Por Clara RIVEROS, para SudAméricaHoy

Durante el fin de semana el presidente Rafael Correa, sugirió que en el paquete de reformas a la Constitución que se tramitará próximamente, además de la reelección indefinida para todos los funcionarios elegidos por voto popular, se incluirá la comunicación e información como un servicio público. Esta novedad, en rigor, no es tan nueva.

A decir verdad, la Ley Orgánica de Comunicación -LOC- que justamente cumplió un año de ser promulgada, ya incluía esta propuesta. Ese apartado, junto con otros artículos, fueron demandados por inconstitucionales y sobre ellos aún no se pronunció la Corte Constitucional.

Lo novedoso es que al incluirlo como reforma constitucional ya no sería inconstitucional como afirmaron los demandantes de la Ley de Comunicación. Gana Correa, pierde la democracia. Reducir la comunicación y la información a servicio público como propone el presidente es peligroso. Comunicar es un derecho que no debería ser regulado ni por el Estado, ni por el gobierno. Definir el qué, cómo, cuándo, para qué y por qué de la información sólo llevará a un peor estado de la libertad de prensa y de expresión en el país.

No obstante, el presidente ecuatoriano tiene razones para celebrar y no es para menos. Un año de vigencia de la LOC representa una victoria contundente, es parte fundamental de su proyecto político. Correa reafirma su estilo autoritario y revanchista a la vez que promueve un aparato de comunicación militante, una maquinaria propagandística que disfruta las bondades de los recursos públicos, desvirtuando la razón de ser del ejercicio periodístico y confundiendo de forma muy conveniente lo público, lo estatal y lo gubernamental. El presidente promovió una ley a la medida de sus intereses, pero no sólo es la Ley, es el engranaje institucional el que está fallando en Ecuador, es la democracia como tal la que está en peligro. Cada día cuesta más encontrar el equilibrio y poner freno al Ejecutivo.

Con motivo de los 365 días de la LOC se celebró en Quito el Foro Internacional ¿Censura o Comunicación? organizado por Fundamedios, FENAPE y AEDEP. Allí diferentes panelistas se refirieron al Estado y a los medios, a la situación de los canales de televisión incautados por el gobierno, a los efectos de la Ley de Comunicación en el periodismo y la sociedad, y a los monopolios privados y estatales como formas de control y censura desde una perspectiva comparada en la región.

Se habló también de la inconstitucionalidad de la Ley y, finalmente de los casos y sanciones que han sido posibles gracias a esa normativa, donde los únicos que están obligados, con toda claridad, son los medios y los periodistas. El gobierno está por fuera de la Ley y tiene libertad absoluta para decir lo que le plazca. Pedir a un caricaturista rectificar es surrealista, multar al medio por publicarlo permite hacerse algunas ideas del panorama de la libertad de expresión en Ecuador, pero ¿cómo se llegó a este nivel?

América Latina se enfrenta desde hace más de una década a una tercera ola de gobiernos populistas. Una primera ola ocurrió hacia la década de los cuarenta en el siglo XX, con notables exponentes, el principal, Juan Domingo Perón. Una segunda ola ocurriría en los años noventa con gobernantes denominados neoliberales y descritos como neopopulistas. La tercera ola llegó con el ascenso al poder de Hugo Chávez y a éste, se fueron sumando, Álvaro Uribe, el matrimonio Kirchner, Evo Morales, Daniel Ortega y Rafael Correa.

Aunque parezca extraño, el populismo, transversal a las ideologías como es, permite encontrar gobernantes bien a la izquierda o a la derecha del espectro, por lo que llegan a presentar similitudes en su estilo más allá de la ideología que profesan. Sobre el populismo no hay una definición acabada, sino que se encuentran características que aproximan un estilo para gobernar y en las que se hace mayor énfasis según sea el caso y la necesidad.

Carlos Malamud[1] llama la atención sobre dos cuestiones de gran importancia y sin las cuales no se entenderían los populismos actuales: la falsificación de la historia y las políticas de comunicación. Los gobernantes reescriben y hacen revisionismo histórico desde el poder, adicionalmente, asumen una posición de victimismo respecto a los medios, cosa que no puede faltar en el doble discurso que los acompaña. El antagonismo con los medios no se quedó en la perspectiva discursiva, se apuntó también al ámbito jurídico y normativo. Algunos gobiernos promovieron iniciativas legales para hacerse con el control de diversos medios privados y leyes que regulan hasta lo indecible, afirmó Malamud cuatro años atrás. La realidad no sólo concede la razón a sus afirmaciones, hoy se entiende que estas leyes no emergen de la nada, sino que son parte fundamental de la lógica de estos gobernantes, incluido Correa y particularmente él, que asumieron que “para comunicar mejor hay que tener aparatos mediáticos propios y controlados por el Estado”.

El caso de Ecuador presenta gran complejidad porque se avanza no sólo en el control de los medios, también en el control de los contenidos. El gobierno establece la agenda informativa y a través de la Ley busca determinar cuáles son los asuntos de relevancia pública. Se neutralizan los temas incómodos en detrimento del periodismo de investigación y en cambio, se profundiza en la farandulización de la información, se construye y se aliena a la opinión pública desde el poder. Se distorsiona la realidad.

El organismo encargado de velar por el cumplimiento de la LOC cumple su parte como apéndice del Ejecutivo y más funcional no puede ser. La información y la opinión se tratan como si fueran lo mismo, develando la gran confusión que padecen. Paradójicamente, una Ley que en el discurso pretendía democratizar la información, en la realidad silencia a la opinión pública y también a la opinión comunitaria.

2014 ha sido un año de grandes acontecimientos y revelaciones notables. El presidente Rafael Correa sigue cosechando triunfos, recibiendo menciones y acumulando Doctorados Honoris Causa; Eduardo Galeano referente por excelencia de los gobernantes populistas de la región se refirió a su más grande obra: Las venas abiertas de América Latina, para decir que “no sería capaz de leer el libro de nuevo”, que “esa prosa de izquierda tradicional es pesadísima” y todavía más importante, que “no tenía la formación necesaria”, ni conocía “debidamente de economía y política”, cuando escribió el libro. Hasta Silvio Rodríguez, cantautor cubano y simpatizante de la dictadura de los Castro reconoció en días pasados que en Cuba la gente está “jodida”, “mucho más jodida de lo que pensaba”. Tardías revelaciones que generan entre aplausos y lamentos, aplausos porque más vale tarde que nunca, lamentos porque no se entiende su evidente desconexión con la realidad. “Tengo una vida mucho más cómoda que la inmensa mayoría de los cubanos”, dice Silvio Rodríguez. Bien por él, mal por los cubanos.

Llegados a este punto, no sería tiempo de hacer un alto en el camino para preguntarse ¿En realidad esta tercer ola populista que llegó al poder con la promesa de profundizar la democracia lo logró? Después de siete años del gobierno Correa, ¿La democracia es más sólida y profunda? ¿Se democratizó la información cuando un acto tan básico y simple como caricaturizar el poder no es una posibilidad?

[1] Malamud., Carlos. Populismos latinoamericanos. Los tópicos de ayer, de hoy y de siempre. Ediciones Nobel, España. 2010.