Brasilia, 6 ago (EFE).- La Cámara de Diputados de Brasil instaló hoy una comisión especial que investigará las actividades del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que en la última década financió con sumas multimillonarias a empresas implicadas en el escándalo de corrupción en Petrobras.
«El trabajo de esta comisión reflejará el resultado de todas las investigaciones» en torno a las irregularidades en Petrobras y a las empresas privadas involucradas, dijo el diputado Marcos Rotta, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y elegido para presidir ese grupo.
Los parlamentarios sospechan que las operaciones de crédito del BNDES con las compañías salpicadas por los escándalos en Petrobras pudieron haber sido consecuencia de la misma red de corrupción y tráfico de influencias que operó en la petrolera.
Según datos presentados hoy en la comisión, entre 2003 y 2014, cuando arreciaron las irregularidades en Petrobras, el BNDES otorgó créditos por 2.400 millones de reales (685,7 millones de dólares) a nueve de las empresas involucradas en la corrupción petrolera.
De acuerdo con sus balances, el BNDES contaba a fines de 2014 con activos por 877.300 millones de reales (unos 250.657 millones de dólares) y una cartera de créditos por 651.200 millones de reales (cerca de 186.057 millones de dólares).
La creación de esa comisión fue propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien pertenece al oficialista PMDB pero hace quince días anunció su decisión personal de pasar a la oposición.
Cunha es uno de los 49 políticos investigados por la corrupción en Petrobras, que además involucra a una veintena de empresas del sector privado, en su mayoría del sector de la construcción y que están entre las mayores compañías del país.
De acuerdo con la Policía, las empresas privadas implicadas en el asunto obtenían contratos amañados con Petrobras, luego inflaban los valores y repartían las diferencias entre directores de la estatal y los políticos que amparaban las corruptelas.
La comisión parlamentaria tiene 27 miembros y tendrá un plazo de tres meses para sus investigaciones, que supondrán una nueva tribuna para la oposición al Gobierno de Dilma Rousseff.
El diputado Rotta, al asumir la presidencia del grupo, garantizó hoy que su condición de diputado de la base oficialista no impedirá que las investigaciones «vayan al fondo de las cosas».
El trabajo de la comisión, según Rotta, estará dirigido a «que se le presten las debidas cuentas a la sociedad» y a «esclarecer todos los hechos», sin «proteger o perseguir a nadie» y con el objetivo de «llegar a la verdad».