del proceso que determinará si fue él y si es culpable.  Borramos la exigencia de proporcionalidad, la acreditación de culpabilidad, descartamos las reglas esenciales que determinaron la organización de un Estado. A él le dimos el monopolio de la aplicación de las sanciones,  esa delegación no es revocable porque el mandatario esté incumpliendo con su obligación. Debemos exigirle que retome su rol,  que prevenga, que investigue,  que sancione. Si el Estado ha perdido su capacidad punitiva y nos deja impotentes frente a  la  impunidad, no serán las patadas en la cabeza de quien cayó frente a la furia -tal vez justificada- de los indignados ciudadanos,  lo que devolverá la tranquilidad, la seguridad, la paz a nuestros vecindarios.

Pero al error nuestro se suma la impericia de quienes deben llamarnos a la reflexión. Pelearon para ocupar el poder, tienen la obligación de saber qué hacer desde ese lugar. Pero sólo saben sumar hastío e impotencia. Comienzan por no llamar a las cosas por su nombre. Por hablar elípticamente como si algunas  palabras si son pronunciadas desataran el enojo de los dioses.

La Señora Presidente nos dice por cadena nacional: “Necesitamos miradas y voces que traigan tranquilidad, no voces que traigan deseos de venganza, de enfrentamientos, odio, eso es malo”. Es como si en su extenso vocabulario se hubieran borrado  palabras  como “inseguridad”, “hastío de los ciudadano por la falta de respuestas a sus tragedias”, “corrupción de las fuerzas de seguridad”, “falta de políticas de Estado”, “indiferencia ante las vulneraciones a las reglas de convivencia y disposiciones legales, que no sólo son consentidas sino muchas veces alentadas desde el Estado”.  Falta hacerse cargo de la causa de la reacción violenta y aún antes, del innegable  aumento de la delincuencia.

Resulta más sencillo responsabilizar a  los  “políticos mentirosos y sin escrúpulos” de estar incitando la violencia,  que reconocer que la violencia verbal se convierte en acción de igual contenido. Falta aceptar que las muestras impúdicas de falta de sanción a los funcionarios que claramente delinquen a la vista de todos,  genera la convicción que la Justicia no dará respuestas, que se pretende travestir al Poder Judicial  en cartón pintado que simule aplicar la ley  o que lo haga sólo en los casos que no interesan a los poderosos.

Para llamar a  la paz, la concordia, el  entendimiento, la  inclusión, hace falta algo más que un discurso, se necesitan acciones que demuestren que no se pararán los allanamientos cuando en ellos se puedan obtener pruebas que comprometan a amigos, que no se obstaculizarán investigaciones ni se separarán -como sucede- de sus cargos a los funcionarios que procuren investigar . Se necesita poder creer que se deja de decir una cosa y hacer otra, que se ha decidido privilegiar al que trabaja y no al que soborna o roba de las arcas del Estado,  que se imaginan inmensas y sin dueño.

Hay hartazgo, hay impotencia. La falla del Estado en arrestar, perseguir y condenar es la ratificación de la conducta del  delincuente y cuánto más notorio y encumbrado resulte el sospechado,  mayor será el sabor a decepción que dejará en los ciudadanos de a pie, generando la inercia que provoca la trompada (puñetazo) concreta, el puntapié  artero,  cuando siente que esa violencia no le generará respuesta sancionatoria.

La imposibilidad de acceso efectivo al sistema legal genera la fuerza que mueve las agresiones que no se multiplican por un extraño efecto “contagio”,  sino,  porque el supuesto anonimato de la multitud les hace sentir que no sufrirán consecuencias por transgredir la ley.

¿Acaso por qué a ellos,  sino se sancionó al “causante” de la furia, al que robó o agredió , al que determinó la causa del enojo generalizado, a los conocidos integrantes de las “barras bravas” militantes sin ideología,  que venden su fuerza a quien los convoque?

El discurso que oculta, que miente, que no dice lo que debe transparentarse también genera violencia. Se acierta cuando se afirma que  “la violencia genera violencia” pero lo que parece que se desconoce es qué significa violencia cómo causa. Parece que tendremos que explicar a nuestros gobernantes que no sólo la trompada es violencia.

* Marta Nercellas es abogada argentina, especialista en Derecho Penal y Derecho Penal Económico. Ex Profesora Adjunta de D.Penal en la Facultad de Derecho de la UBA, Secretaria de la Comisión de Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología del Colegio Público de Abogados de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Profesora de pos grado de “Profundización de Derecho penal Tributario” de la F. de D. de UBA