Santiago de Chile, 30 jul (EFE).- El Ejército de Chile confirmó este jueves que desvinculó de la institución a todo «personal a contrata» (con labores transitorias) involucrado en el caso de dos jóvenes que en 1986 fueron quemados por una patrulla de militares durante una protesta contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Un comunicado del Ejército difundido hoy detalla que «de acuerdo al criterio de administración de personal que se viene aplicando desde el año 2009, con esta fecha se ha resuelto desvincular de la institución al personal a contrata cuya resolución de sometimiento a proceso, en el día de hoy, se encuentra firme».
La decisión se refiere a la causa que investiga el ministro en visita (juez especial) Mario Carroza y que afecta a personal que mantiene una relación contractual con la institución.
«El Ejército de Chile reitera su compromiso de colaborar con la justicia, proporcionando lo requerido por los tribunales, en todo aquello que esté bajo su conocimiento y competencia», concluye la escueta misiva.
El juez Carroza procesó hoy a otros cinco exmilitares en el caso de los dos jóvenes que fueron rociados con bencina y luego quemados el 2 de julio de 1986.
Los cinco se suman a otros siete que fueron procesados el pasado viernes por el magistrado, quien dijo que todos los implicados están imputados por homicidio calificado consumado en el caso del fotógrafo Rodrigo Rojas De Negri y frustrado en el de Carmen Gloria Quintana, que sobrevivió a la agresión.
Los nuevos procesados son el exoficial Pedro Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla, Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco Rivas.
El juez especial explicó a los periodistas que los cuatro primeros quedarán en prisión preventiva, junto a los siete anteriores, mientras que Franco Rivas, un exrecluta que ha colaborado con la investigación, quedó sólo con arresto domiciliario nocturno.
Fernández Dittus, que era teniente en esa época, fue el único condenado en el primer juicio por el caso, a 600 días de prisión por homicidio involuntario, de los que sólo cumplió efectivamente 180.
La opinión pública siempre vio a Fernández Dittus como el principal responsable del ataque, pero según el exrecluta Fernando Guzmán, cuyo testimonio posibilitó la reapertura del caso, el verdadero culpable fue Julio Castañer, otro teniente que después llegó hasta el grado de coronel, mientras Fernández alcanzó sólo el de capitán.
El exrecluta (conscripto) Franco Rivas coincidió con Guzmán en señalar a Castañer como quien dio la orden de rociar con gasolina a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, que tenían 19 y 18 años, a quienes después prendió fuego con un encendedor mientras los insultaba.
Después los soldados llevaron a los jóvenes a las afueras de Santiago y los arrojaron a una zanja junto a un camino rural, de la que lograron salir unas horas después y pedir ayuda.
Rodrigo Rojas murió 96 horas después y Quintana logró sobrevivir a las quemaduras que le cubrían el 62 % del cuerpo.
Quintana se querelló este miércoles contra los nuevos involucrados en el ataque.
Junto a Castañer fueron procesados la semana pasada por el juez Carroza, Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Iván Figueroa, Nelson Medina Jorge Astengo y Sergio Hernández, los seis primeros como autores y el último, conductor del camión militar en el que se desplazaba la patrulla, como cómplice de los delitos.
Durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.