Por Clara RIVEROS

Los acontecimientos de enero no han dejado indiferente al mundo, o al menos, a una parte de éste. Francia, Argentina y Ecuador dan mucho que pensar. Las libertades, los derechos y los pilares sobre los que se establece la democracia están amenazados. En América Latina, la indiferencia y la falta de solidaridad se amparan en la división ideológica, izquierda versus derecha, así se justifica el moldeable compromiso con la democracia y sus instituciones.

La degradación de una parte de la academia exige una profunda reflexión. No podrá ocultarse la responsabilidad en dirigir convenientes discusiones que alimentan teorías conspirativas de gobernantes autoritarios, reduciendo cualquier cuestionamiento sobre los métodos de éstos a un intento desestabilizador y golpista de la derecha. Ser un académico militante paga y paga muy bien, al parecer. Intelectuales le han servido al populismo sin el menor decoro, falsificando la historia, instalando y legitimando discursos. Ricardo Forster es un claro ejemplo de ello, pero no es el único, los hay muchos y muy variados en cada país de la región.

Ricardo Foster

En Francia perdieron la vida 11 caricaturistas en la redacción del semanario satírico Charlie Hebdo y otras personas fueron asesinadas en la calle. Hay quienes no han podido ver en ese, un atentado contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Incluso, hubo manifestaciones incomprensibles de académicos y de la izquierda, encaminadas a justificar lo ocurrido. Se dieron, también, las tibias expresiones de los gobiernos populistas que han dirigido sus esfuerzos para callar y estigmatizar a periodistas y medios en sus países. Asombró la cínica reacción de un alto funcionario ecuatoriano que asumió el “Je suis Charlie”, en un país donde los caricaturistas son hostigados por el régimen autoritario que gobierna.

El presidente Rafael Correa enfatizó su postura respecto a que la libertad de expresión debe tener límites y días más tarde, tomó las desafortunadas palabras del Papa quien también había señalado, entre otras cosas, que “no puede uno burlarse de la fe de los demás” y en ese sentido la libertad de expresión debe tener límites.

Mario Jursich Durán en la redacción

Es decir, académicos y sectores de izquierda; grupos religiosos y conservadores; y, gobiernos autoritarios, insisten en que debe limitarse la libertad de expresión. Haciendo la importante salvedad que por parte de grupos conservadores y religiosos hubo un fuerte rechazo a lo acaecido en Francia, cosa que no puede decirse de la izquierda y sus intelectuales. Muy oportuno resultó Mario Jursich, director de El Malpensante, quien señaló que: “sólo por tomar partido en esta discusión un número inmenso de personas está dispuesta a renunciar alegremente a conquistas que han costado siglos (…) ahora resulta que un buen número de los autoproclamados izquierdistas no sólo está de acuerdo con imponer nuevos límites a la libertad de expresión, sino que encima quiere someternos a los más férreos designios de la corrección política”.

Los límites a la libertad de expresión ya existen, son legales y hacerle el juego a posiciones reaccionarias solo llevará a la censura. No se trata, siquiera, de ser un asiduo lector de Charlie Hebdo, es que no hay razón alguna para hacer concesiones a lo inadmisible, ni de aceptar el autoritarismo revestido de corrección política, así se llega a leyes de comunicación como la ecuatoriana donde hay figuras legales con denominaciones sugestivas como “linchamiento mediático” que no tiene otro propósito que callar a periodistas y a medios que investiguen y denuncien los desvíos del poder y de sus funcionarios.

Ecuador ya es un referente por la vanidad de su presidente. Se sabe que para el mandatario preservar su honor es un asunto de Estado, prueba de ello fueron sus demandas en 2011 a El Universo, a sus directivos y a algunos periodistas incómodos que ofendieron la majestad presidencial, eso sí, demandó como ciudadano pero dispuso de todos los recursos del Estado que le otorgaba su investidura. No contento con la Ley de Comunicación que permite, a través del organismo de aplicación, asfixiar económicamente a los medios y obliga a la rectificación de contenidos, el presidente se vale de las cadenas nacionales y de sus programas semanales para insultar, estigmatizar y denostar a opositores, activistas y periodistas a quienes no ha dudado en llamar sicarios de tinta, como lo hizo con el caricaturista Bonil.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa y el jefe de Gabinete de Argentina, Jorge Capitanich en plena «ruptura» con la prensa

La intolerancia del mandatario lo llevó a tomar medidas comenzando 2015, que no se contemplaban en la Ley de Comunicación, anunció acciones dentro de una «guerra» comunicacional a la que llamó «la madre de todas las batallas» contra las personas que se burlen, critiquen o insulten al presidente y a la “Revolución Ciudadana” en redes sociales.

Es un asunto de “seguridad nacional” revelar la identidad de esas personas, para ver si “cuando salgan del anonimato siguen siendo tan jocosos y valientes”. Mediante una plataforma online, somosmas.ec, los tuiteros y críticos del gobierno en redes sociales son identificados con nombres, apellidos y fotografías, reciben múltiples insultos y amenazas por parte de militantes del correísmo. ¿Hay conciencia de la gravedad de esta situación promovida por el presidente? En 2014, el presidente se había referido de forma despectiva al periodista Emilio Palacio, habló de “caerle a patadas” y simpatizantes suyos llegaron a ofrecer 100 mil y 200 mil dólares vía Twitter, por la cabeza de Palacio. Los sicarios de tinta no son los que escriben o dibujan, los sicarios de tinta pueden ser aquellos que con su intolerancia y soberbia, desaten las reacciones violentas que pueden llevar a una situación trágica y con un desenlace fatal como ocurrió en la redacción de Charlie Hebdo.

Argentina, tras los recientes acontecimientos, lleva a cuestionar sí la justicia y el periodismo están al límite de sus posibilidades. La muerte del fiscal Alberto Nisman en extrañas circunstancias fue un hecho demoledor, un duro golpe a la institucionalidad del país que viene siendo desmantelada por el kirchnerismo. Pasados ocho días de la muerte del fiscal, la presidente, en cadena nacional, descalificó la denuncia de Nisman que la comprometía a ella, a funcionarios y militantes de su gobierno en un intento por lograr la impunidad para Irán en la causa que investiga el atentado terrorista a la AMIA. El esfuerzo del Gobierno por denigrar y desprestigiar al periodismo y a los medios ha sido constante, deliberado y sistemático, y hay que decirlo, ha llegado demasiado lejos.

Fernández de Kirchner, en su delirio conspirativo, elaboró una nueva trama para vincular a Clarín en los hechos acaecidos con el fiscal. Añadir a esto que el periodista Damián Pachter, que dio la primicia de la muerte de Nisman, debió abandonar el país por sentir que su vida corría peligro. El gobierno no solo difundió los datos del vuelo de Pachter a partir de la información suministrada por la estatizada Aerolíneas Argentinas, sino que justificó su proceder. 

La fortaleza institucional de cada país está llamada a frenar los desmanes del poder, pero cuando las instituciones han sido cooptadas por el Ejecutivo, el panorama es bastante desolador.

Las mayorías y el fervor popular han hecho su parte para llegar al actual estado de las cosas. Los mandatarios han mostrado su transversalidad, combinan métodos populistas para gobernar y les gusta autodenominarse “progresistas”, aunque no lo sean.

Esos progresistas de izquierda, permiten recordar los días más oscuros del no tan lejano gobierno de derecha de Álvaro Uribe en Colombia, que combinó métodos y acciones ilegales, mafiosas y criminales, por las que algunos funcionarios fueron investigados, procesados, otros se asilaron en el exterior y hay quienes permanecen prófugos. Uribe no pudo llevar a feliz término todos sus propósitos porque las instituciones se lo impidieron. En Argentina tampoco podrá cumplirse el “Cristina eterna”. Ecuador es tan frágil política e institucionalmente que Correa le dio vuelta al sistema político y podrá, si así lo quiere, gobernar indefinidamente. Nunca un presidente tuvo tanto poder en Ecuador.

Vivir bajo un gobierno populista y autoritario que se mueve entre lo legal y lo mafioso es agobiante, indistintamente de si es de derecha o se proclama de izquierda. Durante años escuchamos a estos gobernantes autoritarios, de izquierda progresista, justificarse y fustigar la larga noche neoliberal. Ha sido suficiente. Basta de ese “progresismo” con sus noches y sus días, se necesita Estado de Derecho.