Jesús Sanchis Moscardó
Quito, 6 ago (EFE).- Unos dos meses duran ya las protestas intermitentes que protagonizan sectores críticos al gobierno de Ecuador, cuyo presidente, Rafael Correa, las descalifica como parte de un «golpe blando» orquestado para derrocarle, mientras que sus impulsores las defienden como una expresión de «dignidad» popular.
Nunca en los ocho años que Correa lleva en el poder había tenido que afrontar un periodo tan largo de manifestaciones, menos aún encadenadas con un paro como el que se ha convocado para el 13 de agosto, que permitirá medir los apoyos de los que gozan tanto el oficialismo como la oposición.
En las protestas confluyen sectores políticos de oposición, grupos indígenas, gremios y organizaciones sindicales junto a miembros de colectivos como médicos, abogados y hasta periodistas, uno de los que mayores reproches ha recibido del presidente ecuatoriano.
Más allá de las reivindicaciones de estos grupos, que abarcan aspectos variopintos, como impuestos, seguridad social, gestión de recursos y enmiendas a la Constitución, amplios sectores de quienes protestan expresan una idea de rechazo al gobernante.
El grito de «fuera Correa, fuera», que se ha vuelto habitual en las manifestaciones, es una de las pocas reivindicaciones que tienen en común muchos de ellos, sean de izquierda o de derecha, sindicalistas, ambientalistas, indígenas o de otras extracciones sociales.
Correa argumenta que, según encuestas, cuenta con el agrado de cerca del 70 % de la población e ironiza con que, en todo caso, no fue elegido «para ser mister simpatía», sino «para cambiar el país», cosa que asegura que está haciendo.
Además, según él, los descontentos no son relevantes en número frente al gran respaldo que los ecuatorianos han dado hasta ahora en las urnas al Gobierno que lidera, por lo que al «fuera Correa, fuera» de sus detractores el mandatario responde, junto a sus partidarios, que «los del pasado, no volverán».
Se refiere a ellos como copartícipes de una estrategia de «golpe blando» y afirma que entre los descontentos están colectivos de la derecha más reaccionaria, que solo mira por sus intereses y que es hábil a la hora de instrumentalizar a una izquierda que siente nostalgia de las cuotas de poder que ha perdido con el actual gobierno.
Y junto a ellos, sostiene, están colectivos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) convocante de la huelga del 13 de agosto y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) organizadora de la «Marcha por la Dignidad», que estos días avanza rumbo a Quito.
Poco importa, según el mandatario, que los sectores impulsores de la marcha se desliguen de la derecha, como han explicado sus dirigentes, pues para el Gobernante todos tienen en común su deseo de hacer caer al Ejecutivo.
Y, según el jefe del Estado, para lograr sus objetivos estos grupos estarían dispuestos a emplear incluso métodos violentos, pero nunca cauces democráticos pues, en su opinión, no cuentan con el apoyo necesario de la sociedad que, en cambio, favorece al Gobierno.
Por eso, si de respaldo popular se trata, la jornada de paro del 13 de agosto ofrecerá datos esclarecedores sobre este choque de fuerzas y permitirá formarse una idea de si es el Gobierno o sus críticos quienes gozan de mayor apoyo en las calles.
La fecha será decisiva para saber si los ocho años de ejercicio del poder han desgastado a Correa o, como él mismo sostiene, los partidarios de la «Revolución Ciudadana», como se conoce a su proyecto político, son «más, muchísimos más».