Sao Paulo.Verónica GOYZUETA para SudAmericaHoy (SAH)

La verdadera historia de la dictadura brasileña (1964-1985) aún está por escribirse. Asesinatos, torturas, detenidos desaparecidos o archivos quemados, ilustran un régimen tan cruel y sanguinario como los de Chile y Argentina. Pero Brasil simula que lo suyo fue diferente y buena parte del mundo parece creerle. Ocultamientos, verdades a medias y crímenes de todo tipo marcan una época de misterios y secretos de Estado. El enigma más emblemático es el del fin de los días del ex presidente João Goulart. Más conocido como Jango, gobernó Brasil entre 1961 y 1964. ¿Fue envenenado en el marco de la Operación Cóndor o su vida se extinguió sin ayuda de otros durante su exilio argentino? Su hijo, decepcionado con la justicia brasileña, impulsa una investigación paralela en Argentina para conocer la verdad, nada más que la verdad de un magnicidio con asesino confeso.

En Brasil no hay novedades pero en Argentina la justicia podría dar un vuelco al caso si da luz verde al pedido de exhumación del cadáver del ex presidente. La solicitud la hizo el hijo de Jango, João Vicente Goulart . “Será una vergüenza para el gobierno brasileño y una tristeza para nuestro país que sea Argentina la que decida”, lamenta convencido de que la medida será firme antes del mes de marzo.

Su padre está enterrado en su ciudad natal de São Borja, en Rio Grande do Sul, pero murió en Corrientes, Argentina, en 1976.  Testimonios y documentos en manos de la Comisión de la Verdad (CV), creada por Dilma Rousseff en el 2012, indican que Goulart no habría muerto del corazón, sino que fue envenenado por agentes de la Operación Cóndor, la red de represión formada por las dictaduras de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, en las décadas del 60 y 70, para eliminar a los opositores que transitaban en la región.

João Vicente – presidente del Instituto João Goulart, entidad que preserva la memoria de su padre y busca la verdad sobre su muerte-, cuestiona la amnistía brasileña a los militares, negociada con los civiles para evitar que fueran juzgados y condenados durante la transición a la democracia. “Es una ley ilegítima –reflexiona- porque Brasil es signatario de varios tratados de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles”.

La CV, instalada entre lágrimas por la presidenta Dilma Rousseff, –víctima de tortura durante la dictadura-, prevé apenas la investigación e identificación de los autores de crímenes, pero no su condena. Preguntado sobre el caso Jango, el diplomático Paulo Sérgio Pinheiro, uno de los siete miembros de la CV, dice que las informaciones sobre el caso sólo se difundirán en mayo de 2014, cuando saldrán a la luz todas las investigaciones en curso. Pinheiro confirma que Brasil participó de la Operación Cóndor, pero que al contrario de los demás países, no firmó ningún documento que la comprometa. “La dictadura brasileña fue mucho más viva que las de los países vecinos. Era una estupidez firmar un acuerdo como ése”, declaró durante un encuentro con corresponsales, en noviembre.

La viveza del régimen se explica incluso en la confección y negociación de una ley que convirtió a los torturadores brasileños en verdaderos “ intocables”, como define el propio João Vicente.  “Brasil necesita un gran debate sobre la reformulación de esa ley. Después de 27 años de democracia, la verdad sólo puede ocurrir acompañada de la justicia”, garantiza el hijo de Goulart, con la esperanza de que el caso de su padre se convierta en un ejemplo para reconsiderar una ley que considera caduca.

La confesión del asesinato

La confesión del ex agente del servicio de inteligencia uruguayo, Mario Ronald Neira Barreiro es la mejor prueba del asesinato. Preso en Brasil desde el 2003, en una penitenciaria de seguridad máxima en Río Grande do Sul, por contrabando de armas, reconoció que la muerte del ex presidente fue ordenada por Brasil, ejecutada por espías uruguayos y ocultada por militares argentinos. Oficialmente, Goulart murió de un ataque al corazón el 6 de diciembre de 1976, en el municipio de Corrientes, en Argentina. Pero amigos, familiares y especialistas, siempre sospecharon de la intervención de agentes de la Operación Cóndor.  

Barreiro, conocido por el apodo Teniente Tamús, era un radiotécnico de la policía de Montevideo y miembro de un grupo paramilitar de ultraderecha llamado Juventud Uruguaya de Pie (JUP). En entrevistas con el gobierno brasileño y el hijo de Goulart, Neira confirmó que pasó tres años grabando y espiando al ex presidente. Colocó seis micrófonos en su hacienda El Milagro, en Uruguay, donde vivía su exilio y siguió el mismo proceder en Corrientes. Según el ex agente, él y otros espías, entre ellos la empleada doméstica de la hacienda, se encargaban de colocar una sustancia en polvo en las cápsulas de medicinas de Goulart. Los frascos los colocaban en la casa, la guantera del auto y la habitación del Hotel Liberty, donde el ex presidente solía encontrarse con los amigos en Montevideo. Fue un proceso lento, cuenta Neira, “porque Goulart no era muy cumplidor con los remedios ni con los frascos”.

La sustancia colocada en las cápsulas provocaba, según Neira, una subida de presión, baja constricción de los vasos capilares, convulsiones y una muerte rápida por parada cardiaca. Los síntomas descritos por Neira coinciden con los relatos de su viuda María Teresa Fontella Goulart y con los del capataz de la hacienda de Goulart en Corrientes donde falleció.

La orden de envenenamiento habría partido del comisario Sérgio Paranhos Fleury, con la autorización del entonces dictador brasileño Ernesto Geisel (1974-1979). Los motivos para su asesinato serían los contactos y estrategias que Goulart buscaba para reinstaurar la democracia de su país. Por haber dirigido un gobierno de izquierda, con estatizaciones, reforma agraria y mantener relaciones con Cuba y China, era considerado peligroso por el régimen brasileño y por su socio estratégico, Estados Unidos, que apoyó las dictaduras del Cono Sur.

Las reservas sobre la credibilidad de un sujeto que está preso, con un historial de varios delitos, y cuyas declaraciones parecen a veces desconectadas, parecen descartadas. El periodista uruguayo Roger Rodríguez, que ya entrevistó tres veces al ex agente, observa: “Él contó detalles de la dictadura uruguaya que sólo podría saber alguien que había intervenido y narró los pormenores de una «Operación Escorpión» que había implicado el seguimiento y asesinato de João Goulart”, cuenta Rodríguez. Esos detalles incluyen datos como el número de teléfono de Jango y detalles de reuniones familiares que son confirmados por João Vicente, citando incluso los nombres de los presentes.

Según Rodríguez, en las entrevistas Neira dio una serie de pistas que, a medida que iban siendo indagadas, confirmaban que él decía la verdad. “Hoy creo que, más allá de que Neira Barreiro busca un status político que impida su extradición a Uruguay, donde está implicado en varios delitos, mucho de lo que dice es cierto. Es necesario investigar a fondo para encontrar la verdad, toda la verdad”, dice sin dudar.