Montevideo, 27 ago (EFE).- La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) de Uruguay rechazó hoy, durante un paro general de cuatro horas, el «chantaje» del Gobierno para que el sector suspenda la huelga prevista hasta el próximo lunes a cambio de derogar el decreto de esencialidad de la Educación.
«No existe la libertad sindical con el chantaje. Tenemos derecho a la movilización. Esta libertad sindical viene entendida tanto por normas nacionales como internacionales. (…) Vamos a negociar movilizados y movilizarnos negociando. Esta es nuestra definición», afirmó el presidente de Fenapes, José Olivera.
Sus declaraciones fueron vertidas a la prensa tras un acto de la central sindical uruguaya, PIT-CNT, que convocó un paro general de cuatro horas para esta mañana en contra del decreto de esencialidad de la Educación anunciado por el Gobierno el lunes pasado.
La ministra de Educación, María Julia Muñoz, comunicó la decisión del Ejecutivo de decretar en el sector educativo dicha esencialidad, que establece la obligatoriedad de concurrir al trabajo y supone una limitación del derecho de huelga.
De acuerdo con el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), está previsto que se declare servicio esencial aquel que involucra las condiciones necesarias para asegurar la vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o en parte de la población.
La idea del Gobierno es frenar los paros previstos por los gremios de la enseñanza, que reclaman, principalmente, un mayor incremento salarial.
Sin embargo, la medida provocó el rechazo y la reacción del PIT-CNT, que llevó a una multitud de uruguayos a la calle en el centro de Montevideo a protestar este jueves.
El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, recomendó a los docentes aceptar la propuesta del Gobierno de suspender los paros a cambio de la derogación de la esencialidad, aunque reconoció que la situación está «muy compleja».
Pero Abdala remarcó que dicho decreto es «una aberración».
Para Olivera, en el caso de que el Gobierno no retroceda y no reconozca su «error» en decretar la esencialidad y elija penalizarlos por desacato, tendría «que despedir a miles de trabajadores».
«Si (el Gobierno) está dispuesto a hacer eso, también suponemos que estará analizando el costo político que esto tiene», concluyó.
Desde el Ejecutivo no ha habido pronunciamiento hoy sobre el tema y existe la expectativa de que en el marco de las reuniones del Consejo Superior de Salarios Públicos se pueda encontrar una solución a lo largo del día.