Asunción, 25 ago (EFE).- Activistas de partidos y movimientos sociales protestaron hoy ante la Fiscalía de Paraguay, 24 horas antes de la reanudación del juicio contra los campesinos acusados por la masacre de Curuguaty, que dejó 11 labriegos y 6 policías muertos y provocó la destitución del presidente Fernando Lugo.
Un centenar de manifestantes cortó este martes el flujo en las calles aledañas a la sede del Ministerio Público de Asunción con pancartas en contra de fiscales y jueces que han sido señalados por la prensa local por casos de corrupción y que participarán del juicio que mañana se reanuda en el Palacio de Justicia de la capital paraguaya.
El proceso judicial por la masacre de Curuguaty involucra a doce adultos con la muerte de seis policías, ocurrida durante un violento desalojo en junio de 2012 de las tierras que unos campesinos habían ocupado para solicitar que formaran parte de la reforma agraria.
Además, hay otra acusada, menor de edad en el momento de los hechos, que será juzgada en noviembre a través del sistema penal adolescente.
La matanza, cuyo comienzo nunca ha sido esclarecido, desembocó una semana después en un juicio político al entonces presidente Fernando Lugo en el Parlamento, en el que fue destituido por mal desempeño de sus funciones.
Mientras que los campesinos son acusados de invasión de inmueble ajeno, tentativa de homicidio y asociación criminal, la Fiscalía no ha investigado ni imputado a nadie por la muerte de los once labriegos en el tiroteo.
«Es un sinsentido que se reinicie el juicio sin que se defina la titularidad de la tierra. No se puede juzgar a alguien por invadir una tierra cuya propiedad no se sabe si es del Estado o de la empresa», dijo a Efe Fabricio Arnella, un miembro de la plataforma Articulación por Curuguaty, que participó hoy en la protesta.
Arnella se refirió así a la titularidad del terreno donde se produjo la masacre, unas 2.000 hectáreas de tierras que se disputan desde hace una década el Estado paraguayo y la familia del fallecido Blas Riquelme, histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), un litigio sobre el que aún debe pronunciarse la Corte Suprema de Justicia.
El terreno es llamado Marina Kue, que significa «Tierras de la Marina» en idioma guaraní, debido a que la empresa La Industrial Paraguaya S.A. donó la propiedad al Estado paraguayo durante la dictadura, y la tierra se usó durante décadas como cuartel de la Marina, según la defensa de los campesinos.
Pero el Gobierno paraguayo nunca la inscribió en el registro catastral del país, según sostiene la empresa Campos Morombí, propiedad de los Riquelme, que usufructúan las tierras desde hace unos cinco años.
Los vecinos del lugar, dedicados a la agricultura de subsistencia, se oponen a este uso por parte de la empresa y reclaman que el terreno, al ser estatal, se entregue a las familias carentes de tierras de la zona.
«Pedimos que se busque sancionar a los verdaderos responsables de la masacre y se devuelva a los campesinos lo que les pertenece», dijo Arnella.
El juicio comenzó a finales del pasado julio, tres años después del suceso, tiempo en el que los acusados han estados presos en cárceles, han pasado por huelgas de hambre y ahora siguen detenidos en sus domicilios.
Uno de ellos, Rubén Villalba, permanece en prisión después de que el pasado mes de febrero fuera condenado a siete años de cárcel en relación con una causa de 2008.
El proceso contra los campesinos por la masacre se detuvo tras varios imprevistos: los labriegos solicitaron cambiar a sus abogados defensores y la nueva defensa recusó al tribunal, suspendiendo el juicio hasta que la semana pasada el Poder Judicial confirmó a los jueces integrantes.
El tribunal decidió reanudar mañana el juicio con una audiencia en el Palacio de Justicia de Asunción que comenzará a las 8.00 hora local (14.00 GMT).