Buenos Aires, 2 ago (EFE).- Con el expresidente Carlos Menem entre los acusados, la Justicia argentina comienza esta semana a juzgar las irregularidades y los desvíos de la primera investigación por el atentado contra la mutualista judía AMIA, ocurrido en 1994.
El próximo 6 de agosto comenzará el proceso judicial que afecta a Menem, a exfiscales, espías y abogados, todos acusados de presunto intento de encubrimiento de los autores del atentado que dejó 85 muertos y centenares de heridos en la capital argentina.
Entre las irregularidades de la primera investigación se encuentra la «pérdida» de unas 60 cintas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a los presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los terroristas.
Por el inminente comienzo del juicio, el mes pasado la Justicia argentina le prohibió a Menem salir del país.
El juicio por encubrimiento es un proceso paralelo a la investigación por la responsabilidad del atentado, abierto por la Justicia tras considerar que el Estado y el juez que tuvo a su cargo la causa en un primer momento habían buscado «encontrar culpables a cualquier precio».
Bajo el gobierno de Menem (1989-1999), la causa había quedado bajo la responsabilidad del juez argentino Juan José Galeano, destituido en 2005 por «mal desempeño».
Aunque durante esos años se investigó a diplomáticos iraníes, los imputados por las supuestas conexiones locales del atentado fueron exculpados en 2004 por falta de pruebas.
La causa por el atentado tomó un nuevo impulso recién con la llegada al poder de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando se creó una comisión de investigación que quedó a cargo del fallecido fiscal Alberto Nisman.
En 2006, Nisman acusó a Irán de ser autor intelectual del atentado y a la agrupación Hizbulá de ejecutarlo.
Un año después, el fiscal también pidió la detención y procesamiento del expresidente Menem, del juez Galeano y del extitular de los servicios secretos Hugo Anzorreguy por presunto encubrimiento de la investigación.
Un cable filtrado por Wikileaks en 2011 mostró, además, que el Gobierno de Estados Unidos presionó a Nisman para que se alejara de las pesquisas en torno al Ejecutivo menemista y se enfocara hacia los presuntos autores iraníes del ataque.
La investigación sobre la conexión local se reabrió en 2009, por una orden de la Corte Suprema argentina bajo el primer gobierno de Cristina Fernández.
Cuatro años después, la polémica se reanudó tras la decisión de Fernández de firmar un memorándum de entendimiento con Irán, cuya constitucionalidad todavía no fue resuelta por la Justicia argentina.
El memorándum fue el principal objeto de la última denuncia de Nisman, quien fue encontrado muerto en su vivienda con un disparo en la cabeza, en circunstancias aún sin aclarar, el pasado 18 de enero.
Cuatro días antes de morir, había acusado a la presidenta argentina por presunto encubrimiento de los autores del atentado.
El fiscal sostenía en su denuncia, desestimada tras su muerte por la Justicia argentina, que Fernández había orquestado un supuesto plan para encubrir a los autores iraníes.
En ese escenario, el memorándum aparecía como la pieza clave para garantizar la presunta impunidad e impulsar un intercambio comercial entre los dos países, que nunca sucedió.
El atentado contra la AMIA fue el segundo atentado contra sedes judías en Argentina, después de que 29 personas murieran en 1992 al explotar una bomba frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires, un ataque también atribuido a Hizbulá.
Pese a los años de investigación, el Estado argentino ha sido incapaz de resolver el mayor ataque contra la comunidad judía perpetrado en el continente americano.