Santiago de Chile, 26 ago (EFE).- Dos parlamentarios que visitaron «Punta Peuco», una prisión especial para violadores de derechos humanos situada a 35 kilómetros al norte de Santiago, denunciaron hoy que el Ejército habría donado habitáculos para que los detenidos gozaran de mayores comodidades.
Según difunde la página virtual de Radio Cooperativa, los diputados Sergio Aguiló (Independiente) y Daniel Núñez (Partido Comunista) visitaron el recinto penitenciario donde constataron que los reos cuentan con canchas de tenis, terrazas con quincho (barbacoa) para recibir a las visitas y nuevos habitáculos fabricados de contenedores.
Núñez, denunció que estos ‘módulos’ (habitáculos) corresponden a una donación del Ejército «lo cual me parece algo bastante irregular».
El legislador comunista explicó que «vimos una zona, que era un patio antiguo, donde se pusieron ‘containers’ y cuando preguntamos quién hizo esa donación, quién invirtió los recursos, nos dijeron que esos ‘módulos’ fueron donación del Ejército».
«Tengo mis serias dudas si son las familias o son las instituciones, lo cual me parece también algo grave que estén financiando los privilegios carcelarios que se les da a los detenidos por ser de su misma institución», añadió Núñez.
En tanto, la ministra de Justicia Javiera Blanco aseguró no tener información respecto al origen de los nuevos módulos (habitáculos).
«No tengo conocimiento de eso. Siempre lo que se hace es estar viendo los temas de habitabilidad y de tener la capacidad suficiente, pero eso también tiene un límite. Por eso la preocupación de hacer análisis de alternativas», aseveró.
Por otro lado, insistió que una eventual fecha de cierre del penal, tal como lo han solicitado en reiteradas oportunidades familias de las víctimas de la dictadura militar (1973-1990), es facultad exclusiva de la presidenta Michelle Bachelet.
La cárcel de Punta Peuco, es actualmente el único recinto penal del país que acoge exclusivamente a un centenar de violadores de los derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura de Pinochet.
Durante el régimen militar, según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.