Asunción, 14 jul (EFE).- La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado paraguayo estudiará el requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la destitución en un juicio político del expresidente Fernando Lugo, que fue trasladado este lunes al Congreso paraguayo por el canciller Eladio Loizaga.
«Lo que corresponde es que yo dé entrada (al documento) y se remita a la comisión de Asuntos Constitucionales. De ahí en adelante se evaluará si el Senado tendrá una posición con respecto a si es o no parte directa o parte indirecta» en el requerimiento, afirmó hoy el senador Mario Abdo, presidente del Senado y del Congreso paraguayo, según un comunicado de la Cámara Alta.
Explicó que, tras el estudio del documento de la CIDH, tanto la Cámara de Senadores como la de Diputados deben hacer de manera independiente su descargo con respecto al requerimiento.
Precisó además que todas las demandas contra el Estado paraguayo deben ser afrontadas a través de la Procuraduría General del Estado, según lo establecido en la Constitución.
Indicó por tanto que debería hacerse un trabajo coordinado entre el Congreso, que fue el que adoptó la decisión de la destitución de Lugo, y la Procuradoría, al tratarse de una demanda contra el Estado paraguayo.
En diciembre de 2012, seis meses después de su destitución, Lugo acudió a la CIDH para denunciar que el juicio parlamentario que terminó con su Gobierno violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa, por lo que ahora la Comisión ha requerido información al Estado paraguayo.
El Ejecutivo recibió la respuesta de la CIDH el pasado 26 de mayo, y la reenvió al Congreso el 7 de julio, mientras que este lunes el canciller Loizaga entregó al Parlamento el documento de la CIDH, que consta de 600 páginas.
La destitución de Lugo, presidente de Paraguay con el Frente Guasú entre 2008 y 2012, fue considerada «una alteración del orden democrático» por el Mercosur y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).
En su momento, la CIDH dijo que el juicio político a Lugo fue «altamente cuestionable», por la manera expedita en que se hizo.
Una masacre ocurrida en unas tierras en disputa entre una empresa sojera y campesinos de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, que dejó 11 labriegos y 6 policías muertos, impulsó el juicio parlamentario contra el presidente una semana más tarde.
Tras un proceso que duró menos de 48 horas, el exobispo fue sustituido por su vicepresidente, Federico Franco, del Partido Liberal, formación aliada con la que el Frente Guasú ganó las elecciones en 2008 terminando con 60 años de hegemonía del Partido Colorado.
En agosto de 2013, el empresario Horacio Cartes asumía su actual mandato tras ganar las elecciones presidenciales con el Partido Colorado y mantiene «un acuerdo de gobernabilidad» con los liberales, conocido como «pacto azulgrana».
La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con el objetivo de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.