Quito, 1 sep (EFE).- Unos 25 indígenas de la localidad de Saraguro, en el sur de Ecuador, que el pasado 17 de agosto fueron detenidos por protagonizar protestas contra el Gobierno, fueron liberados hoy, luego de que ayer en la noche un tribunal sustituyera la prisión a la que estaban sometidos por otras medidas legales.
De un total de 26 detenidos en las protestas de Saraguro, uno solo continuará en prisión hasta que se aclaren ciertos aspectos con sus documentos de identificación, indicó uno de los abogados y dirigente indígena Carlos Pérez.
Entre las «medidas sustitutivas» ordenadas por el tribunal que siguió la causa consta la prohibición de salida del país, así como que algunos de los liberados deban presentarse entre una y dos veces por semana ante la Fiscalía.
De su lado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) saludó la liberación de los 25 hombres y mujeres indígenas y recordó que el juez de Garantías Penales de Loja, Alex Torres, dictó las «medidas sustitutivas» en favor de ellos y que lo hará con el otro comunero apresado cuando concluya un proceso de revisión de sus documentos.
La Conaie, en un comunicado publicado en su portal web, aseguró que durante las protestas efectuadas el mes pasado en varias regiones del país se reportaron 132 detenciones, algunos fueron liberados, 104 sometidos a procesos y que, hasta la semana pasada, 61 tenían «prisión preventiva», con fines de investigación.
Con la liberación de los detenidos en Saraguro, aún quedan 36 presos a nivel nacional y continúan los procesos contra otros 104 manifestantes, añadió la organización indígena,
«Como Conaie exigimos la libertad para todos» y «el archivo de todos los procesos legales que recaen en los dirigentes y líderes enjuiciados por ejercer el derecho a la resistencia», señaló.
«Ratificamos que nuestras exigencias son legítimas y permaneceremos en unidad con los trabajadores, campesinos, estudiantes, jubilados y otros sectores sociales del campo y la ciudad hasta conseguir que nuestra plataforma de lucha sea tomada en cuenta por el Gobierno ecuatoriano», agregó la Conaie.
«Rechazamos de forma categórica la criminalización de la resistencia y la protesta social», añadió la Conaie al asegurar que «las cárceles no callarán nuestras voces».
La Conaie, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT, la mayor central obrera del país) y otras organizaciones sociales convocaron a protestas el mes pasado en demanda de rectificaciones al Gobierno del presidente, Rafael Correa.
El reclamo más importante de esos grupos es el archivo de un paquete de enmiendas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo que, entre otras cosas, permiten la reelección presidencial indefinida.
Asimismo, exigen la derogación o archivo de normativas que, según los manifestantes, afectan al sector laboral, a los indígenas, campesinos y a la población en general, como las leyes de Agua, Tierra, unos decretos calificados por ellos como «antiobreros» y un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), entre otras.
De su lado, Correa ha criticado la violencia de los manifestantes en varias de las protestas efectuadas contra su Gobierno, que dejaron también más de un centenar de policías heridos.
«Claudicar ante eso sería retroceder décadas al país», aseguró recientemente el mandatario al rechazar lo que llamó «secuestro» de un policía por parte de los manifestantes en la zona de Saraguro.
Correa ha expresado insistentemente que su Gobierno ha sido el que más ha hecho en favor de los indígenas y obreros en toda la historia reciente del país y ha minimizado las protestas en su contra la considerar que las bases de esos movimientos apoyan su gestión.
La Conaie, el FUT y otras organizaciones sociales han anunciado nuevas protestas contra el Gobierno para mediados de septiembre, mientras el oficialismo prepara también concentraciones para «defender la democracia» ante los supuestos planes desestabilizadores de la oposición.