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Discurso de Gabriel Boric
Lima, 22 jul (EFE).- El Juzgado Penal Colegiado de la Corte Suprema de Justicia de Perú inició hoy el juicio oral a los 14 acusados en el caso «Narcoindultos», abierto contra autoridades y funcionarios que participaron en los indultos a acusados por narcotráfico durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).
El fiscal Walter Delgado solicitó penas de entre tres y 17 años de prisión por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico en agravio del Estado y la sociedad.
Delgado demandó la máxima pena para el exfuncionario Facundo Chinguel por presidir la comisión de gracias presidenciales del Ministerio de Justicia, acusada de permitir los indultos.
El procurador anticorrupción, Joel Segura, pidió que los acusados paguen en forma solidaria una reparación civil ascendente a 100 millones de soles (unos 31,5 millones de dólares).
Los otros enjuiciados son la secretaria técnica de la comisión de gracias presidenciales, Noelia Gómez, y sus servidores Manuel Carrera, Dámaso Luyo, Freddy Vilela, Fabiola Ojeda y Jaime Acevedo.
También están acusados, entre otros, el exfuncionario José Marruffo y los exdelegados del penal de Lurigancho Carlos Butrón, Henry Cutipa y Rafael Agurto, además de la investigada Bernardina Niquén.
La audiencia se celebró en una sala del establecimiento penitenciario Ancón I, situado en el norte de Lima, y se trata del primer juicio de la Sala Penal Nacional bajo los parámetros del nuevo código procesal penal, que determinan una duración máxima del proceso de siete meses.
El juicio se realiza después de que una comisión del Congreso que investigó las denuncias de presuntas irregularidades cometidas durante el segundo Gobierno de García determinara el año pasado que entre 2006 y 2011 se otorgaron más de 3.000 conmutaciones de penas a narcotraficantes.
Además indicó que se conmutaron las penas de 1.628 condenados por delitos de robo agravado y 180 por hurto agravado.
La comisión recomendó denunciar penalmente a los funcionarios implicados en estos casos y acusar constitucionalmente a García por haber otorgado indultos y gracias presidenciales a condenados por tráfico de drogas.
Sin embargo, un tribunal ordenó la anulación de esa investigación legislativa con el argumento de que no se había respetado el debido proceso al expresidente, quien niega haber cometido alguna irregularidad durante la firma de los indultos ya que, según indica, solo se basaba en los informes de los expertos.