Por Carmen DE CARLOS para SudAméricaHoy (SAH)

En Chile, un artefacto explosivo colocado en un centro comercial del metro (subte para los argentinos) dejó esta semana un saldo de 14 heridos. Por fortuna, no hubo muertos pero la bomba, de fabricación casera, estaba colocada en un lugar donde pasan diariamente 150.000 personas.

Desde el 2005 Chile ha sufrido cerca de 200 atentados, sin víctimas mortales, en diferentes ciudades.Las autoridades atribuyen la ola de ataques a grupos anarquistas.

Esta semana, el Gobierno aceptó la colaboración del FBI para esclarecer quién está detrás de unos actos que han sembrado el miedo en la población y disparado las alarmas en un país poco acostumbrado, desde que recuperara la democracia en 1990, a convivir con la violencia.

La Presidenta, Michelle Bachelet, anunció que se aplicará la ley antiterrorista a los responsable cuando los hallen y prometió que su país seguirá siendo seguro.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet,a su salida de una clínica tras visitar a los heridos. Foto. Sebastián SILVA (Efe)

En Argentina, otra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, llegó a amenazar con aplicar la ley antiterrorista a las empresas que, como la imprenta estadounidense Donnelley, declaren la quiebra. También en este país, una juez federal, María Servini de Cubría, descubrió una secuencia de llamadas de “narcos” a la Casa Rosada. En la sede del Ejecutivo, desde la jefa del Estado hasta el ministro Oscar Parrilli, se hicieron los distraídos con el asunto como si éste fuera de poca importancia.

De los funcionarios –puestos por el Gobierno- procesados y de la investigación a otros como uno de los hermanos Zacarías, secretario privado de Cristina Fernández, la afectada (la jefa del Estado) no habla.

Cristina Fernández tampoco dice nada últimamente del vicepresidente y presidente del Senado, Amado Boudou, también procesado por hacer suya una de las imprentas (son dos) que imprime el papel moneda (siempre en funcionamiento) y apropiarse de un auto, con documentos y direcciones de domicilios falsas, durante el proceso de divorcio de su ex mujer (insólito pero llegó a negar que estaba casado).

Cristina Fernández, la mujer que desafía a los argentinos a elegir entre “patria o buitres” (por los fondos de inversión, a su vez socios del Estado en Ypf y el Banco Hipotecario, según denuncia de Jorge Lanata) se llevó un disgusto estos días. Otro juez Federal, Norberto Oyarbide, tendrá que rendir cuentas por intervenir en causas que no eran suyas para salvar a los ricos y poderosos (colecciona más de cuarenta pedidos de juicio político). Es el magistrado que dio carpetazo, entre otras muchas causas, a la de enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner.

En cuestión de dinero, un año más, las declaraciones del Gobierno argentino volvieron a demostrar que el poder es una máquina de fabricar ricos, ricos, ricos. En este sector, la viuda de Kirchner reina por mérito propios.

En Unasur los países miembros y el presidente Nicolás Maduro, bendijeron al frente de la Secretaría General a Ernesto Samper, también mudo estos días cuando le preguntaban por el cartel de Cali y la ayudita que recibió para ser elegido presidente. Su Administración en Colombia arranco con el escándalo de los Rodríguez Orejuela, como benefactores de su campaña –modelo siglo XX de las maletas de Antonini Wilson para la de Cristina Fernández- y pasó a la historia por el “Proceso 8.000”, el juicio del que salió absuelto por un único voto.

Nicolás Maduro, saluda a Ernesto Samper en Caracas en la asunción de la Secretaría General de Unasur

En Bolivia, a Evo Morales, no le preocupa su tercera elección consecutiva (sondeos anticipan que volverá a arrasar con cerca del 52 por ciento). Lo que le ha molestado recientemente es que los futuros profesores de educación física bolivianos parecen “compañeras que están esperando familia”. Dicho de una forma menos sutil, gordas embarazas.

Bolivia suele producir noticias pintorescas. La última la protagonizó la justicia indígena de la localidad de Porco, en Potosí, al condenar a una banda de ladrones de plata a hacer adobe para las escuelas. En otras ocasiones, la misma “justicia comunitaria” había dado luz verde a linchamientos.

En Sudamérica, estas cosas pasan. En otros países, suceden otras, diferentes.